El fallo absolutorio que libera a siete acusados de tránsito y posesión de armas destinadas a los zapatistas responde a una vieja reivindicación del EZLN y ayuda a distender el panorama político nacional en vísperas de las resoluciones que deberán adoptar la semana próxima los mandos políticos de esa organización, sus asesores y los dirigentes indígenas.

Existe, en efecto, un nexo indirecto entre esta sentencia judicial, que anula una condena anterior, y la larga y laboriosa tratativa entre los representantes gubernamentales y la dirección zapatista que se ha estado realizando en San Andrés Larráinzar sobre los derechos indígenas, y que se ha caracterizado por una interminable negociación sobre propuestas y contrapropuestas que hasta ahora no ha permitido encontrar la solución del añejo conflicto en Chiapas.

La supresión de este obstáculo a la búsqueda de una solución política y pacífica al levantamiento chiapaneco del primero de enero de 1994 ayudará ahora sin duda a disipar desconfianzas, pues el EZLN consideraba a los presos de Yanga casi como rehenes y constantemente ha demandado su liberación.

El discurso del presidente Ernesto Zedillo en la celebración solemne de la paz en Guatemala había destacado ya la necesidad de optar siempre por la solución negociada, política, no armada de los conflictos sociales y étnicos presentes en nuestro continente, y había hecho esperar, por lo tanto, que en nombre de la coherencia se despejase también en Chiapas, en la frontera misma de Guatemala y, en una situación similar desde el punto de vista étnico y económico, la vía para la conclusión acelerada de la situación de guerra latente que allí se vive desde hace tres años.

Sobre todo porque el país necesita paz y tranquilidad para su recuperación económica y, además, no puede permitirse el lujo de un conflicto armado, con su posible extensión a otras partes del territorio nacional, a pocos meses de importantes citas electorales.

La Justicia es un poder independiente de los otros poderes constitucionales pero la coincidencia entre esta sentencia que absuelve a los siete presos de Yanga y los esfuerzos parlamentarios en pro de la paz interna y de una legislación que responda a las más sentidas reivindicaciones indígenas, hace esperar que también el Ejecutivo tienda puentes concretos hacia un acuerdo definitivo en Chiapas para permitir la reinserción de los zapatistas en la vida legal por medios políticos y pacíficos. En este sentido es importante y urgente mantener abiertos y despejar de todo obstáculo los canales efectivos de negociación sobre los derechos indígenas, que son la piedra de toque de la voluntad de pacificación y que acaban de ser reconocidos por la comunidad internacional en las ceremonias en Guatemala.