Cayó 70% el poder adquisitivo durante 96

Andrea Becerril Para los trabajadores mexicanos, 1996 cierra con la caída histórica de sus ingresos y los fantasmas del desempleo y la miseria muy cerca, sin que el próximo año traiga esperanza de cambios. El mismo Fidel Velázquez, líder de la CTM, reconoció que no ve posibilidad de mejoría alguna.

Lo que ocurrió este año ``es la confirmación de una política antiobrera aplicada durante los últimos sexenios'', comentó el especialista Néstor de Buen. Agregó que el único elemento que podría influir para modificar ese negro panorama sería la con- formación de una nueva central, ``con sindicatos no tan dependientes, como los de telefonistas, del Seguro Social y el Mexicano de Electricistas (SME), y capaces de romper el viejo esquema corporativista''.

Durante 1996 el salario acumuló una pérdida de más de 70 por ciento de su poder adquisitivo; la mitad de la población trabajadora percibe hasta dos salarios mínimos, lo que la ubica en niveles de pobreza extrema; no se pudieron recuperar el millón de empleos perdidos en 1995; hubo reajustes de personal en la mayoría de las empresas; cerca de 3 mil contratos colectivos fueron modificados, para adecuarlos a la llamada nueva cultura laboral, y continuó la tendencia que data de décadas atrás de no acudir al derecho de huelga

A nivel federal, en 1996 sólo hubo 51 huelgas, menos del uno por ciento del total de emplazamientos presentados. En el Distrito Federal, donde se concentra 30 por ciento de los asuntos laborales del país, hubo 117 huelgas, cifra que representa 2.2 por ciento de los 5 mil 169 emplazamientos tramitados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Ante la magnitud de la crisis, la respuesta ha sido mínima, advierte el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Luis Méndez. Señala que los conflictos obrero-patronales se incrementaron 11 por ciento --la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje atendió 49 mil 743 demandas individuales, mil 41 colectivas y 20 juicios de naturaleza económica--, pero el arma obrera de la huelga se hizo a un lado.

Las huelgas han ido a la baja año con año. Así, mientras que en 1980 hubo 230 huelgas a nivel federal --en grandes y medianas empresas--, en 1992 sólo se realizaron 156; en 1993, 155; en 1994 se colocaron las banderas rojinegras en 116 empresas; para 1995, en 96, y este año que hoy concluye la cifra bajó hasta 57.

Las razones de ello, explica Néstor de Buen, especialista en derecho laboral, son varias. Por principio, desde la Ley Federal del Trabajo (LFT) misma, el derecho de huelga está sometido, ya que las autoridades laborales determinan la admisión o rechazo del emplazamiento.

Asimismo, agregó, la gran mayoría de los contratos colectivos de trabajo (CCT) están en manos de sindicatos mediatizados y la política seguida por Fidel Velázquez ``desde siempre'' ha sido amenazar con huelgas, ``pero al final rajarse. Por lo tanto, huelgas no hay, ni habrá''.

En materia de empleo, el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Bonilla García, reconoció que este rubro sigue siendo un problema acuciante, pues ni siquiera se recuperó el millón de plazas perdidas un año antes.

De acuerdo con datos de la CTM, hay 8 millones de personas desempleadas y 5 millones más subempleadas.

Fracasos en las batallas contra las privatizaciones

Aparte de la larga y masiva lucha de los trabajadores de Ruta 100 en contra de la privatización del transporte público en el Distrito Federal, en 1996 destacó la batalla emprendida por el sindicato petrolero en contra de la desincorporación de la petroquímica secundaria y la defensa de la seguridad social que llevaron a cabo los integrantes del Grupo de los Foristas, con los trabajadores del Seguro Social a la cabeza.

En todos los casos, sin embargo, los argumentos de la fuerza laboral se estrellaron contra la decisión gubernamental de llevar adelante su política de privatizaciones. En el caso de los afiliados al Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur-100), protagonistas ``del movimiento reivindicativo más importante de las últimas décadas'' --como lo calificó el analista laboral Huberto Juárez--, el 26 de abril pasado signaron un ``acuerdo político'' con las autoridades del Distrito Federal.

El convenio, firmado por los representantes de 8 mil trabajadores --que por 383 días se mantuvieron en la calle, boteando, realizando más de 100 marchas, plantones y mítines--, planteó como solución al conflicto la entrega de tres concesiones a los choferes del Sutaur, para echar a andar igual número de empresas de transporte; mil juegos de placas para taxis; otros empleos alternos y la liberación de sus dirigentes y del asesor jurídico Ricardo Barco.

``Nuestros compañeros hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir la privatización del transporte. Si la mayoría de la población se hubiera sumado a nuestro movimiento, nos habrían orillado a aceptar una solución desventajosa para los compañeros y de consecuencias negativas para la mayoría de los habitantes de esta ciudad'', comentó Barco, ya liberado meses después.

En tanto, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que encabeza Carlos Romero Deschamps, dio por su lado otra batalla para impedir la privatización de la petroquímica secundaria. Hubo movilizaciones de petroleros en Cosoleacaque --donde se ubica la primera planta a desincorporar--, en otras regiones de Veracruz como Minatitlán y en algunas entidades más.

Romero Deschamps planteó en todos los foros posibles, incluido el Consejo Político del PRI y en la 17 asamblea priísta, así como en la CTM --Fidel Velázquez se había manifestado en principio a favor de la desincorporación--, argumentos que demostraron la inconstitucionalidad de la privatización de ese sector de Pemex. Al final, hubo una modificación y el gobierno dio a conocer que sólo se permitiría 100 por ciento de capital extranjero en las nuevas plantas petroquímicas.

Igualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), al lado de las otras organizaciones del grupo conocido como foristas, siguió insistiendo en evitar la privatización de algunas áreas y servicios del IMSS, y trató de influir en la reglamentación de las administradoras de pensiones (Afores), cuya puesta en marcha se difirió seis meses.

Asimismo, también protagonistas de una batalla que no concluyó con éxito, fueron los integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaría de Pesca (SUTSP), dependencia que se restructuró al inicio del presente sexenio y se convirtió en la ahora Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).

La dirigencia del SUTPS no obtuvo finalmente la titularidad del sindicato de la Semarnap, pero ganó amparos y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demostró la inconstitucionalidad del apartado B de la ley burocrática, en la que no se respeta el derecho de libertad sindical.

El tema fue motivo de gran controversia después de dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que posibilitan que los trabajadores de empresas descentralizadas o paraestatales se rijan por el apartado A.

Ello causó inquietud entre la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la que podría perder la mitad de sus cerca de 90 sindicatos. La central burocrática organiza ya un congreso extraordinario a fin de adecuarse a los nuevos tiempos y evitar su desmembramiento.

Los foristas y los integrantes de la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo tomaron el Zócalo el primero de mayo, toda vez que Fidel Velázquez decidió suspender, por segundo año consecutivo, el desfile obrero.

Una de las pocas posibilidades de cambio para 1997, señaló Néstor de Buen, es que los foristas se constituyan finalmente en una fuerza sindical unitaria, capaz de enfrentarse al viejo estilo caciquil y corporativo del Congreso del Trabajo (CT), ``cuya decadencia e incapacidad para impedir la caída del salario y el desempleo fue evidente''.

Las acciones más importantes de la CTM este año fueron firmar con la cúpula empresarial la llamada ``nueva cultura laboral'', que no es más que un catálogo de buenas intenciones entre la dirigencia y los patrones, ya que no plantea medidas concretas para mejorar el salario o crear empleos