Positivo, militarizar la lucha antinarco: Espino

Jesús Aranda y Juan Manuel Venegas /II y última En el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico es importante aprovechar la experiencia del Ejército Mexicano, ``principalmente por sus valores: lealtad, honestidad, disciplina y patriotismo'', aseveró Bernardo Espino del Castillo, encargado de coordinar la colaboración entre la Procuraduría General de la República y las fuerzas armadas en Chihuahua, durante el primer experimento en el que militares quedaron al mando de una delegación de la PGR, agentes del Ministerio Público y policías federales.

Según el funcionario, esta colaboración se fortaleció a principios de 1995 con la creación de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de la cual agentes federales en activo y aspirantes a policías federales recibieron adiestramiento militar, en el que además de técnicas policiacas ``se les educó bajo el rigor de la disciplina castrense''.

Espino del Castillo, coordinador de la Zona Norte de la PGR, explicó que la elección de Chihuahua para ese primer ensayo no fue casual, sino el resultado de ``largas discusiones'' entre funcionarios de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se llegó a la conclusión de que ese estado reunía características muy importantes, como ser una entidad fronteriza con una gran superficie, formar parte del llamado triángulo de la droga --junto con Sinaloa y Durango--, además de ser sede del llamado cártel de Juárez.

Así, indicó, se decidió que tanto el delegado de la PGR como el comandante de la Policía Judicial Federal en la plaza y los agentes del Ministerio Público Federal fueran militares, apoyados por 66 ``elementos operativos''. Es decir, fueron militares con licencia quienes completaron el personal asignado a Chihuahua.

Destacó que desde el comienzo de la operación en el estado se estableció una comunicación constante y se efectuaron reuniones cada 20 o 30 días entre los mandos de la Sedena y la PGR para darle seguimiento y evaluar los resultados. Además, se analizaron cuestiones de apoyo logístico, administrativo, equipamiento y armamento necesarios en la plaza.

Posteriormente se acordó que el grupo de militares-agentes en Chihuahua se reforzara con elementos recién egresados del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, los cuales ``no llegaban maleados y se convertirían --según los pronósticos-- en futuras células especializadas de la PJF en otras entidades''.

A pesar de las críticas --muchas relativas al origen panista del ex procurador Lozano Gracia y del gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio--, Espino del Castillo asegura que después de diez meses de la cooperación militar (de noviembre de 1995 a septiembre de 1996) Chihuahua superó un ``rezago histórico'' en erradicación y destrucción de estupefacientes.

Así, el estado pasó a ocupar el primer lugar en el decomiso de heroína; sexto en el de cocaína y décimo primero en el de mariguana. En este contexto, el funcionario de la PGR destacó la confiscación, ``de un solo golpe'', de casi 600 kilogramos de cocaína colombiana.

Explicó que estas acciones se lograron gracias a que en Chihuahua había un solo mando: el militar, que evitó ``posibles filtraciones'' de información que habrían frustrado las operaciones antinarcóticos.

Para Espino del Castillo, con la coordinación PGR-Sedena en Chihuahua ``se rompieron mitos y tabúes'' respecto a este tipo de colaboración, y a partir de esa experiencia puede pensarse en el intercambio de información para trascender los ámbitos municipales, estatales y federal, con la finalidad de mejorar el uso de los recursos disponibles con cuerpos homogéneos que se apoyen mutuamente en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Los duros en el combate al narco

Según información oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional localizó y destruyó en 1996 más de 70 por ciento de la droga confiscada en el país. Esta labor no pasó inadvertida para el llamado zar antidrogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, quien recientemente reconoció esa labor y dijo: ``El Ejército Mexicano fue la institución más destacada en la lucha contra el narcotráfico en América Latina''.

Después de su visita a México, McCaffrey alabó el nombramiento del general José Gutiérrez Rebollo como comisionado mexicano para el combate a las drogas, por su destacada trayectoria castrense y su participación en operaciones importantes contra los cárteles mexicanos, como la detención de Héctor Luis El Güero Palma, el año pasado.

Funcionarios de la PGR comentaron que Gutiérrez Rebollo ``es duro entre los duros'' y lo recuerdan como el encargado de coordinar la detención de más de 70 agentes federales en Jalisco, acusados de dar protección a los capos del narcotráfico.

``El (Gutiérrez Rebollo) participó con los buenos de la PGR en contra de los malos que estaban en Jalisco'', comentan los funcionarios consultados.

Consideraron que con la llegada de Gutiérrez Rebollo al Instituto Nacional de Combate a las Drogas será inminente la incorporación de más militares para apoyarlo en la dirección del instituto. De hecho, ya ha invitado a otros oficiales de alto rango para hacerse cargo de las direcciones Operativa, de Inteligencia y de Intercepción.

La mexicanización de

la lucha antidrogas

Para la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), el gobierno de México se ha empeñado en los últimos dos años en un ``proceso de mexicanización'' de sus estrategias de combate al narcotráfico; como parte de ese propósito, destaca la cada vez mayor participación de las fuerzas armadas, obligado ``quizás por los altos niveles de corrupción'' que imperan en la Policía Judicial Federal.

Según el reporte sobre el control de drogas en México, presentado por la DEA a mediados de 1995, las medidas que empezaba a aplicar el entonces procurador, Antonio Lozano Gracia, tenían que ver con los compromisos del presidente Ernesto Zedillo de combatir el tráfico de drogas, los cuales ``formuló en un ambicioso plan de reformas judiciales, cuyos principales objetivos son: la aplicación de las leyes de México y un sistema de justicia oficial más responsable, una mayor separación de poderes, racionalizar los sistemas duplicativos de seguridad pública en México y eliminar la corrupción oficial dentro de los órganos de aplicación de la ley y el poder''.

La agencia estadunidense señala que a partir de esos compromisos del gobierno mexicano podría haber ``sustanciales avances en la cooperación bilateral'' con miras a alcanzar tres objetivos:

Fortalecimiento del aparato político e institucional, ``capacitando al personal del gobierno mexicano para tomar medidas más efectivas contra la producción y tráfico de drogas''; coordinación de estrategias conjuntas contra los cárteles mexicanos de las drogas y ``aprehender a sus líderes y cabecillas y acabar con sus operaciones'' y, finalmente, ``descubrir iniciativas en la frontera común para incrementar la efectividad de las actividades antinarcóticos''.

En esa cooperación bilateral --destacó la DEA-- México ``continúa el proceso de mexicanización de sus programas antidrogas, improvisando sistemas de comunicación y coordinación en los que cada vez es más notable y decisiva la participación e intervención de sus fuerzas armadas'', sobre todo en lo que se refiere ``al combate a la producción y tráfico de estupefacientes''.

Sin embargo, la agencia antidrogas estadunidense intervino en ese proceso de mexicanización, toda vez que, según el mismo reporte, ``el gobierno de Estados Unidos mantiene el suministro de aplicación de programas a los oficiales mexicanos para la interdicción por aire, tierra y mar; en técnicas de investigación, altos vuelos, pilotajes avanzados y procedimientos más comunes (sic)''.

Se advirtió incluso que ``la Guardia Costera del gobierno de Estados Unidos y la Armada de México se encuentran en el proceso de exploración de acuerdos para crear una alianza con oficiales mexicanos y el centro de comando estadunidense''.