Uno de los rasgos más característicos de nuestros regímenes presidenciales de corte semicolonial es, además de la sumisión con que se lleva la relación con la matriz imperial, la forma autoritaria, dictatorial, prepotente con que se reviste el trato con los gobernados, quienes, a pesar del peculiar ``estado de derecho'' en que se les ubica, muy pocas ocasiones tienen de expresar al gobernante supremo sus problemas y angustias, necesidades y aspiraciones. Tal gobernante apoyado en ``la voluntad popular'' que formalmente los eligió, sostenido por un aparato de fuerza adecuadamente pertrechado y disciplinado y rodeado por el muro de ``peyote'' que le impide oír y ver a quienes están fuera del recinto amurallado, ejerce sus poderes y facultades con plena discrecionalidad, si no es con manifiesta arbitrariedad. Esta potestad omnímoda del presidencialismo típico constituye un elemento distintivo del presidencialismo de nuestro peculiar ``estado de derecho''.

Por ello, cuando un presidente desciende de su solio y acepta dialogar con sus gobernados, la sociedad entera se conmueve y, en vista de la generalizada desconfianza que a estas alturas despiertan los gestos presidenciales, adopta una de dos posibles posturas: o bien, algunos piensan que es una simple maniobra ``democratizadora'', a la que no debe dársele ninguna significación real, o bien otros, más confiados, ingenuos o esperanzados, aceptan la apertura presidencial y consideran recomendable utilizarla como camino para buscar soluciones consensadas entre el gobierno omnipotente y la sociedad a punto de estallar.

Tal fue el caso ocurrido el 16 de febrero de 1996, a más de dos años de la iniciación del movimiento armado de los indígenas de Chiapas y a casi a un año de la fecha presente, en el que la población chiapaneca de San Andrés Larráinzar, en que el gobierno federal y el EZLN convinieron en dialogar y enviar a las ``instancias de debate y de decisión nacional'' las propuestas conjuntas. En la misma fecha, las partes discutieron y aprobaron un rico pronunciamiento, expresamente aprobado por la reunión plenaria resolutoria del EZLN y el gobierno federal, sobre derechos y cultura indígenas.

La aprobación de este documento hizo renacer en muchos la esperanza de que al fin se habría encontrado un camino para la solución pacífica del conflicto armado, que habría de empezar con la elevación a rango constitucional de los acuerdos a los que se había llegado.

La organización legislativa plural Cocopa se dirigió a las partes enviándoles un anteproyecto de modificaciones a los artículos 4o., 18, 26, 53, 73 y 115 de la Constitución Política que regula el sentido y alcance de los acuerdos. A pesar de sus notorios defectos y su evidente limitación, una de las partes, el EZLN, con el propósito de facilitar la solución, envió su conformidad. En cambio, el presidente Zedillo, desautorizando tácitamente a sus representantes que participaron en los acuerdos y poniendo en duda la veracidad y confiabilidad de la Cocopa, pidió un inusitado plazo de 15 días para consultar la opinión de especialistas en derecho constitucional. En otros términos, el presidente Zedillo no reconoció validez ni obligatoriedad a los compromisos de San Andrés y, en forma increíble, pidió un plazo adicional para buscar argumentos para reabrir un debate que ya había quedado resuelto por el acuerdo de las partes.

Según se sabe, el presidente Zedillo ha enviado al EZLN, en forma altamente confidencial, un documento de objeciones, que la organización destinataria estudia y consulta con sus bases durante un plazo que vencerá el 11 de enero. Hagamos fervientes votos: a) para que el presidente Zedillo reconozca la obligatoriedad de los acuerdos ya concertados y en consecuencia, inicie el procedimiento para incorporarlos a los textos constitucionales; b) por que las objeciones o comentarios del presidente Zedillo no entrañen ni tácita ni expresamente el rechazo de la obligatoriedad de los acuerdos de las partes. Sería muy recomendable que los miembros del EZLN y sus asesores pongan su mejor buena voluntad para calificar los comentarios tardíos de Ernesto Zedillo.

Pero estimo que resulta fundamental destacar que si las contraproposiciones del presidente Zedillo entrañan un acto más de prepotencia o si significan un desconocimiento de la obligatoriedad de los acuerdos ya tomados y suscritos, el actual jefe de la Nación incurrirá en una grave responsabilidad al hacer abortar un serio y ya muy prolongado esfuerzo para encontrar la vía de una solución pacífica, justa y digna. Un caso más en el cual el ejercicio autocrático del poder presidencial se convertiría en un peligroso obstáculo para la paz y el progreso de México.

Con mi respeto, mi admiración y solidaridad a quienes iniciaron hace ya tres años el levantamiento armado. Tres años de heroísmo y de ejemplo a la conciencia de la sociedad mexicana