Te acuso recibo de la documentación que me enviaste: el acuerdo entre el gobierno federal y el EZLN, suscrito en San Andrés, Chiapas, el 16 de febrero de 1996 y el Anteproyecto de Iniciativa de Modificaciones de Diversos Artículos Constitucionales formulado por la Cocopa que, según se me informa, el presidente Zedillo ha pedido quince días para estudiar y consultar, plazo que está corriendo.

Como te ofrecí trataré de darte mi opinión, aunque debo aclararte que no puedo emitirla con ``imparcialidad'' pues tengo el honor de ser asesor del EZLN y simpatizador declarado de su lucha, por lo que mi punto de vista estará influido por el cumplimiento de tal función y por el deseo de encontrar un camino que conduzca a la verdad y, mediante ella, a una paz en Chiapas y en todo el país, objetivamente con justicia y con dignidad.

Como te lo hice saber, considero equivocado el camino de acudir al Presidente para mover una reforma constitucional, pues dicho funcionario ni es miembro del Congreso Constituyente permanente, ni tiene facultad para hacerle proposiciones, ni derecho de voto u opinión. En cambio ustedes, los miembros de la Cocopa, como integrantes del Poder Legislativo Federal, sí pueden proponer la reunión de ese Congreso previsto por el artículo 135 constitucional y presentar proposiciones de reformas al texto constitucional.

Entiendo, aunque no comparto, las razones políticas para solicitar la conformidad presidencial, pero ella no puede convertirse en condición ni para seguir una línea de reforma constitucional y menos para privar de obligatoriedad a los Acuerdos de San Andrés que, según tengo entendido, fueron aprobados por los representantes de las partes, gobierno federal y EZLN.

Lo que no alcanzo a entender es cómo después de varios meses de discusión y diálogo entre las partes, el jefe del Ejecutivo solicita un plazo de quince días para consultar sobre la propuesta formulada por ustedes, como expresión de los acuerdos a que se llegó. Espero que ese sorprendente plazo no sea una maniobra dilatoria más en perjuicio de una solución ya urgente.

En cuanto al fondo, me parece que toda la discusión que las partes sostuvieron durante meses, arrojó amplia luz y resulta extemporánea o mal intencionada la petición de un plazo adicional para reexaminar cuestiones ya estudiadas y que el Presidente debiera conocer.

Por mi parte, me permito remitirte a todas las razones esgrimidas por los representantes del EZLN y a las enjundiosas que ha estado publicando la prensa de estos días, suscritas por personas de primera línea. Por supuesto que no podemos negar el derecho del presidente Zedillo a desautorizar a sus representantes en el diálogo y a tratar de reabrir un debate que se cerró con el acuerdo de las partes. Pero los abogados sabemos que una vez cerrado el litigio y dictada sentencia o formulado un acuerdo, lo que procede es cumplir aquélla o ejecutar éste. Por la misma razón creo que, en este caso, se debe dar por concluido el ya prolongado debate, y las partes, con el pleno apoyo de todos los intermediarios, colaboradores y asesores, deben proceder a su cumplimiento puntual, a los Acuerdos de San Andrés, empezando a elevarlos, por la única vía procedente, al nivel constitucional previsto.

Como la materia de esta carta no constituye una cuestión privada y nunca he simpatizado con ``las discreciones palaciegas'' que ocultan o disimulan la realidad al pueblo, me permitiré hacer pública esta misiva, a menos que tú me des alguna razón válida para no hacerlo.

Con el deseo ferviente de que pronto el presidente Zedillo acepte, como lo ha hecho el EZLN, cumplir el compromiso contraído, te envió un cordial saludo.