La Asamblea de Representantes del Distrito Federal fijó un plazo de un mes al gobierno local para que elabore un programa de reordenamiento del comercio en la vía pública. La iniciativa es loable, pero puede derivar hacia una nueva versión de viejas políticas formuladas y aplicadas sin éxito por las sucesivas regencias capitalinas, consistentes en desalojos temporales, prohibiciones inútiles, reglamentos inaplicables, construcción de mercados inaccesibles y poco atractivos para los ambulantes, etcétera. Para lograr una política viable y que mejore la situación de la ciudad y los diferentes actores sociales involucrados, es necesario que la administración y los legisladores capitalinos acepten la realidad y rompan con sus ideologías y prácticas políticas que impiden encontrar nuevas vías, imaginativas y democráticas, de tratamiento del problema.

Tienen que aceptar que el ambulantaje no es un delito, si no una actividad de subsistencia, que no desaparecerá como fenómeno masivo hasta que la economía nacional logre superar estructuralmente su crisis de larga duración, generar empleo estable para la gran mayoría de los trabajadores y reponer la capacidad de compra perdida por los salarios durante 20 años de política salarial restrictiva y empobrecedora: cerca del 75 por ciento. Todo indica que este objetivo está aún muy lejos, si debido al total fracaso del neoliberalismo en estos campos. Si aceptamos este hecho ineludible, el programa no puede tener como meta ``erradicar'' el ambulantaje, si no mejorar las condiciones de su ejercicio y regularlo.

Hay que abandonar la represión y los desalojos y buscar el diálogo y la concertación democrática con todos los actores involucrados, lo que es imposible en 30 días, salvo que se repita el error de las negociaciones cupulares con los ``líderes'' de las organizaciones corporativizadas al PRI-gobierno. El corporativismo del partido de Estado tiene que ser erradicado de este ámbito (y de toda la vida social), eliminando las relaciones privilegiadas y de control que lo caracterizan, abriendo la concertación a todas las organizaciones en igualdad de condiciones. En las organizaciones de ambulantes deben abrirse camino la democracia interna y la representatividad, eliminando la afiliación colectiva y la manipulación partidaria.

Toda relación entre administración y ambulantes (permisos, derechos, asignaciones de lugares, etcétera) debe ser realizada por los individuos y no por las organizaciones, para eliminar el cobro ilegal de ``cuotas'' por los líderes y administradores. Al mismo tiempo, tiene que abandonarse el sistema de permisos numéricamente limitados, que excluye a muchos, conduce al monopolio y sirve de pretexto a las mordidas de los inspectores de Vía Pública y otros funcionarios cuya corrupción hay que combatir y penar severamente.

Debe respetarse la lógica de localización de los ambulantes, impecable desde el punto de vista de sus necesidades de subsistencia, pero ordenando su instalación y operación; mejorar sustancialmente las condiciones materiales, de higiene, seguridad social y pública de su operación; es muy importante la dotación de servicios públicos esenciales (baños públicos) y de atención médica y sanitaria para vendedores y compradores. Ello no excluye la construcción de plazas, mercados y pasajes, a condición de que conserven las ventajas de localización, sean accesibles en costos a los ambulantes y estos opten voluntariamente por la relocalización, sin imposición.

Quienes obtienen verdaderas ganancias son los grandes comerciantes legales o ilegales que surten mercancías a los ambulantes (fayuqueros, introductores, distribuidores); son ellos a los que hay que controlar legal y fiscalmente.

Los cobros a los ambulantes deben estar estrictamente relacionados con su ganancia real, luego de descontar sus costos, incluido el equivalente del salario correspondiente a su trabajo, prestaciones, etcétera; el resultado será poco significativo para las arcas públicas.

Un nuevo trato a los ambulantes, que respete su derecho al trabajo y la subsistencia, elimine la opresión y extorsión a que los someten líderes y funcionarios y les garantice condiciones laborales dignas, es parte de la democracia económica que tiene que regir en el futuro a nuestra capital.