De la protección a la entrega administrativa en siete años

David Aponte Desde hace casi siete años, las autoridades mexicanas no conceden el estatuto de asilados políticos a ciudadanos extranjeros perseguidos en sus países de origen. El último asilo formal correspondió al panameño Rafael Arosamena Alvarado, ex gerente general del Banco Nacional de Panamá.

Años más tarde, a partir de octubre de 1995, el gobierno actual inició una serie de ``entregas administrativas'' de ciudadanos españoles, presuntamente miembros de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA), y del argentino Enrique Gorriarán Merlo, sin tomar en cuenta u ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo político.

De esta forma, el gobierno de México ha colocado en el mismo nivel a los guerrilleros, terroristas y perseguidos políticos con los delincuentes del orden común, por cierto diferenciados en las convenciones internacionales --La Habana de 1933 y Caracas de 1954-- firmadas por las autoridades mexicanas.

Los acuerdos en la materia establecen las características de las figuras del ``delincuente común'' y del ``delincuente político''. La calificación de las mismas y de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución corresponde al Estado que concede el asilo, calificado como una institución humanitaria.

La política mexicana de asilo, contenida en la Ley General de Población y la práctica diplomática, ha sido empleada por los gobiernos desde la época de la posrevolución. La tradición en la materia hizo posible el traslado de cientos de ciudadanos extranjeros, principalmente españoles, centroamericanos y latinoamericanos a territorio mexicano.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no conceden formalmente el estatus a un extranjero perseguido en su nación de origen desde marzo de 1990. En ese entonces, la embajada de México en Panamá otorgó asilo diplomático al panameño Rafael Arosamena.

``El otorgamiento de dicho asilo se hizo con estricto apego a las convenciones internacionales en vigor para México y Panamá y se espera en breve recibir el salvoconducto solicitado para que dicha persona pueda abandonar el país (Panamá)'', expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento.

En un comunicado de prensa fechado el 8 de marzo, la dependencia explicó que desde la invasión militar de Estados Unidos a Panamá --20 de diciembre de 1989-- las puertas de la embajada mexicana en esa nación estaban abiertas para brindar protección a los mexicanos y otorgar asilo a nacionales de otros países, conforme al derecho internacional.

A partir de marzo de 1990, esa práctica se ha mantenido en un impasse y hoy en día el gobierno mexicano abrió las puertas de la entrega de posibles perseguidos políticos, bajo el argumento legal de violaciones a las leyes migratorias internas.

Con el argumento de ``irregularidades'' en la documentación migratoria, la Secretaría de Gobernación inició una serie de deportaciones en octubre de 1995, con la modalidad de entregar a los extranjeros a las policías de sus países de origen: entrega de policía a policía.

El miércoles 4 de octubre de 1995, el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a María Begoña Sánchez del Arco y a Vicente Antonio Sagredo Rivas. La Audiencia Nacional de España los tiene catalogados como integrantes de ETA. En unas cuantas horas, los extranjeros pasaron a una prisión española.

Tres semanas más tarde, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron y enviaron a Argentina al ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, fundador del troskista Ejército Revolucionario del Pueblo, quien ingresó a territorio mexicano con otra identidad.

Sin recato alguno, el presidente argentino Carlos Saúl Menem declaró a la prensa que 60 agentes de inteligencia de su país participaron en la búsqueda del asesino confeso de Anastasio Somoza. La Secretaría de Gobernación afirmó que ``la detección, aseguramiento y expulsión del extranjero fue exclusivamente realizada por (las) autoridades migratorias mexicanas''.

En enero, un ``grupo especial'' del INM detuvo al presunto etarra Koldo Domínguez Fernández, quien solicitó asilo político a las autoridades mexicanas. El gobierno español comunicó que no había ninguna causa penal en contra del vasco. Después de la ``entrega administrativa'' a Madrid, Koldo fue sentenciado a 100 años de prisión por la Audiencia Nacional de España.

A principios de diciembre del año en curso, las autoridades migratorias de México hicieron una nueva entrega. El vasco Pedro María Garmendia Alverdi, acusado de pertenecer a un comando de ETA y sentenciado por la Audiencia Nacional de España a una pena de seis años de prisión, fue llevado a la policía española.

El gobierno de México decidió la deportación del presunto etarra por ``incumplimiento en la documentación migratoria y violaciones a la Ley General de Población'', explicó un miembro de la embajada de España.