No son nuevas las sospechas en torno a la fortuna de Dante Delgado Rannauro, ex gobernador interino de Veracruz, ex representante presidencial en Chiapas, ex secretario de Organización del PRI y en días recientes impulsor de una agrupación política al margen del partido oficial. Desde su gestión al frente del Ejecutivo veracruzano, la oposición realizó reiteradas denuncias sobre lo que parecía un caso patente de enriquecimiento inexplicable y sobre los poco claros manejos de fondos y contratos estatales, por más que en esos años -de 1988 a 1992- ninguna institución de procuración de justicia investigó nada.

Sin embargo, fue hasta noviembre de 1993 cuando la Contraloría veracruzana acusó de peculado a Delgado Rannauro -juicio por el cual se le encarceló el pasado martes-. Las irregularidades investigadas por la Secodam, base para que el gobierno federal inhabilitara al ex gobernador para ejercer cargos públicos, son incluso posteriores: van de 1994 al presente año.

Sin duda los elementos de juicio ameritaban, en uno y otro casos, las acciones emprendidas contra el político veracruzano, y cabe esperar que su culpabilidad o su inocencia se determinen en un proceso apegado a derecho. Pero el episodio arroja dos aspectos por demás preocupantes: por una parte, que hayan sido necesarios varios años para que las instancias federales y estatales se decidieran a ejercer acciones penales y administrativas en un caso en el cual existían sobradas presunciones para hacerlo. Por la otra, la coincidencia temporal entre ambas y el momento escogido para hacerlas efectivas parece indicar, en el mejor de los casos, una grave torpeza política, y en el peor, una venganza del sistema en contra del ex gobernador por su reciente defección del Partido Revolucionario Institucional.

En efecto, no será fácil para las autoridades federales y estatales convencer a la opinión pública de que las acciones contra Dante Delgado son ajenas a la decisión de éste de abandonar el PRI y conformar una agrupación política independiente, máxime si se considera la improbabilidad de que la procuraduría veracruzana y la Secodam hubiesen actuado, por coincidencia, el mismo día. Por ello, y aunque la determinación de actuar contra el político veracruzano sea en sí misma correcta, la credibilidad de las instituciones sufre un nuevo golpe, pues queda la sospecha de que hayan sido usadas como instrumento de algo que parece, más que impartición de justicia, ajuste de cuentas o persecución política