Envió la CNDH recomendaciones a Silerio, Terán, Cárdenas y la SG

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió ayer tres recomendaciones a los gobernadores de Baja California y Durango, Héctor Terán y Maximiliano Silerio Esparza, respectivamente, y una más para ser atendida conjuntamente por el Ejecutivo de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, y por el subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramiro Robledo.

En el caso de Baja California, la CNDH pide al gobernador que a través de la Procuraduría de Justicia del Estado se resuelvan las irregularidades en que incurrieron tres agentes del Ministerio Público --Bernardo Ballesteros Duarte, Ramiro Dena Luna y Arturo Rayle Cárdenas-- para integrar dos averiguaciones previas en relación a la muerte del ciudadano canadiense Patrick Sean Kelly, el 5 de mayo de este año.

A solicitud de familiares del extranjero muerto por atropellamiento, Derechos Humanos indagó que los servidores públicos permitieron la libertad bajo caución del responsable del accidente, calificaron al occiso como individuo desconocido, no obstante traer consigo suficientes identificaciones, omitieron realizar las indagaciones de rigor correspondientes y ordenaron la reserva del trámite de la indagatoria, bajo el argumento de que no tenían elementos suficientes para determinar que se ejercitara la acción penal correspondiente.

En el caso de Durango, la CNDH destaca la detección de múltiples anomalías en la operación del Cereso número 2 de Gómez Palacio, entre ellas revisiones ultrajantes a las visitas de los internos e incomunicación de éstos hasta por 30 días. La queja fue presentada por el grupo Pastoral Penitenciaria Católica también en mayo.

Precisa el ombudsman que del recorrido que realizó su personal por el centro penitenciario y los informes que rindió el cuerpo directivo de aquél se desprende que en el dormitorio de indiciados se aloja también a jóvenes de entre 16 y 18 años, a los considerados con tendencias homosexuales y a aquéllos con probable enfermedad mental.

Además, que aquellos presos que cumplen condiciones para obtener su libertad, ésta les ha sido negada por la Oficina de Prevención y Readaptación Social.

Finalmente, a petición del interno Juan Carlos Guarro Aceves, la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino para indagar sobre las irregularidades en su traslado del Reclusorio Preventivo de Guadalajara a la prisión federal de Almoloya de Juárez, en el estado de México.

En agosto del año pasado, Guarro Aceves se inconformó por su traslado y la CNDH recibió como respuesta de las autoridades penitenciarias de Jalisco que tal acción se debía a la mala conducta del interno y a su participación en motines en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara.

Sin embargo, Derechos Humanos asegura que la autoridad jalisciense ``no dio razón de su dicho ni remitió documento alguno para comprobarlo'', y observa que los diversos ordenamientos legales a los que se acogieron los funcionarios para realizar el traslado ``no pueden, en ningún caso, ejercerse de manera arbitraria e ilimitada, ni debe recurrirse a criterios que agraven los derechos fundamentales de la persona o a procedimientos que dañen la dignidad humana''.

Consecuentemente, la CNDH recomienda tanto al gobierno de Jalisco como a la Secretaría de Gobernación gestionen ``la inmediata reubicación de Juan Carlos Guarro Aceves'' en el reclusorio de Guadalajara. (Rosa Elvira Vargas)