No aplicar la enmienda en delitos de lesa humanidad, insisten ONG

Juan Balboa, enviado, Guatemala, 17 de diciembre El posible perdón a las fuerzas de seguridad del Estado que participaron en los delitos de lesa humanidad contra la población durante 36 años de conflicto armado, impidió hoy acuerdos sustanciales en el Congreso para modificar tres de los 12 artículos de la Ley de Reconciliación Nacional, y lograr así la aprobación ``unánime e histórica'' de la iniciativa que habrá de legalizar la reinserción de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a la vida civil.

El rechazo del gobierno del presidente Alvaro Arzú y del oficialista Partido de Avanzada Nacional (PAN) de aprobar modificaciones al texto original de la ley, y su oposición a no incluir figuras jurídicas que castiguen con severidad a los autores de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etnocidio y genocidio, distanciaron aún más a las bancadas del PAN y el izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala.

Los artículos quinto y octavo de la Ley de Reconciliación Nacional, último eslabón constitucional para la reinserción de los guerrilleros a la vida política y social del país, se han convertido en dos de los principales temas que han ocasionado divergencias entre los grupos políticos y los únicos que no logrará el consenso de la sociedad guatemalteca, previo a la firma de paz definitiva el próximo 29 de diciembre.

Las dos primeras lecturas de la iniciativa de ley presidencial han provocado enfrentamientos verbales y gritos de familiares de guatemaltecos que fueron asesinados o desparecidos durante más de tres décadas de conflicto bélico, cuyo saldo fue de alrededor de 150 mil muertos.

El congresista Pablo Duarte, hijo de un militar retirado y uno de los principales dirigentes del partido derechista Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el general y ex dictador Efraín Ríos Montt, se convirtió en uno de los principales defensores de la Ley de Reconciliación Nacional y un eterno opositor de la Alianza Contra la Impunidad (ACI) de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, a la que ataca en forma virulenta y constante.

``Debemos dejar de invocar sobre cuántos galones de sangre tengo a mi lado para abanderarme como el que más derecho tiene a hablar de violaciones a los derechos humanos'', dijo en la sesión extraordinaria del Parlamento, en alusión a las personas de la ACI, que exigen la no aprobación de la ``ley de amnistía general disfrazada'', y evitar que hombres como el ex presidente Rios Montt queden sin ser llevados a un tribunal.

La legisladora Anabella de León ha sido la portadora de la voz del PAN, el partido del presidente Alvaro Arzú, dentro del recinto.

Tanto Anabella de León como el presidente del Congreso de la República, Carlos García Regás, rechazan que la Ley de Reconciliación Nacional sea una ``amnistía general'' y defendieron la iniciativa presidencial, pues consideran que ayudará a la reconciliación.

La ACI, apoyada por dos organizaciones políticas con representación en el Congreso --el Frente Democrático Nueva Guatemala y la Unión del Centro Nacional-- presentó una contrapropuesta a los artículos quinto y octavo. Las enmiendas presentadas retoman el espíritu de la no aplicabilidad de una amnistía que incluya los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala.

``La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los autores de delitos contra la vida, integridad, seguridad y la libertad de las personas, así como el de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención ilegal; ni los delitos contemplados en los artículos 376, 377 y 378 del Código Penal...'', señala la propuesta no aceptada en la segunda lectura de una Ley que deberá ser aprobada este miércoles por los 80 legisladores, 42 del oficialista PAN.

Por otra parte, el Congreso de Guatemala tramitó la solicitud de antejuicio promovido en contra del presidente Alvaro Arzú, por las orden que giró para que se canjeara a la señora Olga Alvarado de Novella por el comandante insurgente Rafael Baldizón Núñez.

La señora de Novella fue secuestrada por un grupo de guerrilleros de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), acción que obligó al comandante general de dicha organización, Rodrigo Asturias, a dejar la mesa de negociación unos días antes de que comenzara la firma de paz en países europeos.

Los legisladores del PAN desestimaron que la solicitud de antejuicio proceda, al considerar que el mandatario actuó con apego a las leyes, frente a críticas de sectores opositores.