La coincidencia este 20 de diciembre en la realización de una movilización en el Distrito Federal exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y el anuncio de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de que se habían entregado al EZLN las observaciones presidenciales sobre su anteproyecto de Ley en materia indígena, habla de un cruce de vías en el camino que va hacia la legislación sobre derechos y cultura indígenas.

La marcha, convocada por el Congreso Nacional Indígena y el Frente Zapatista, tenía como punto de llegada la Secretaría de Gobernación pero fue detenida por la policía a una cuadra de su destino final. El contingente, formado por delegados de comunidades indígenas de varios estados, pretendía entregar a los funcionarios de la dependencia un escrito firmado por cientos de comunidades exigiendo al Jefe del Ejecutivo cumplir los Acuerdos de San Andrés.

Otras movilizaciones han llegado hasta las oficinas de esa dependencia sin problemas; no así la integrada por indígenas. El responsable del dispositivo de seguridad oficial señaló que se trataba de una cuestión de seguridad, y que las antorchas de los marchistas eran un peligro. Como nadie pretendía confundir el edificio de Bucareli con la Alhóndiga de Granaditas, los organizadores ofrecieron apagar las teas. De nada sirvió la oferta: seguridad pública mantuvo el rechazo a que la marcha avanzara. Los manifestantes dieron entonces la espalda a granaderos y funcionarios y leyeron su comunicado.

El mismo día, pero en Comitán, Chiapas, la Cocopa informó sobre el nuevo giro que tomaban las negociaciones sobre derechos y cultura indígenas. Señaló que el presidente Ernesto Zedillo le había entregado una serie de observaciones a su iniciativa sobre reformas constitucionales en la materia, y que había ratificado su voluntad de solicitar al Congreso de la Unión un periodo extraordinario de sesiones para legislar sobre el tema. Dijo que la Cocopa había hecho llegar al EZLN los puntos de vista presidenciales para su análisis, y los zapatistas habían establecido un plazo de 22 días para analizar las acotaciones del Ejecutivo.

Con ello las negociaciones cambiaron de vía. Inicialmente el proyecto de reformas elaborado por la Cocopa fue presentado a las partes como definitivo. Ante el rechazo de Gobernación para ajustarse al acuerdo, la instancia legislativa había apelado al Jefe del Ejecutivo, quien pidió un plazo de quince días para reflexionar sobre el proyecto. En los hechos, los comentarios presidenciales rompen el esquema de negociación acordado entre las partes y reabren los términos de ésta.

El costo de no caminar por esta vía era más o menos evidente: obligar a la Cocopa a presentar su iniciativa sin el aval del Ejecutivo y enfrentarse a las maniobras de la mayoría de éste en el Congreso. Ello suponía, lisa y llanamente, hacer que la comisión legislativa cavara su tumba cancelando así las vías de coadyuvancia nacionales en el conflicto.

El costo de caminar por esta vía es obvio. Si se ven los Acuerdos de febrero a diciembre es más o menos evidente que fueron firmados por la representación gubernamental para no cumplirlos y meter al EZLN al carril de la negociación política, mejorar la imagen presidencial en su gira europea y ganar tiempo para sacar adelante su reforma electoral con los partidos políticos. Hoy, la ruta para la paz en los términos establecidos en San Andrés está cancelada y requiere una reformulación de fondo y la voluntad gubernamental de negociar con transparencia es más dudosa que nunca. El presidente Zedillo llegará a la firma de paz en Guatemala sin solucionar los problemas de la paz en su país.

La reapertura de la negociación y el cierre de las puertas de la Secretaría de Gobernación son mensajes delicados y una prueba a la paciencia de quienes apuestan a transformar el país por la vía del diálogo. La imagen de los pueblos indios dando la espalda a las oficinas de Bucareli puede dejar de ser la anécdota de una marcha a la que no se le permitió llegar a su destino para convertirse en una metáfora de alcance nacional.