Mientras el país, la capital y las instituciones viven el sopor de las fiestas y las vacaciones decembrinas, Venancio Jiménez Martínez y José Luis Alamilla Magaña cumplen 73 días en huelga de hambre para exigir que alguien, en este país, les haga justicia a ellos y a más de medio centenar de trabajadores de limpia de Villahermosa que hace cerca de año y medio fueron arbitrariamente despedidos.

Desde entonces, la lucha emprendida por los barrenderos de la capital tabasqueña ha permitido que el país conozca las atroces condiciones laborales y la corrupción imperantes en el municipio de Centro, en el cual se asienta Villahermosa: salarios de 215 pesos quincenales, jornadas de hasta 16 horas diarias sin pago de tiempo extra, falta de equipo y uniformes, carencia de cualquier forma de seguridad social. La gota que derramó el vaso fue la orden de que los barrenderos acudieran a realizar trabajos a los domicilios privados de diversos funcionarios, entre ellos el del propio presidente municipal, Jesús Taracena. La negativa a cumplir con tal instrucción motivó el despido --sin indemnización, sin ningún respeto a los derechos laborales-- de 522 trabajadores.

En la medida en que las movilizaciones y las protestas pacíficas de los barrenderos en su propio estado tuvieron como única respuesta de las autoridades locales la emisión de órdenes de aprehensión en contra de 40 de ellos, los trabajadores de limpia marcharon hacia la ciudad de México a principios de este año. Tras una huelga de hambre --ya habían realizado una en Villahermosa--, el pasado 24 de marzo lograron un convenio --firmado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y representantes del gobierno de Tabasco-- que establecía su reinstalación, el pago de salarios caídos y el pago de gastos médicos para la recuperación de los ayunantes. El pacto, sin embargo, fue ignorado por las autoridades estatales y municipales y el pasado 10 de octubre los barrenderos tabasqueños volvieron a esta capital.

Cuatro días más tarde, Venancio Jiménez y José Luis Alamilla iniciaron su huelga de hambre frente a la sede de la CNDH, y de entonces a la fecha sus compañeros han realizado plantones cotidianos ante las oficinas de la Secretaría de Gobernación, así como frente al PRI nacional y el Senado de la República. Hace poco más de un mes, otros cinco barrenderos se sumaron a la huelga de hambre.

Con dos de los trabajadores de limpia al borde de la muerte, y ante la evidente ruptura del estado de derecho que priva en su entidad natal, es urgente que las más altas autoridades federales tomen cartas en el asunto y presionen al gobierno tabasqueño para que corrija inmediatamente esta injusticia. El país no puede permitirse que dos de sus ciudadanos mueran porque no hubo nadie que les hiciera justicia. Ello significaría un grave descalabro para la vida cívica de la nación y un golpe demoledor --otro más-- para la credibilidad de las instituciones.

Adicionalmente, la gesta de los barrenderos de Villahermosa debiera ser tomada por el gobierno federal como una señal de alarma ante la impunidad, la corrupción y el desapego a las leyes con que se conducen Roberto Madrazo Pintado y sus hombres --el edil de Villahermosa entre ellos--, los cuales, a dos años de haber llegado al poder en un proceso electoral amañado y plagado de irregularidades, siguen generando graves conflictos en Tabasco y en el ámbito federal.