Durante estos días de festejos decembrinos, nuestros representantes de la Asamblea del DF tendrán, como es ya una costumbre legislativa, sus trabajos forzados. Entre otros asuntos, aprobarán al vapor por lo menos algunos de los programas delegacionales producto de las consultas públicas iniciadas en agosto. Es muy seguro que la mayoría automática decida, ante el temor del proceso electoral de 1997, no aprobar un periodo extraordinario de sesiones, de tal manera que permitiera un análisis y un debate más profundo sobre el futuro urbano de la capital del país.

De aprobarse la nueva propuesta, integrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) con base en las opiniones vecinales de dicha consulta, se corre el riesgo de multiplicar los conflictos sociales derivados del encuentro de intereses entre los ciudadanos y los grandes proyectos inmobiliarios promovidos por el gobierno.

De no tener tanta prisa, varias incongruencias podrían salvarse con el propósito de conformar espacios más democráticos en la construcción de un proyecto de ciudad más viable y menos confrontado socialmente. Los programas parciales son parte de un programa general elaborado en términos muy conceptuales que adolece de lineamientos específicos sobre obras y proyectos de impactos generales, es decir, que rebasan los límites delegacionales.

No está suficientemente claro si el Tren Elevado, los dobles pisos sobre el Periférico, la carretera La Venta-Colegio Militar y hasta los estacionamientos subtérraneos forman parte del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, pues algunos sólo se mencionan de manera conceptual y otros de plano se omiten. Si en realidad son parte del programa general, ¿por qué no aparecen en todos en los programas delegacionales por aprobarse? Existe aquí una primera incongruencia que sería conveniente resolver, antes de aprobarse normas sobre los usos del suelo que podrían resultar contraproducentes.

La aparición de otros proyectos urbanos de impactos igualmente regionales tampoco han sido incluidos clara y transparentemente en los programas delegacionales por aprobarse. Señalemos algunos, como los clubes de golf en Xochimilco, los automovilísticos en Tlalpan o el proyecto denominado Operación Desierto, en Cuajimalpa. Independientemente de la existencia de otros más, sería altamente riesgoso su aprobación vía la normatividad de los usos de suelo incluidos en dichos programas delegacionales. Ello sólo aumentaría los enfrentamientos entre los grupos de vecinos opositores y los promotores inmobiliarios.

Una función responsable de nuestros legisladores la entendemos contribuyente a solucionar problemas, atenuar conflictos y encontrar diálogos de entendimiento para un mejor desarrollo urbano en la ciudad. La aprobación de los programas delegacionales camina en sentido contrario y, lo peor, resultará de corto alcance ante los nuevos escenarios de la elección del jefe de gobierno capitalino.

De nada serviría aprobar normas particulares que forman parte de una visión parcial, la del PRI, si en poco tiempo otras fuerzas políticas las cuestionarán y seguramente las desaprobarán.

No hay, por tanto, prisa alguna. Conviene esperar las aperturas democráticas de 1997, elaborar un Plan Urbano General del DF consensado con todas las fuerzas políticas que conformarán el gobierno capitalino. La propuesta política actual no es viable para los tiempos que se avecinan. Sólo un Plan Urbano General producto de la reflexión y el debate colectivo, que integre y no elimine las propuestas vecinales, podrá tener viabilidad política. Terminemos de una vez por todas, en estos tiempos de extinción del centralismo, con las exclusiones. Demos paso a eliminar la confrontación social para sumar los valiosos esfuerzos organizativos que permitan construir colectivamente nuestra ciudad.