La lucha antidrogas, bajo la supervisión del Ejército

Juan Manuel Venegas y Jesús Aranda /I Asunto considerado de seguridad nacional, el combate a los cárteles de la droga quedó en la práctica bajo la supervisión del Ejército Mexicano. Tres generales diplomados del Estado Mayor, con reconocida trayectoria en las fuerzas armadas, asumieron posiciones estratégicas en la Procuraduría General de la República (PGR), desde donde operarán la política gubernamental en la lucha contra el crimen organizado.

Los generales con licencia José Gutiérrez Rebollo, Guillermo Alvarez Nara y Tito Valencia Ortiz se hicieron cargo este mes del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), la Policía Judicial Federal (PJF) y el Centro de Planeación para el Control de Drogas, respectivamente.

Por primera vez la responsabilidad de estas corporaciones se encuentra bajo el mando directo de militares, y según confirmaron funcionarios del INCD, PJF y de la Sedena, los mandos medios y operativos en los que se apoyarán los generales serán también de extracción militar.

Pero además, según las proyecciones de la nueva organización de la PGR, los generales Gutiérrez Rebollo y Alvarez Nara tendrán la responsabilidad de continuar la depuración interna de la policía federal y la restructuración en las delegaciones estatales.

De acuerdo con el programa de trabajo que ha diseñado el nuevo procurador Jorge Madrazo Cuéllar, son tres los objetivos a corto plazo que tienen Gutiérrez Rebollo y Alvarez Nara: continuar la depuración de la institución, que incluye la revisión de equipo, presupuesto y armamento, así como el reordenamiento de los mandos medios y operativos; reasignación de personal en las delegaciones de los 31 estados, y dar marcha a la capacitación y selección de los agentes, peritos, investigadores y jefes de grupo que integrarán las unidades de élite para el combate al crimen organizado.

Además, bajo su dirección, se proyecta el fortalecimiento de la cooperación entre las delegaciones de la PGR y las zonas y regiones militares para eficientar recursos humanos y materiales; definir una sola estrategia contra la producción y distribución de estupefacientes, y la creación de un Programa de Inteligencia Nacional que incluya las zonas más conflictivas por la incidencia del narcotráfico.

Respecto del general Tito Valencia Ortiz, su anterior puesto como inspector general del Ejército lo ubica como una figura de gran relieve al interior de las fuerzas armadas, dado que el cargo que desempeñaba está considerado como el tercero en importancia en la Sedena, luego del secretario y del jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Incluso, desde esa posición el general Antonio Riviello Bazán se convirtió en secretario de la Defensa en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Cabe destacar que durante la primera etapa de este sexenio, en la Inspección General del Ejército, al lado del general Valencia, trabajaron dos controvertidos militares: Domiro García Reyes y Mario Arturo Acosta Chaparro.

Valencia Ortiz llegó a la PGR para hacerse cargo del centro de inteligencia policiaca más importante en la estructura civil de justicia.

Con estos cambios en la PGR, se incrementa sustancialmente la presencia de militares en labores ``de apoyo al Ministerio Público Federal''.

De acuerdo con informes de la sección décima de Operaciones Especiales del Estado Mayor de la Sedena, anualmente participan 15 mil efectivos en operaciones nacionales de erradicación de estupefacientes; 8 mil en operaciones regionales y 2 mil más en las fuerzas de tarea.

Ahora, además de continuar con esas labores contra la producción de drogas, los militares ``asumirán funciones policiacas, de investigación e inteligencia, para contrarrestar la presencia de organizaciones de narcotraficantes''.

Que ejerzan el control

De acuerdo con lo que tenía previsto el equipo del ex procurador Antonio Lozano Gracia --destituido el 2 de diciembre--, la infraestructura del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) asumiría la totalidad de las funciones que enmarca la nueva legislación contra la delincuencia organizada, e incluso se anunció que cambiaría de nombre para convertirse en el Instituto Nacional contra el Crimen Organizado (INCO).

