La justa preocupación que se ha manifestado en la sociedad y en el gobierno ante las violaciones a los derechos humanos y laborales que se cometen en contra de nuestros connacionales allende nuestras fronteras, debe traducirse en la misma preocupación por las que se cometen en nuestra propia casa.

En el Valle de San Quintín, en Baja California, se violan cotidianamente los derechos fundamentales de miles de mexicanos. Documentos proporcionados por varias organizaciones de jornaleros agrícolas, muestran que muchos mexicanos viven en condiciones infrahumanas. Algunos patrones en el Valle de San Quintín se comportan como hacendados de principios de siglo.

Las violaciones a la Ley en que algunos de estos patrones incurren, llevan implícito un componente adicional de racismo. El problema no es nuevo, tiene décadas de ser una herida abierta que se ha pretendido soslayar. Muchos de los jornaleros son ciudadanos indígenas provenientes de Oaxaca y Guerrero. Tanto los recién llegados como aquéllos que llevan varios años asentados, sufren las mismas deplorables condiciones. Las denuncias son muy concretas. Los jornaleros trabajan en condiciones irregulares, muchas veces sin contrato y en condiciones claramente violatorias a lo que la Ley establece para los trabajadores rurales.

Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, los bajos salarios y la falta de una cobertura suficiente de los servicios de salud, aunado al uso de pesticidas y plaguicidas sin el cuidado debido, condenan a la muerte temprana y a la enfermedad a un elevado número de mujeres, hombres y niños. Enfermedades y muertes que son evitables.

Igualmente, se señala el empleo de menores de edad en jornadas de trabajo que exceden con mucho los límites establecidos por la Ley, que fija limitaciones concretas al trabajo infantil y reglamenta con precisión el trabajo de los menores, limitando la jornada laboral para evitar un deterioro físico y mental que dañe su desarrollo posterior. Esta misma situación obliga a los jornaleros a trabajar en condiciones de inseguridad para ellos y sus familias. Los casos de violencia y de violación a su integridad física y moral no son pocos. La perspectiva de los ancianos jornaleros es la de ser desechados después de haber dejado la vida en un trabajo que no les garantiza ninguna seguridad.

Este problema no es privativo de Baja California, involucra otros estados donde se presentan condiciones de vida y de trabajo similares, importa también porque la mayoría de los jornaleros proviene de algunos de los estados más pobres del país. Es, por lo tanto, un problema de importancia nacional.

La suma de problemas y la búsqueda de su solución abarca no sólo la esfera de la responsabilidad del gobierno de Baja California, sino también requiere de la concurrencia del gobierno federal y del esfuerzo de otros gobiernos estatales. Con respeto a la soberanía del Estado, pero sin eximirlo de la responsabilidad que tiene, se deben buscar las soluciones que, conforme a la Ley, procedan.

Este asunto no se refiere sólo a una desaveniencia salarial o laboral entre partes, estamos hablando de la violación sistemática a la Constitución General de la República y las leyes fundamentales. ¿Dónde están ahora los constitucionalistas que se indignan ante una iniciativa que pretende mejorar las condiciones de vida de los indígenas, pero callan ante el hecho concreto de la violación cotidiana de sus derechos más elementales?, ¿acaso se fueron de vacaciones?

La intervención decidida de las instituciones republicanas es imprescindible para evitar que el ahondamiento de la situación actual derive en una agudización de las contradicciones presentes en San Quintín, que signifiquen una mayor violencia y polarización que a nadie beneficiaría.

La Ley no debe ser letra muerta en ninguna porción de la Patria.