En su conjunto, el entorno internacional contemporáneo, caracterizado por la globalización económica, el capitalismo salvaje, la conformación de bloques económicos y políticos, la emergencia de regionalismos y nacionalismos y el aumento de las atribuciones de instituciones y entidades multinacionales, está poniendo en entredicho la soberanía de los Estados nacionales en todos los terrenos. La apertura de las fronteras comerciales y el establecimiento de un mercado mundial, los fenómenos ambientales, las corrientes migratorias y el acelerado desarrollo de las comunicaciones ensanchan los territorios de la interdependencia en detrimento del ejercicio de las independencias. En este contexto, los tradicionales principios rectores de la política exterior mexicana --No Intervención, Derecho a la Autodeterminación, respeto a las soberanías, solución pacífica de las diferencias, derecho de asilo-- experimentan embates políticos, económicos y sociales de diversa magnitud.
Con estos fenómenos en mente, es oportuno reflexionar sobre lo dicho por el embajador Miguel Angel González Félix, consultor jurídico de la SRE, en una entrevista publicada hoy en estas páginas, acerca de las vicisitudes que enfrenta el mantenimiento del derecho de asilo por parte del gobierno mexicano.
Asiste la razón al funcionario cuando señala que tal figura humanitaria, en su peculiar --y ejemplar-- modalidad latinoamericana, se concibió en nuestra región en una época en la que la mayoría de las naciones del hemisferio pasaba por cruentas y frecuentes convulsiones políticas, en las cuales los integrantes del bando derrotado se exponían al asesinato, a la prisión y a la tortura. El establecimiento de regímenes de democracia formal en casi todos los países latinoamericanos ha reducido significativamente --aunque ciertamente no del todo-- tales convulsiones, en tanto que las violaciones a los derechos humanos, sin tener las masivas proporciones que llegaron a adquirir en tiempos de las dictaduras militares, siguen siendo, por desgracia, pan de todos los días en nuestros países.
En términos generales, el mundo sigue siendo un lugar peligroso para los luchadores sociales y políticos de diversos signos, y los poderes públicos --aun en naciones en donde se ha establecido la democracia-- distan mucho de haber erradicado prácticas como la tortura y el asesinato políticos.
Un ejemplo concreto de lo anterior es la España postfranquista y parlamentaria, en donde, ya en pleno gobierno de Felipe González, en la década pasada, se cometieron asesinatos políticos urdidos desde las entrañas del poder, como lo ha venido a evidenciar la investigación por homicidios de presuntos etarras a manos de lo que, en América Latina, se conoce como escuadrones de la muerte. Adicionalmente, el gobierno español ha sido mencionado con frecuencia en los informes de Amnistía Internacional por sus violaciones a los derechos humanos.
Resulta significativo, tomando en cuenta lo anterior, que sean precisamente las autoridades de Madrid las que estén ejerciendo inaceptables presiones sobre nuestro gobierno para que éste renuncie a practicar el derecho de asilo, una práctica humanitaria que debe ser defendida hoy como lo ha sido siempre.
Ceder ante tales presiones y chantajes diplomáticos sería una grave claudicación en materia de soberanía nacional y de principios. Por otra parte, debe cesar la cada vez más socrrida práctica de las ``deportaciones administrativas'' porque se prestan a vulnerar la legalidad y el espíritu tradicional de nuestra política exterior. Y no deben volver a ocurrir nunca episodios tan vergonzosos como la entrega a la policía española del solicitante de asilo Koldo Domínguez, de quien el gobierno de Madrid aseguró que no enfrentaba ningún cargo en su país, y que sin embargo fue condenado a cien años de prisión tras su deportación de México.