El EZLN ha logrado cambiar en mil 97 días las relaciones entre el poder y la sociedad, y eso al parecer es inadmisible para muchos, quienes se esfuerzan en olvidar la realidad de los pueblos indígenas de México.

1. El zapatismo nos ha recordado durante tres años la lección maya de que es posible resistir a las políticas del poder, doblegarlas y cambiar el estado de cosas, y todo ello más allá del escenario institucional, de ahí las dudas ``de Zedillo'', para cumplir lo acordado en San Andrés. Un régimen que ha logrado prevalecer por su capacidad para imponer las decisiones en el escenario de los partidos políticos, a juicio de muchos, sentaría un precedente peligroso aceptando cambios constitucionales negociados con la sociedad civil.

2. La resistencia de Los Pinos a cumplir los acuerdos que firmó en los Altos de Chiapas pone de relieve que el régimen presidencialista y de partido de Estado sigue en pie, y que la política de dobleces no ha cambiado en nada. La actitud del EZLN ha sido, por el contrario, impecable: aceptado el papel de la Cocopa, que tendría la responsabilidad de volver los acuerdos una iniciativa de adiciones a la Constitución, no cuestionó en nada el texto propuesto. Pocos contaban, sin embargo, con que Zedillo se echaría atrás con una gran irresponsabilidad política.

3. La comunicación ``confidencial'' enviada por Zedillo a los zapatistas (19 de diciembre) objetando la propuesta de los legisladores, que de antemano se había comprometido a aceptar, pone ante todo en entredicho a la delegación gubernamental que ``negoció'' en Chiapas, y evidencia la falta de seriedad del propio gobierno, mostrando que en los cuatro meses que duró la Mesa I actuó irresponsablemente, pues antes de suscribir los acuerdos tuvo la oportunidad de consultar a los juristas en los que ahora pretende apoyarse.

4. Las observaciones de Zedillo, que en la interpretación de los zapatistas no fueron ``un sí o un no'' (1o. de enero), de hecho, constituyen una negativa suya a aceptar la propuesta de la Cocopa, evidenciando la falsedad de sus declaraciones sobra la autonomía del Legislativo. De presentar los integrantes de la Cocopa su iniciativa, Zedillo podría oponerse a ésta por dos vías: a) de acuerdo a las prácticas del ``sistema'', dando ``línea'' a los legisladores del PRI para que votasen en contra, o b) en términos del régimen constitucional, haciendo uso del derecho de veto consagrado en el artículo 72, lo que obligaría a una nueva discusión por la Cámara de origen. En ambos casos esto sería, sin embargo, inviable políticamente, pues pondría en evidencia que el gobierno se opone a lo que ya ha firmado.

5. Los ``nuevos'' argumentos en contra de que se reconozca en el artículo 4o. constitucional al derecho a la autonomía, esgrimidos por algunos juristas como Ignacio Burgoa (Proceso, Núm. 1052), no son coherentes. La afirmación de que las adiciones son improcedentes porque a) alterarían el actual sistema de gobierno, b) crearían ``un poder indígena'' que dividiría a la sociedad, c) fragmentarían el Estado de derecho y/o d) afectarían a la propia Constitución, implica olvidarse de que el gobierno reconoció ya el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía al suscribir en 1990 el Convenio 169 de la OIT, aceptando que estos derechos ``deberán protegerse especialmente''.

6. Los señores juristas que ahora se rasgan la toga porque está a punto de reconocerse la autonomía indígena a nivel constitucional guardaron silencio el otoño de ese año, cuando dicho Convenio fue ratificado por el Senado, y se olvidan ahora que, conforme al artículo 133 constitucional, los tratados son ``ley suprema de toda la Unión''.

7. La ``argumentación'' de estos abogados los lleva incluso a desconocer la gravísima situación prevaleciente en la entidad (y en el país) y a la propia legislación votada por el Congreso de la Unión para resolver el conflicto. En Chiapas existen miles de campesinos indígenas levantados en armas y un estado de guerra (suspendido sólo por la ley del 11 de marzo), que obliga a ambas partes a negociar; ello sin olvidar que en los últimos tres meses además del EPR se han manifestado en el país otras dos fuerzas armadas.

8. La negociación de San Andrés es legítima y es también legal, lo que constituye un triunfo de los zapatistas. Decir que la Cocopa o el EZLN no tienen ``ninguna autoridad'' y son ``grupos de facto'' pero no de Derecho, como lo hace el propio Burgoa, es una tontería. El EZLN es una de las dos partes en el conflicto, reconocida por la propia ley, y la Cocopa es nada menos que la comisión de diputados y senadores a la que la ley reconoce un papel en la negociación.

9. El desafío es ahora para la sociedad civil. La autonomía indígena tiene una trascendencia nacional, por lo que las reformas son de importancia para todos. La interpretación de los Acuerdos de San Andrés no puede reducirse a fórmulas imprecisas, como no puede estar tampoco por debajo de lo suscrito por el gobierno en Ginebra.

10. La reforma sería en todo caso solamente el principio del camino hacia el cambio. Los problemas sociales y económicos de Chiapas (y del país) no dejan de crecer, y la paz no puede llegar, si prosigue el olvido.