Legítima, la demanda de humanizar las condiciones de presos políticos: Susana Villarán

Oscar Camacho Guzmán, enviado /I, Lima, 26 de diciembre Defensora de derechos humanos, considerada entre las personalidades que deberían integrar la Comisión de Garantes propuesta por el presidente Alberto Fujimori al comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) para que deponga las armas, periodista y presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Susana Villarán, aborda en entrevista con La Jornada uno de los problemas que la crisis de los rehenes ha sacado de las mazmorras: las condiciones en que viven los 3 mil 800 presos acusados de terrorismo en este país .

De acuerdo con el comando del MRTA, en las cárceles de Perú existe un ``ensañamiento'' de las autoridades en contra de los presos acusados de terrorismo, por lo que en su primer comunicado demandaron cambios en el sistema carcelario y que mejoren las condiciones para sus compañeros presos.

--Como defensora de los derechos humanos en este país, ¿cree usted que es real, legítima, esta demanda del comando del MRTA?

--Nosotros pensamos que sí, que esa parte es legítima, porque si bien no sería correcto que dejaran en libertad a la gente que ha cometido delitos y crímenes, no puede aceptarse que estén en las cárceles inocentes, y que los que están presos tengan condiciones de exterminio.

``En ese sentido, lo que dice el MRTA sobre las condiciones de su gente es estrictamente cierto, y sobre todo con Víctor Polay, con quien el gobierno de Fujimori se han ensañado, a diferencia de Abimael Guzmán, (líder de Sendero Luminoso), quien decidió entrar en un acuerdo muy oscuro con el gobierno que le ha permitido tener condiciones que ningún otro preso acusado de terrorismo tiene.

``Polay es un tipo que se está pudriendo en vida, y yo no soy una persona que tenga simpatía por él, ni por su ideología ni sus métodos, pero ese hombre no puede estar en las condiciones en las que está, aislado completamente y con permiso para ver a su madre sólo media hora durante cuatro veces al año''.

Sin embargo, Susana Villarán subraya que el problema que ahora ha vuelto a salir a la luz pública con la exigencia del MRTA, ``es en realidad un hecho que ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos de este país, los cuales han criticado radicalmente la legislación antiterrorista que se implanta en mayo de 1992, a raíz del golpe de Fujimori, pues estas leyes violan las garantías de cualquier proceso.

--¿Por qué?

--En primer lugar, por una excesiva prerrogativa de la policía en la fase de investigación, sin casi ningún control judicial que permite a las fuerzas policiacas y militares detener, acusar y llevar a un juicio por terrorismo prácticamente a cualquier persona sin tener que probarlo.

Situación que, dice Susana Villarán, ha provocado que de los 3 mil 800 presos acusados de terrorismo que purgan condenas en las cárceles de Perú, alrededor de mil sean inocentes.

La explicación de esto, dice Villarán, radica en que para quebrar a Sendero Luminoso y al MRTA, la Ley de Arrepentimiento de Fujimori exige a quienes desean acogerse a ella la obligación de dar por lo menos diez nombres de presuntos integrantes terroristas, dando pie con ello a que ``centenares de inocentes sean metidos a la cárcel sólo porque alguien los señaló''.

Además, indica, hay un registro de 700 detenciones-desapariciones no explicadas ni aclaradas hasta el momento por el gobierno de Fujimori, y que tiene su base en que en el combate contra el terrorismo cualquier persona puede ser detenida sin orden alguna.

``Luego, está el uso sistemático de la tortura para extraer confesiones autoinculpatorias, en forma reiterada y no castigada''.

Además, hay tribunales sin rostro, juicios en extremo sumarios y juicios de civiles por militares. Hay otros muchos problemas, pero estos son los elementos centrales que enmarcan las principales violaciones a la ley.

--Es común, sin embargo, escuchar en Perú que una ley antiterrorista no puede ser humanitaria.

--Claro que puede y debe ser humanitaria, porque si no, entonces que Perú se retire como Estado y revoque su firma de todos los tratados y pactos internacionales de derechos humanos que ha firmado, en donde se compromete a garantizar un debido proceso.

Para Susana Villarán, una prueba de que a las cárceles del país han llegado infinidad de inocentes es que ante la presión popular, el gobierno de Perú creó una Comisión Especial que está integrada por gente reconocida por su trabajo en prisiones, como el sacerdote Hubert Lanssiers, y al defensor del pueblo, el Ministro de Justicia, para que ellos evalúen los casos de inocentes acusados injustamente de terrorismo y le den al presidente Fujimori los nombres para que él los indulte.

Todo esto, dice Villarán, no es otra cosa que la antesala a ese sistema carcelario que es ``absolutamente restrictivo e inhumano'', lo cual está ampliamente documentado.