Acoso militar en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, denuncian mixtecos

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 21 de diciembre Tropas del Ejército Mexicano desarmaron esta mañana a dos grupos de policías comunitarias del municipio de San Luis Acatlán, y ayer encañonaron a los integrantes de una comisión que visita la región indígena para informar sobre la demanda de autonomía, dijo el encargado de derechos humanos del Consejo de Pueblos Mixtecos, Tlapanecos y Negros de la Costa Chica y la Montaña, Francisco Santos Martínez.

La organización indígena demandó la ``inmediata salida del Ejército'' porque ``da miedo, no da seguridad, y queremos que regrese la tranquilidad a las comunidades indígenas'' de esta región de Guerrero, en la que desde el pasado 12 de diciembre se han desplegado efectivos militares, después de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) realizó una campaña de propaganda armada para difundir su propuesta política.

Santos informó que es la primera vez que tropas del Ejército ocupan esa región de la Costa Chica-Montaña, integrada por los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Azoyú, Ayutla, Metlatónoc, Igualapa y Ometepec, y consideró que el hostigamiento militar puede ser una reacción del gobierno ``para intimidar a la sociedad'' por la aparición del EPR en comunidades de esa región, o por el pasado movimiento electoral que llevó al triunfo a candidatos del Partido de la Revolución Democrática en la mayoría de esos municipios.

Explicó que ayer en la tarde, cuando la comisión del Consejo transitaba entre la comunidad de Concordia e Igualapa, fueron detenidos sorpresivamente por un grupo del Ejército, que los encañonó ``como si fuera una emboscada''.

Consideró que fue un acto de hostigamiento contra el Consejo, al que se agrega el desarme de las policías comunitarias de Buenavista y Horcasita, municipio de San Luis Acatlán.

Explicó que los policías comunitarios son electos por la asamblea del pueblo, para resguardar los caminos y los pueblos en esa región indígena.

Por otra parte, mediante de un comunicado distribuido a medios locales, el EPR agradeció al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria el interés que mostró por la situación del combatiente Rafael, detenido por agentes de inteligencia militar el 25 de octubre, y envió una relación de las actividades que realizó el día en que fue capturado.

Entre las evidencias de la desaparición del combatiente, el EPR señaló el hecho de que ``personeros de alto nivel del gobierno'' admitan su detención por parte de autoridades militares (como lo hizo el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, quien en declaración a los reporteros dijo que el militante del EPR había sido detenido por autoridades del Ejército), y que las autoridades del Ejército no hayan negado el hecho.