El PRI y el gobierno defeños cedieron ante la terca realidad: aceptaron que los ambulantes utilicen las calles del Centro Histórico durante este fin de año. La presión de miles de ellos y los riesgos políticos de una posición intransigente en vísperas de las elecciones de 1997, los hicieron dejar de lado sus reglamentos, sus compromisos con los duros del ``comercio formal'' y su ideología modernizante. Así, varios miles de trabajadores desempleados y empobrecidos podrán mejorar transitoriamente sus ingresos ... y algunos ``líderes'', fayuqueros y distribuidores, aumentar su riqueza.

Pero esta ``solución'' temporal y de última hora vino acompañada de las limitaciones y corruptelas características de nuestra gestión urbana: cobro de ``aguinaldos'' espureos por parte de los Inspectores de Vía Pública; elevadas cuotas ilegales de los ``líderes'' para obtener un permiso; otorgamiento de permiso a sólo un tercio de los solicitantes; mantenimiento de relaciones corporativas privilegiadas entre gobierno y asociaciones de ambulantes; tenso ambiente de conflicto en las calles por la ausencia de claridad de la medida; y establecimiento de un derecho o impuesto a partir de 1997 (La Jornada, 14 y 15-XII-1996).

El Centro Histórico y muchos otros lugares de la ciudad mostrarán el rostro de la crisis del capitalismo mexicano y del fracaso del neoliberalismo salvaje para garantizar empleo estable y bien remunerado a sus habitantes, tanto por las decenas de miles de vendedores callejeros, como por los millones de empobrecidos compradores que corren el riesgo de comprar mercancías dudosas, por no poder acceder al comercio ``formal'', mucho más oneroso.

El plazo de un mes dado al Departamento del Distrito Federal para presentar un Plan de Reordenamiento no parece añadir nada significativo a la problemática; podría ser otra propuesta más para sumar a las muchas hechas en el pasado y que no lograron su objetivo; y la celebración de un Foro de Consulta Popular sobre el tema, si no supera las restricciones, la falta de representatividad y capacidad decisoria que los caracterizan, será otro acto de legitimación formal de lo que en otros ámbitos se decida.

Hasta ahora han fracasado los programas de confinamiento en plazas o mercados, porque no corresponden a la naturaleza de esta actividad de subsistencia. Los reglamentos de prohibición, que no tienen en cuenta la realidad de la crisis económica y social, han sido letra muerta. El intento fiscalista de cobrar impuestos y derechos a los ambulantes ha demostrado su inaplicabilidad ya que ignora la situación económica de los que ejercen la actividad y las razones por las que optan por esta forma de sobrevivencia. La represión policiaca se estrella contra la necesidad imperiosa de los vendedores callejeros que están dispuestos a soportarla y resistirla.

Compartimos la necesidad de buscar soluciones a este problema social y urbano, pero discrepamos de los caminos seguidos hasta ahora.

El problema es estructural, económico y social, no simplemente de regulación urbana; de poco sirven planes de reordenamiento, mientras la economía real y la política económica no garanticen empleo estable y salarios justos y adecuados a la vida digna a todos los mexicanos y, en particular, a los habitantes de la metrópoli. Las propuestas tendrán que ser para toda la ciudad y no sólo para la parte administrativamente delimitada por el Distrito Federal, porque no hay barreras reales a la movilidad de la fuerza de trabajo desempleada y pauperizada entre una parte y otra.

Es necesario erradicar los problemas derivados del desgastado régimen político nacional y capitalino: corrupción de los encargados de garantizar el cumplimiento de las normas; control corporativo de las organizaciones de vendedores por el partido gobernante y su uso como masa de votantes cautivos; discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y asignación de lugares, sin atender a derechos y obligaciones igualitarias y conocidas; y libertad a los ``líderes'' para cobrar cuotas ilegales, al amparo de sus relaciones privilegiadas con el gobierno.

Más que en programas puntuales de emergencia, creemos en proyectos económicos, sociales y políticos integrales para la ciudad; esperamos que los partidos políticos y sus candidatos los presenten en 1997.