ASEDIO JUDICIAL Y MILITAR EN LOS LOXICHAS

José Gil Olmos, enviado, III y última parte, Los Loxichas, Oax., 27 de diciembre Temerosos ante nuevas aprehensiones, sin autoridades que suplir el próximo primero de enero y con la vigilancia estrecha de los judiciales y soldados acantonados en la entrada de la cabecera municipal de San Agustín Loxicha, los indígenas zapotecos de esta zona advierten: ``nos están obligando a defendernos con lo que tengamos en la mano''.

Por su parte, los 38 campesinos, indígenas y maestros detenidos por la Policía Judicial del Estado y acusados de participar en el ataque eperrista del 29 de agosto en La Crucecita, Huatulco, enfrentan una situación más complicada porque, afirma el abogado defensor Israel Ochoa Lara, dos jueces se han declarado incompetentes y su caso se encuentra ``en el limbo''. Se espera que el Poder Judicial de la Federación defina qué juez lo retomará, precisó el abogado que también ha sido sujeto de persecución judicial acusado de ser asesor legal del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Retén de la Policía Judicial del Estado y de la
Policía Militar, instalado para localizar a
presuntos miembros del EPR. Foto: Ana Isabel
Patiño

Conjuntados en la Unión de Pueblos en Contra de la Represión de la Región Loxicha, creada hace unos tres meses, los habitantes de Los Loxichas manifiestan que ``la dignidad nos obliga a defendernos'' ante las operaciones ordenadas por el gobierno estatal y federal en acciones de contrainsurgencia en esta región considerada enclave del EPR.

Y para esto, sentenciaron desde noviembre, ``nuestros habitantes responderán con lo que tengamos en la mano para repeler todo intento de represión (porque) el gobierno nos está obligando a una lucha desigual, porque ellos tienen armas poderosas, unidades móviles y agentes prepara- dos para sofocar manifestaciones, y nosotros sólo tenemos piedras, palos y machetes. Pero también tenemos lo principal: dignidad y decoro''.

Sin embargo, aclaran que no quieren la confrontación física con los policías y soldados ``porque son hermanos nuestros, pero sus incursiones nos están obligando a defendernos''.

Paradójicamente, estas advertencias de poco han servido. Sentados en el quicio de la puerta de su casa y después en el interior para evitar miradas furtivas, don Delfino y su familia advierten que algunos miembros de la comunidad, expulsados hace algunos años, son utilizados para espiar a quienes sospechan son miembros del grupo armado.

Dicen que en ocasiones al atardecer algunos se apuestan en la entrada de San Agustín Loxicha y cubriéndose el rostro con un trapo blanco recorren las estrechas veredas de la cabecera municipal.

Mientras tanto, en el puesto de la Policía Judicial, unos 100 agentes armados y con chalecos blindados construyen pertrechos alrededor de dos cuartos de adobe. Un militar vestido de civil guía los trabajos mientras las tropas del Ejército Mexicano vigilan la carretera que une la ciudad de Oaxaca con Pochutla. En las unidades portan una pancarta en la que anuncian ``auxilio turístico''.

Entrevistados en la ciudad de Oaxaca, los abogados de los 38 detenidos de Los Loxichas, Israel Ochoa Lara y Genaro Hernández, señalan con preocupación que los jueces quinto de Oaxaca y décimoprimero del Reclusorio Sur de la ciudad de México se declararon incompetentes para seguir el caso del grupo acusado de participar en las accciones del EPR.

Advierten la posibilidad de que los 25 indígenas -entre ellos cuatro maestros- presos en la penitenciaría de Ixcotel, a las afueras de la ciudad de Oaxaca, sean trasladados a un penal de máxima seguridad por orden del juez quinto de distrito. Por ello anuncian que solicitarán un careo con los habitantes de San Agustín Loxicha que los acusaron de formar parte de las filas eperristas.

