Prevén regular la prostitución vía zonas especiales y controles de salud

Alonso Urrutia Erradicar el lenocinio, definir zonas especiales para ejercer el sexoservicio y fijar mayores controles de salud son los ejes centrales sobre los que se prepara el proyecto de ley que regulará la prostitución en el Distrito Federal y que elaboran comisiones unidas de la Asamblea de Representantes. En las discusiones el PRD propone incluso incorporar al régimen fiscal a quienes ejercen la prostitución.

El diagnóstico señala que aun cuando en la ciudad de México siempre han existido áreas donde se ejerce la prostitución en forma de zonas toleradas, o bien establecidas mediante la negociación entre sexoservidores y autoridades delegacionales y policiacas, no existe un censo preciso sobre las personas que ejercen el oficio.

En la discusión que se sostiene en comisiones el presidente de la de Seguridad Pública, Pedro Peñaloza, presentó un proyecto para crear un instituto responsable de la supervisión y control del sexoservicio, al que se define como ``actividad económica, tolerada por la sociedad y regulada por el Estado''.

Explica que el objetivo de la actividad es ``proporcionar placer sexual a un ser humano, hombre o mujer mayor de edad que lo solicita, de manera conciente, mediante acto de comercio previamente acordado''. En tal sentido, sostiene Peñaloza, es factible incorporar ésta al régimen fiscal.

Plantea además la creación de un fondo --conformado con cuotas de los sexoservidores-- para mejorar los programas de salud y de apoyo sicológico en beneficio de quienes ejercen el oficio.

En un documento Martha de la Lama, vicepresidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señala que el fenómeno requiere un tratamiento global que se base en el análisis profundo del comportamiento social de clientes y prostitutas.

Integrantes de las comisiones de Seguridad Pública, Salud y Administración Pública coinciden en que el único control indirecto que existe es el reglamento guberna- tivo de Justicia Cívica, que no sanciona en estricto sentido a la prostitución sino la alteración del orden público.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 8/94 para evitar los excesos de corporaciones policiacas y juzgados cívicos contra los sexoservidores, y sugirió la elaboración de censos y un programa integral no impositivo que permitan garantizar los derechos de quienes ejercen la prostitución, así como un mayor control sanitario.

De la Lama subraya el mejoramiento del control de enfermedades trasmisibles, entre ellas el sida, como punto coyuntural para regular la prostitución. Para ello sugiere un censo que permita aplicar controles sanitarios.

También propone que la legislación considere garantías plenas a los derechos humanos de los sexoservidores y opciones para desalentar la prostitución previendo alternativas de empleo a quienes determinen abandonar la actividad.

El anteproyecto de Peñaloza menciona que el instituto responsable de la supervisión estaría obligado a efectuar exámenes médicos a los trabajadores del sexo y a entregarles cédulas de sanidad; evaluar mensualmente la actividad; verificar regularmente que ésta se realice conforme a la ley; impulsar programas de capacitación. y proporcionar asesoría jurídica y asistencia psicológica a los sexoservidores.

En los proyectos de PRI y PRD y en las propuestas del PAN hay coincidencias en la necesidad de definir derechos y obligaciones de sexoservidores y clientes.

El PRD define como derechos: disponer del cuerpo libremente, no ser explotado por terceras personas como producto de la actividad, ser admitido en el instituto de supevisión, el anonimato en los trámites oficiales, obtener gratuitamente la cédula sanitaria, libertad de asociación y posibilidad de denunciar agresiones. Como obligaciones destacan la inscripción en el padrón de trabajadores del sexo, portar cédula de identidad y someterse a exámenes médicos en el instituto.

Figuran entre los derechos del cliente poder solicitar la cédula de sanidad, que el lugar donde se realice la práctica del sexoservicio sea higiénico y elegir libremente al sexoservidor. Como obligaciones sobresale la garantía de cumplir el pago correspondiente por el servicio

Alberto Nájar Para las sexoservidoras de La Merced reglamentar la prostitución resultaría inútil porque no las libera de las extorsiones que padecen. Por el contrario, entre ellas el sentimiento que prevalece es que les resultará perjudicial.

En tanto, el coordinador de la Brigada Callejera, Jaime Montejo, advirtió que si se deja al Departamento del Distrito Federal (DDF) el control del sexoservicio, lo único que sucederá es que ``el gobierno capitalino será el mayor lenón''.

El tema de la reglamentación de su actividad no pareció tomar por sorpresa a las prostitutas, quienes en términos generales manifestaron un sentimiento unánime: indiferencia. Marla, quien trabaja en la calle Corregidora, afirmó de plano que la intención es ``pasarnos a ch...'', y como muestra denunció las irregularidades que padece con la tarjeta sanitaria que supuestamente es gratis y por la cual debe pagar 30 pesos.

``Que hagan lo que quieran, de todos modos las cosas no van a mejorar'', se quejó. De acuerdo con su compañera Luciana, ``lo que quieren es que paguemos impuestos, y eso no se va a poder. De por sí apenas alcanza con todo lo que nos sacan'', dijo en referencia a las cuotas diarias que paga a su representante, a los policías y a los inspectores de la delegación Cuauhtémoc, así como al dinero que entrega a su viejo.

Para Roberta, que trabaja en avenida Circunvalación, reglamentar la prostitución es sinónimo de desalojo. ``Ya con eso van a tener más pretextos para encerrarnos; apenas nos habían dejado en paz un tiempo''.

--Pero tendrían derechos como otros trabajadores...

--¿Y de qué sirven, si no se los respetan ni a los que trabajan en las fábricas?

Para Jaime Montejo, cualquier intento de reglamentación debe consultarse con los ciudadanos, bajo la premisa de que se respeten en todo momento los derechos humanos de los sexoservidores.

``La propuesta idónea es dejar en completa libertad el ejercicio de la sexualidad, que cada quien con conocimiento de causa haga de su cuerpo lo que le plazca''. Afirmó que es peligroso dejar en manos de las autoridades el control del sexoservicio, ni siquiera a través de institutos u organismos de cualquier tipo.

``Si se filtra la corrupción --lo cual es muy probable-- las cosas se van a poner peor, porque no se puede ser juez y parte, reglamentar, controlar y castigar''.

A pesar de que se encuentra sólo en planes, la ley para regular la prostitución ya causa problemas. Lupe, una de las representantes de Sexoservidoras Independientes, denunció que el grupo Humanos del Mundo contra el Sida difunde entre las mujeres la versión de que una vez publicado el reglamento, solamente se permitirá trabajar a las que se encuentren afiliadas a esa organización.

Según Angélica La Maratonista, una de las lideresas de Humanos recorre los puntos independientes para divulgar la versión, así como la advertencia de que ellos tienen contactos ``con el licenciado de la delegación, Humberto Mares Navarro'', actual subdelegado de Desarrollo Social en Venustiano Carranza