El día obliga al balance. Terminar 365 días lleva al ritual de juntar y separar, valorar y jerarquizar, de cerrar lo que ha quedado atrás. Hoy tenemos una lista de problemas que, al parecer, no tienen solución en el corto plazo porque están en las bases de un sistema de intereses y complicidades que se resisten a desaparecer.
1996 fue básicamente un año de preparación, de lucha por ampliar espacios políticos para democratizar al país; esta etapa se terminó, las nuevas reglas están aprobadas y empieza la fase de la lucha por el poder que será eje de 1997. En 1996 tuvimos un cuadro similar de conflictos al de 1995, con algunos cambios. Quizá, lo que se modificó en 96 fueron las perspectivas en las que se ubican los problemas, su peso específico, impacto social, y la perspectiva nacional para volver a medir y definir fuerzas, es decir, las elecciones federales de 1997.
Hacer una enumeración de todos los acontecimientos del año que terminó excedería los límites de este espacio, pero señalar un agregado de algunos problemas puede dar un esbozo de lo que fue 1996.
1) El frente insurreccional del país. Los elementos son: la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR); una instalación conflictiva de la mesa de verificación de acuerdos en Chiapas; una esquizofrenia gubernamental entre guerrilla buena y mala, sumada a la decisión de poner todo el peso del Estado para combatirlos, y un aumento de los operativos intimidatorios de un ejército, sin capacidad de contención real.
Crece el frente insurreccional, se agrava la descomposición social y de nuevo vamos a una elección federal en un clima agitado de incertidumbre. En los próximos días el tema de la ley sobre derechos indígenas será de gran importancia tanto en el Congreso, como en la opinión pública; a partir de su resultado se podrán evaluar tres años de negociaciones en Chiapas.
2) Los asesinatos políticos y el frente de los intereses del sistema. A medida que crece la necesidad social de resolver el caso, los datos, la dinámica institucional de la Procuraduría General de la República y las fiscalías especiales, el cambio de procurador, afianzan la creencia popular de que Colosio fue asesinado por los intereses de la cúpula gobernante. El aprendizaje puede ser: lo más probable es que no sepamos jurídicamente quiénes son los responsables intelectuales y sólo tengamos una versión popular de las causas. Lo relevante es que la paradoja sigue vigente: si se llega a castigar a los autores del crimen de Colosio sería el fin del sistema, y si no se llega, también podría ser el final.
3) La crisis económica y la ``recuperación'' oficial. Que el gobierno ha mejorado sus márgenes de maniobra, es un dato que no se puede negar, ya bajó el agua del cuello al pecho, pero no hay traducción a la microeconomía, a los salarios, empresas, a un esquema financiero que permita elevar la productividad y no sólo premie la especulación de corto plazo. La pregunta sigue vigente: ¿qué oportunidades tienen los que no exportan y viven del mercado interno? Durante todo el año el presidente Zedillo dejó muy claro que no hay más camino que el suyo. Los datos nuevos son los índices de recuperación y la reanudación del proyecto privatizador; se va a vender el resto. El problema de los deudores y de los movimientos sociales agrupados en los diversos barzones sigue vigente. El desastre financiero de miles de familias y empresas y la fragilidad de la banca, que poco a poco pasa a ser controlada por bancos extranjeros, no se ha solucionado.
4) La corrupción y el mundo de ``los malosos''. Los casos de la Comisión Conasupo y la punta del iceberg que ha significado el emblemático caso de Raúl Salinas de Gortari, muestran un sistema que ha llegado a sus límites. Lo que hace unos tres años era secreto a voces, como las conexión entre narcotráfico y narcopolítica, ha saltado al mundo de la opinión pública. Mientras no exista alternancia y división de poderes no habrá solución a la corrupción.
5) El frente electoral y la persistencia de la inequidad. El acuerdo sobre la reforma electoral que se dio a conocer en julio fue significativo por el consenso entre las principales fuerzas políticas; se logran avances muy importantes en las principales estructuras del proceso electoral mexicano. Sin embargo, la ley electoral, mayoriteada a manos del PRI en noviembre, rompió los consensos entre los partidos políticos que se construyeron con mucha dificultad durante 23 meses y mostró los nudos que impiden condiciones de equidad, reglas del juego electoral que soporten la democracia electoral y permitan, de una vez por todas, empujar un régimen democrático en este país.
1997 será un año en el cual los ciudadanos de nuevo podrán evaluar el desempeño de este gobierno y quizá decidan que ha llegado el momento de tener división de poderes. Si 1996 fue una prolongación de inercias y conflictos que no se resuelven, tal vez el próximo pueda ser un poco mejor, cuando menos ése fue el deseo que acompañó el rito de fin de año.