Consideran que muchos de los detenidos podrían salir libres porque no hay pruebas de su participación en las acciones del EPR. No obstante, señalan que se trata de una acción política más que de justicia y por ende se trata de complicar más la defensa con el traslado de los detenidos a los penales de la ciudad de México e Hidalgo.

Consideraron que las operaciones que efectúan las fuerzas policiacas apoyadas por el Ejército Mexicano, además de las detenciones a algunos dirigentes de organizaciones sociales, es el mensaje presidencial de que se actuaría ``con toda la fuerza del Estado'' en contra de los grupos disidentes. Sin embargo, aseveran que se sigue hostigando a las organizaciones democráticas que trabajan de manera legal y han colaborado con el Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), con la intención de ``descabezar'' al EPR.

Inclusive denuncian que ellos fueron detenidos por la Policía Judicial Federal a las afueras del Palacio de Gobierno de Veracruz, e interrogados sobre el EPR, el FAC-MLN y el EZLN.

El 5 de septiembre, ambos viajaron a Jalapa, Veracruz, para entrevistarse con las autoridades estatales y definir el deslinde de tierras de la comunidad de Tatahuicapan, municipio de Playa Vicente. Después de dos horas de espera, recuerda Israel Ochoa, uno de los funcionarios les avisó que Roberto Tamayo, secretario técnico de la Secretaría General de Gobierno de Veracruz, no acudiría a la cita y los invitó a comer.

``Al salir del edificio una operación enorme de judiciales se desplegó. Nos detuvieron y nos llevaron a una camioneta donde nos esposaron y vendaron los ojos. Durante todo el día y la noche nos interrogaron. Preguntaban si conocíamos al EPR y al EZLN, si éramos asesores de los grupos armados, que cuándo íbamos a la sierra de Zongolica y cuándo a ver al subcomandante Marcos.

``También nos preguntaban si conocíamos al Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional (ECILN) que apareció en la Sierra Juárez de Oaxaca en mayo de 1994 y nos interrogaron por qué asesorábamos al Frente Popular Obrero Campesino (FPOC), lo mismo que sobre Ricardo Barco, Ranferi Hernández Acevedo, Ruta 100 y el FAC-MLN''.

Recuerdan que por la mañana los presentaron ante el Ministerio Público de Ciudad Isla, Veracruz, donde conocieron del oficio 0798/996 el cual informaba de que ``por una llamada telefónica anónima'' se supo de dos hombres que estaban involucrados en el ajusticiamiento de Rodolfo Soler Hernández, el 31 de agosto, quien fue quemado por la población de Tatahuicapan luego de ser acusado de violar y asesinar a Ana María Borromeo Robles.

Los dos abogados de los presos de Los Loxichas cuestionan el proceder del gobierno federal: ``¿Qué información tiene la inteligencia política que nos acusa de asesorar a los enemigos de la nación?''.

No obstante, para el procurador estatal, Roberto Pedro Martínez Ortiz, hay evidencias de que en esa zona existe el trabajo de grupos guerrilleros que han tratado de desestabilizar al país desde la década de los setenta.

Como ejemplo cita el hallazgo del marino Juan Borja Santos, a quien los eperristas secuestraron luego del ataque a La Crucecita. ``Encontramos al marino semien- terrado. Había sido ahorcado y tenía estallamiento de vísceras por lo que pensamos que fue golpeado. Después de muerto le llenaron la boca con tierra. Usted recuerda que cuando inicia la guerrilla con el ataque a Madera, decían que querían tierra. Cuando mueren todos engañados porque no había nadie en el cuartel y los van a enterrar, les llenan de tierra diciendo ``pues querían tierra''. Bueno, simplemente como reminscencia de eso, alguno de los que quedan hicieron lo mismo con el marino''.

Mientras en Los Loxichas los zapotecos insisten en negar la existencia del EPR, el procurador afirma que sin llegar a la ``cacería de brujas'' tienen investigaciones de que las autoridades municipales pedían ayuda a la población para el grupo armado y que bajo amenazas les exigían medio kilo de azúcar, un kilo de frijol o dos pesos al mes como colaboración.