En Guatemala podrá haber paz, pero no respeto a derechos humanos
Juan Balboa, enviado, Guatemala, 21 de diciembre La firma de la paz definitiva entre el gobierno del presidente Alvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el próximo día 29, no frenará la creciente violación de los derechos humanos en Guatemala, pues sólo este año se han registrado mil 406 violaciones a los derechos humanos: 112 ejecuciones extrajudiciales, 785 asesinatos, 179 atentados, 302 amenazas y seis torturas.
En la mayoría de éstas participaron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional, y fueron dirigidas a sectores entre los que destacan obispos de la Iglesia católica, importantes periodistas de radio y prensa escrita y dirigentes de organizaciones populares.
Para el director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), Ronalth Ochaeta, los acuerdos que han firmado el gobierno y la guerrilla en Europa no detendrán los asesinatos, atentados, secuestros, torturas y amenazas. ``El gran perdedor en la firma de paz será la sociedad guatemalteca'', dijo.
En entrevista, Ochaeta señaló que el próximo día 29 se conciliarán el gobierno guatemalteco y la URNG, ``pero estos dos actores no lo harán con la población ni con las víctimas de la violencia que ellos generaron''. Aseguró que con la aprobación en el Congreso de la Ley de Reconciliación Nacional, ``quedan en la impunidad todos los delitos'' que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado -con los gobiernos militares y civiles- en los últimos 36 años.
Las declaraciones del director ejecutivo de ODHA, que trabaja con el auspicio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), las confirma el último diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en Guatemala realizado por esa organización, en el que señala que sólo en los primeros diez meses se han reportado mil 406 violaciones a los derechos humanos de diferentes sectores de la población.
``Esta fría cifra demuestra que la violencia sigue cobrando víctimas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y demuestra la incapacidad de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad ciudadana'', se indica en el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
El órgano judicial es criticado porque se han detectado abusos en la aplicación de las medidas sustitutivas. En el documento se señala que el Ministerio Público ``no ha sido el deseado'' debido en gran parte a la corrupción y al nepotismo, y se culpa a la Policía Nacional de participar en varios atentados, en detenciones ilegales en colonias marginales y en extorsiones a ciudadanos y extranjeros.
El ejército, a pesar de los esfuezos que realiza para los retos que le representa la paz, aún propicia en algunas zonas de este país el encubrimiento de personas perseguidas por la justicia, se precisa. Entre una de las principales violaciones realizadas por el ejército este año están el encubrimiento de personas -de la propia institución o de quienes participaron en las paramilitares Patrullas Civiles- y las amenazas a familiares y testigos de crímenes.
La Iglesia católica y los medios de comunicación son dos de los sectores que han sido atacados este año. Del primero se destacan las amenazas y la agresión contra el obispo Alvaro Ramazini, así como el secuestro y el ataque que sufrió Raúl Hernández Chacón, miembro de Movilidad Humana.
De las agresiones contra periodistas, la ODHA hace una lista de las personas más afectadas: el comunicador de Radio Sonora, Vinicio Pacheco; el fotógrafo del periódico El Gráfico, Ervin Aroldo San Juan Yet, y el ex presidente de Corporación de Noticias, editora del diario Siglo Veintiuno, José Rubén Zamora.
A pesar de que en ocho días el gobierno y los comandantes guerrilleros firmarán documentos que pondrán fin a 36 años de una de las guerras más largas de América Latina, el ejército mantiene en su estructura la enseñanza contrainsurgente -``todo aquél que no comparte el criterio castrense es un potencial enemigo''-, lo que es considerado una provocación a la paz y un salvoconducto para que los militares continúen con las violaciones a los derechos de los guatemaltecos