Según un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores reseñado en estas páginas, durante el año que está por terminar 36 connacionales murieron ahogados en ríos, asfixiados en vagones de tren o calcinados en el desierto, mientras intentaban cruzar a territorio estadunidense, en tanto que otros 216 estuvieron en riesgo de fallecer en condiciones similares.

Estos datos son el saldo terrible e inaceptable de las peligrosas condiciones de clandestinidad en las que cientos de miles o millones de mexicanos tienen que efectuar el tránsito fronterizo entre ambos países, debidas a su vez a la determinación de Estados Unidos --de su gobierno federal y de sus autoridades estatales-- de dar trato de criminales a los trabajadores de nuestro país que acuden a la nación vecina en busca de mejores condiciones laborales y de vida. Los riesgos enfrentados por estos connacionales se ven agravados también por las tendencias xenófobas y racistas que están ganando terreno en crecientes sectores de la propia sociedad estadunidense, fenómeno en gran medida inducido e impulsado por la demagogia electorera de políticos republicanos y demócratas.

Ante tal panorama, resulta evidente la necesidad de que tanto el gobierno como la sociedad mexicanos mantengan e incrementen sus esfuerzos por proteger a nuestros connacionales que cruzan la frontera. Una muestra reciente de esos esfuerzos es, en el ámbito legislativo, la modificación constitucional que permite a los mexicanos optar por una segunda nacionalidad sin perder la originaria, lo cual coloca a los mexicanos en Estados Unidos en mejor posición para defenderse de la persecución policial, la discriminación y el racismo.

Ciertamente, la migración mexicana hacia Estados Unidos ha implicado ventajas inocultables para ambas economías: mientras que para la estadunidense representa un importante factor de competitividad y de productividad que le permite al país vecino enfrentar en mejores condiciones la competencia comercial con Europa y con Asia, en México el dinero que los migrantes envían a sus familiares representa una fuente de divisas de primera importancia.

Sin embargo, esas ventajas no deben ocultar el hecho de fondo de que la emigración laboral constituye, vista en conjunto, una tragedia nacional cuya erradicación debiera constituir una prioridad en el proyecto mexicano de país, porque el flujo migratorio de México a Estados Unidos se origina en la asimetría económica y social entre ambos países, y la falta de empleo, la miseria, la marginación, la injusticia social y la falta de expectativas que imperan en muchas regiones --particularmente, agrarias-- de nuestro territorio constituyen el más importante motor de esa migración.

Si en lo inmediato el país tiene ante sí la tarea irrenunciable de exigir que se respete la integridad física y los derechos humanos y laborales de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, tiene que plantearse también la de ofrecerles, dentro del territorio nacional, las oportunidades laborales y el nivel de vida que hoy deben buscar fuera de nuestras fronteras. Esta obligación del Estado no debe seguirse enunciando en abstracto, como se ha hecho hasta ahora, y su cumplimiento no debe seguirse postergando en forma indefinida.