Mario Ruiz y Pablo Chapa, conductores de un proceso plagado de irregularidades

Juan Manuel Venegas De los trece acusados por Mario Ruiz Massieu de haber participado en el homicidio de su hermano José Francisco, nueve han quedado en libertad, y del expediente que analizaron los magistrados federales que los absolvieron se desprenden ``severas irregularidades'' en la integración de las averiguaciones previas correspondientes.

El caso Ruiz Massieu --cuya investigación ha estado a cargo de un subprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu, y de un subprocurador especial, Pablo Chapa Bezanilla-, según las sentencias y las pos- teriores revocaciones, arroja, entre esas irregularidades, graves violaciones a los derechos humanos de los inculpados.

María Eugenia Ramírez Arauz, absuelta hace dos días por el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario, ha denunciado que durante los interrogatorios a que fue sometida en la Policía Judicial Federal fue víctima de violación tumultuaria, amenazas de muerte y tortura psicológica. Había sido condenada a 37 años de prisión y, de octubre de 1994 a abril de 1995, fue recluida en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Otros detenidos, como Irving Anthony Dorrego Cirerol y Roberto Angel Ramírez Arauz, también denunciaron en su apelación haber sido sujetos de torturas, amenazas de muerte y, además, obligados a firmar declaraciones previamente elaboradas.

Pero todo hace indicar que las irregularidades no sólo ocurrieron durante la gestión del subprocurador Mario Ruiz Massieu sino que, según ha trascendido en fuentes oficiales, a lo largo de las investigaciones del fiscal Pablo Chapa Bezanilla, también sucedieron hechos que transgredieron la impartición y aplicación de la justicia.

De Chapa Bezanilla, el expediente que se revisa indica que incurrió en el ofrecimiento de componendas a uno de los acusados de ser coautor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu: Fernando Rodríguez González, a quien habría ofrecido dinero, descongelado de sus cuentas bancarias y prometido -como lo hizo- sacarlo, junto con su compañera María Eugenia Ramírez Arauz, del penal de Almoloya.

Con lo anterior, del largo expediente que se abrió el 28 de septiembre de 1994, cuando fue asesinado el secretario general del PRI, se desprenden las severas irregularides, calificadas por los magistrados como: violaciones, torturas, intimidaciones, ocultamiento de información, favores y componendas a testigos, libertad a presuntos torturadores, fabricación de declaraciones... Todo en el marco de la actuación de un subprocurador general de la República (Mario Ruiz Massieu) y un subprocurador especial (Pablo Chapa Bezanilla).

Finalmente, sobre las recientes absoluciones de Roberto Angel y María Eugenia Ramírez Arauz, Jesús Sánchez y José Pascual Alvarez, decretadas el jueves por el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario, la Procuraduría General de la República emitió anoche un comunicado en el que precisa que se trata de resoluciones definitivas.

A pesar de que su comunicado se limita a reseñar las etapas de los procesos que se siguieron en contra de los inculpados por Ruiz Massieu, en el punto tres del texto, la PGR prácticamente reconoce que en ninguno de los casos se procedió conforme a derecho:

``El recurso de apelación -que interpusieron los sentenciados- en términos de lo dispuesto por el artículo 363 del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene por objeto examinar si la sentencia de primera instancia fue dictada de acuerdo a las constancias procesales que obran en el expediente y, en su caso, si se procedió conforme a derecho...''.