Los planes del panista Lozano --en los que ya estaban trabajando sus más cercanos colaboradores--, incluían, para el primer trimestre de 1997, haber conformado once grupos policiacos especiales, cada uno con su propio mando, para hacer frente a cada uno de los once delitos que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La PGR de Lozano Gracia contaba ya con más de 40 elementos capacitados especialmente en México y en el extranjero.

Según información del INCD, en ``los últimos meses'' se habían entrenado en el extranjero ``grupos pequeños de personal'' que se integrarían a los comandos de élite: 17 fueron instruidos en Estados Unidos, por el FBI y la DEA; 10 en Colombia, y 15 en España. Todos ellos, según se dijo, habían recibido entrenamiento militar durante el segundo semestre de 1995 y formaban parte de la ``nueva generación de policias judiciales federales'' de México.

Además, para la conformación de las ``células especializadas'' --como también se llamó a los grupos de élite--, se revisaron los expedientes de más de 700 agentes y ministerios públicos con nivel de licenciatura, de los cuales fueron seleccionados 250 agentes de la PJF y 160 ministerios públicos.

A partir de enero, según lo proyectado, se haría una segunda depuración y los escogidos recibirían entrenamiento especial en México, de parte de instructores extranjeros, principalmente.

Con el cese de Lozano Gracia y la llegada de Jorge Madrazo Cuéllar a la PGR, se anunció un primer cambio: la conformación de las unidades de élite ya no estarían bajo la coordinación del INCD y, de acuerdo con el nuevo procurador, una vez constituidas se determinará en qué instancia de la Procuraduría ``tienen su mejor ubicación''.

Madrazo Cuéllar anunció también que él, personalmente, supervisaría la constitución de esas unidades de élite, porque ``me preocupa mucho quiénes pondrán en operación'' las medidas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

No obstante la supervisión que seguramente cumplirá Madrazo Cuéllar, funcionarios de la Sedena y del INCD prevén que los generales en quienes recayó la dirección de las instancias policiacas de la PGR serán los encargados directos de la operatividad, coordinación y capacitación de los integrantes de las células especializadas contra el crimen organizado.

Por lo pronto, los tres generales en el INCD, PJF y Cendro, tienen la encomienda de elaborar un diagnóstico de la situación interna de las corporaciones y preparar las condiciones para la aplicación de las medidas que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobada en noviembre pasado.

De acuerdo con las expectativas del equipo del nuevo procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, se espera que a finales de enero de 1997 los directores del INCD y de la PJF también presenten una evaluación respecto de la situación de las delegaciones estatales y ``ejerzan'' para entonces un ``total control'' sobre las plazas.

``Los cargos de los generales (Gutiérrez Rebollo, Alvarez Nara y Valencia Ortiz) no son honoríficos. Van a la PGR a trabajar y a hacerse cargo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado... Van a poner orden donde el Presidente quiere que haya orden``, señalaron funcionarios de la Sedena acerca de la designación de militares en los mandos de la policía federal mexicana.

En tanto, en el INCD y en la PJF algunas ``fuentes'' señalaron: ``ellos (los generales) van a traer a su gente de confianza y, sobre todo, los cambios se concentrarán en las delegaciones estatales... Ahí es donde se verá la mano de los militares en la Policía Judicial antinarcóticos''.

Sin embargo, la participación de los mandos militares en la dirección policiaca nacional y concretamente en el combate al crimen organizado, ha generado preocupación al interior de las Fuerzas Armadas, y algunos sectores han manifestado su temor ``por el grado de corrupción que lleva consigo'' la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

No obstante esos pronunciamientos al interior de la Sedena, la decisión del gobierno federal de utilizar ``todos los medios a su alcance contra la delincuencia organizada'' ha llevado a las Fuerzas Armadas a definir esa tarea como la de mayor prioridad en la actualidad, al considerarla como asunto de seguridad nacional.

Incluso, militares de alto rango reconocen que cuando se ``separan'' de su cargo y aun cuando lo hacen con licencia, el vínculo que los une con la Sedena se mantiene inalterable y la información que llegan a tener la comparten con las altas esferas castrenses.