El año que se cierra con el tercer aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se distinguió por los constantes esfuerzos encontrados en la búsqueda de la paz.

Del lado oficial la disposición al diálogo parece haberse agotado en la asistencia de sus delegados a las sesiones en San Andrés. A lo largo de 1996 no hubo indicios de que el gobierno federal quisiera convertir los acuerdos firmados en hechos concretos así como tampoco hubo ninguna intención de disminuir la presión militar. En las vísperas o durante las sesiones del diálogo, los hechos violentos de fuerzas gubernamentales, guardias blancas o grupos políticos armados, contra la población civil, fueron una constante.

Del lado zapatista destaca, en síntesis, la disposición a transformar las innumerables sesiones de diálogo en acuerdos específicos que se concreten en hechos reales. En la construcción de esa salida política el EZLN ha buscado una relación cada vez más cercana y amplia con sectores de la sociedad civil mexicana y de la de muchos otros países que siguen cuidadosamente el curso de los acontecimientos nacionales. Se mostró en la práctica que las esperanzas de conquistar las condiciones para una vida digna no están depositadas en el gobierno, sino en la organización independiente de la sociedad civil sin cuya participación decidida no es posible esperar ningún cambio, mucho menos cambios positivos hacia la mayoría de la población.

Se dice que las demandas originales que el EZLN hizo públicas junto con la declaración de guerra del 1 de enero de 1994 siguen siendo problemas vigentes lo cual evidenciaría que, a pesar de las armas y del diálogo, en Chiapas todo está igual que hace tres años.

Como contrapartida y con la obvia intención de descargar de responsabilidades al gobierno federal y al estatal, en el último año se insertaron constantemente notas en la prensa mediante las cuales se pretendía dar cuenta de presupuestos millonarios destinados a combatir la pobreza en Chiapas, sin que nadie sepa quién recibió los beneficios. La derrama --real o ficticia-- de recursos económicos que no se trasforman en beneficios sociales en una entidad en la que todo hace falta a la mayoría de la población, comprueba que no es la escasez de dinero sino la ausencia de objetivos sociales la que explica las limitaciones del poder y la incapacidad inherente al gobierno mexicano ante las carencias de la mayoría de la población.

El modelo seguido en Chiapas es la estrategia para todo el país: una política económica con objetivos que excluyen a la mayoría de la población y paralelamente un fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado. Hasta ahora se ha visto que las principales demandas de los zapatistas, al igual que las de la mayoría de la población, son irresolubles para el gobierno; resultan antagónicas a los objetivos perseguidos por los grupos dominantes, desde el poder.

Es sintomático que las sucesivas crisis del diálogo tengan como causa común acciones y omisiones gubernamentales que desde cualquier posición permiten ver la renuencia oficial a la satisfacción de demandas populares. El ejemplo último y más significativo es el retraso en el cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas y las objeciones públicas de defensores oficiosos de los intereses gubernamentales.

Bajo el modelo neoliberal todos los actos de gobierno conducen a la consolidación de un país en el que predomine una sociedad atomizada, pulverizada, individualista; una economía en la que sólo tienen derecho a ser actores los grandes capitales; una política en la que, al igual que en el mercado, sólo tienen acceso los pocos elegidos del poder; una democracia que excluye al pueblo y deja los asuntos políticos en manos de grupos ``funcionales al sistema''. Por eso la participación de la sociedad civil en general, la defensa de la vida comunitaria de los pueblos indígenas, la prioridad de valores como la dignidad por encima del dinero, son incompatibles con el proyecto de país que día a día se impone a México desde el exterior a través del gobierno federal. Se trata, pues, de proyectos distintos sobre los que, directa e indirectamente y con no pocas dificultades, se discutió durante el tercer año del alzamiento zapatista y cuya definición está todavía pendiente.