Las cárceles peruanas, virtuales centros de exterminio de insurgentes, denuncian ONG

Oscar Camacho Guzmán, enviado /II y última, Lima, 27 de diciembre Las condiciones carcelarias para los presos acusados de terrorismo en Perú constituyen ``estadías de exterminio'', cuyo rasgo más revelador queda evidenciado en la creciente cifra de reos que se ven orillados a recibir atención psiquiátrica, aseguran diversas organizaciones de derechos humanos y abogados locales, entre otros sectores que tienen acceso a las cárceles de esta nación.

Según estos reportes, hasta antes de 1993, los centros penitenciarios eran verdaderos centros de adoctrinamiento de Sendero Luminoso, en donde los policías y jueces vivían bajo la amenaza constante de esa organización, lo que llevaba a liberar con toda facilidad a senderistas y a dejar que éstos fueran prácticamente quienes controlaran las cárceles.

Sin embargo, con el autogolpe del presidente Fujimori en 1992, las condiciones para los presos acusados de terrorismo cambiaron, Sendero perdió los controles que tenía, pero al mismo tiempo las nuevas leyes y medidas carcelarias impuestas por el gobierno dieron pie a situaciones que organizaciones de derechos humanos consideran ``inhumanas y de virtual exterminio'' para los presos acusados de terrorismo.

En las cárceles de Perú --indican los reportes de personas y organismos de derechos humanos que tienen acceso a las mismas--, las celdas que están diseñadas para dos personas, las ocupan entre tres y seis internos hacinados en un espacio de dos por tres metros, con dos planchas de cemento y nula entrada de luz.

Además, los presos acusados de terrorismo están sometidos a 23 horas y media de encierro en su celda y sólo media hora de patio, contraviniendo la norma establecida por la Organización de las Naciones Unidas de una hora como mínimo de salida al patio para los internos. Por lo que toca a la comida, se reduce a una infusión (té) en la mañana, al mediodía algún caldo con arroz y en la noche otra infusión.

Sobre las condiciones de salud, los mismos reportes indican que están proliferando las enfermedades mentales como paranoia, depresiones y neurosis, provocadas por el ``régimen de aislamiento tan estricto que existe''.

Como ejemplo, se cita que en la cárcel femenil de máxima seguridad de Chorrillos, hay actualmente 317 mujeres acusadas de terrorismo, de las cuales 17 reciben tratamiento psiquiátrico.

Sobre tuberculosis, hay prisiones donde es muy grave, como en Cantogrande, donde el 10 por ciento de los mil 200 detenidos por terrorismo padecen tuberculosis pulmonar. Un mal común del que nadie se escapa son las enfermedades en la piel, producto de los hongos por humedad, lo mismo que proliferan los enfermos de gastritis y úlceras.

Los reportes citados indican que las condiciones de aislamiento comienzan cuando el preso es detenido, pues quienes son acusados de terrorismo no tienen derecho a ver a ninguna persona durante un año, y posteriormente sólo se les permite ver a un familiar directo media hora cada mes, a través de cristales que sólo dejan ver las siluetas de las personas.

--¿Y estas condiciones son las mismas para todos los presos, o son únicamente para los acusados de terrorismo?

--Bueno, hay diferencias. Diferencias que no significan que el resto de los presos que no están acusados de terrorismo tengan buenas condiciones carcelarias, no. Si pudiéramos decirlo en pocas palabras, la diferencia es que mientras para los presos en general sus condiciones son inhumanas, para los acusados de terrorismo son condiciones de exterminio, señala la activista de derechos humanos Susana Villarán.

--¿Usted cree que en esta lucha contra los grupos terroristas, el gobierno del presidente Fujimori ha incurrido en terrorismo de Estado?

--En los primeros años del gobierno de Fujimori sí. Tiene cerca de 700 personas detenidas y luego desaparecidas en acciones de grupos militares. Además hay hechos que han dado la vuelta al mundo, como la masacre de Barrriosanto en noviembre de 1991, donde fueron asesinados, en una quinta muy vieja y muy pobre, por un comando del sistema de inteligencia que dirige Vladimiro Montesinos, 15 civiles, entre ellos un niño de ocho años.

Y luego el crimen de La Cantuta, en julio de 1992, cuando el comando Colina incursionó en la Universidad de noche, secuestró a nueve estudiantes y un profesor; los torturó, los mató, los quemó y los enterró clandestinamente''.

Sin embargo, indica Susana Villarán, los integrantes de estos grupos ``sólo purgaron cárcel durante ocho meses, pues el gobierno los amnistió y salieron libres''.

Aclara, sin embargo, que en los dos últimos años casi no se han registrado despariciones en Perú, y ``esto hay que reconocerlo porque nosostros no somos opositores políticos o fanáticos de Fujimori. Entonces hay que decir las cosas como son. Nosotros no podemos ser mezquinos, y yo creo que además de la disminución de la violencia se ha añadido un factor de cambio en la política antisubversiva. Pero que se utilizaron antes métodos de terrorismo de Estado, claro que sí se ha hecho''.

--Sin embargo, pareciera que aquí en Perú la opinión pública está dividida y que una parte importante de la sociedad apoya todas estas acciones del Estado.

--Sí, hay que reconocer que la gente acabó muy harta del terrorismo, que los crímenes de Sendero, pero también del MRTA, han hecho que la opinión pública en general vean mal cualquier medida en favor de quienes están presos. De hecho a los organismos de derechos humanos se nos ha acusado de ser proterroristas.

``Entonces, bueno, esta tarea es difícil porque donde hay violación de derechos humanos hay conflicto, y ser parte de un conflicto no es algo que le granjee a nadie simpatías de la opinión pública; a veces se tienen que defender causas muy antipopulares, como es esta de las condiciones de vida de los presos terroristas, o bien denuncias a los militares.

``Pero el Estado debe ser superior a la barbarie de cualquier grupo terrorista y eso es por lo que uno lucha, de otra forma el Estado acaba siendo lo mismo que lo que combate''.