Los 7 zapatistas de Yanga, libres

Blanche Petrich Ť La sentencia absolutoria dictada a los siete presuntos zapatistas detenidos hace dos años en Yanga, Veracruz, y que el juez del Tercer Tribunal Unitario guardó en su cajón desde la segunda semana de diciembre, fue notificada finalmente ayer por la tarde al grupo de prisioneros.

Pocos minutos después de las nueve de la noche, ya libres, fueron abrazados por activistas del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ante el portón del Reclusorio Norte.

Los detenidos en Yanga, Veracruz, bajo la
acusación de ser presuntos zapatistas, son
recibidos por sus familiares al salir del
Reclusorio Norte. Foto: Cristina Rodríguez

``No hubo justificación ni nada para que nos tuvieran allí adentro. Ahora nos dicen que estamos absueltos; para eso ya nos tuvieron aquí dos años, fue inútil'', expresó Luis Sánchez Navarrete, uno de los cinco chiapanecos que con bultos, cajas y sin el clásico ``usted disculpe'' fueron despachados del sector varonil del penal.

Alvaro Castillo Granados, Ricardo Hernández López, Hilario Martínez Hernández y Martín Trujillo salieron junto con él. Del sector femenil fueron liberadas Rosa Hernández Hernández y Hermelinda García Zapahua.

Durante una breve conversación con La Jornada, Sánchez Navarrete expresó acerca del aprendizaje de estos 24 meses que permanecieron en la cárcel: ``Vimos que este país está lleno de toda injusticia''.

De la solidaridad recibida: ``Tanto afuera como adentro, el apoyo de muchos compañeros fue lo que nos mantuvo vivos. No nos sentimos solos. A pesar del encierro muchas veces sentíamos que podíamos caminar afuera, con los compañeros''.

Del gesto que su liberación significa por parte del gobierno: ``Todavía hace falta que el gobierno demuestre que quiere una solución por la vía pacífica''.

Este grupo de chiapanecos radicado en el estado de Veracruz fue detenido el 9 de febrero de 1995 en su domicilio, en Yanga --donde funcionaba un taller de bicicletas--, durante un operativo en el que participaron unidades mixtas de las policías judiciales estatal y Federal, así como militares. Fueron trasladados --con los ojos vendados-- por avión a esta capital, a un sitio desconocido pero que se presume fue el Campo Militar Número Uno.

Allí estuvieron cautivos junto con otro grupo de chiapanecos que habían sido detenidos en una acción similar, aunque cruento --con resultado de un policía muerto-- en Cacalomacán, estado de México, y con Gloria Benavides, capturada en la colonia Narvarte.

En ese lugar fueron torturados hombres y mujeres, y obligados a firmar una declaración ministerial de la cual, horas después y ya ante el Ministerio Público en el Reclusorio Norte, se retractaron.

En abril de ese año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó conocimiento del asunto y emitió una recomendación en contra de las autoridades judiciales por las torturas infligidas a ese grupo de presos.

Cuando el grupo de Cacalomacán fue trasladado al penal municipal de Alomolya de Juárez, en el estado de México, también se denunciaron las torturas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) mexiquense, pero la entonces presidenta de esa instancia, Mireille Roccart, no respondió a la denuncia ni le dio seguimiento alguno.

En agosto de 1996, el juez federal del sexto distrito dictó sentencia en contra de los detenidos de Yanga por cargos de posesión, traslado y fabricación de armas, y los condenó a seis años y nueve meses de prisión y 490 pesos de multa.

La defensa de los detenidos, a cargo del equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, presentó una apelación a la que se le dio cursó hasta octubre, durante una audiencia de vista. Tres meses después, con varias semanas de demora, finalmente se le dio curso con la sentencia absolutoria.

Digna Ochoa, una de las abogadas encargadas de la defensa de ese grupo, comentó a este diario que con la resolución judicial a favor de los presuntos zapatistas ``finalmente cae por su propio peso la declaración del presidente Ernesto Zedillo del 9 de febrero de 1995. Corresponde ahora a la Procuraduría General de la República (PGR) reconocer que nunca tuvo elementos para mantener a estos jóvenes en prisión y que los delitos fueron prefabricados''.

La abogada agregó que aunque ``no hay compensación posible por el tiempo perdido en prisión'', la PGR debe integrar la averiguación previa iniciada desde mayo de 1995 en contra de quien resulte responsable por las torturas a las que fueron sometidos los detenidos al momento del interrogatorio.

Por lo pronto, como expresó Rosa Herández Herández: ``Atrás quedaron dos años de cárcel; pasamos un poco duro el encierro, sin ver a la familia''. Hacia adelante: ``Seguimos siendo zapatistas, así como todos, como cualquier otra organización, como cualquier lucha abierta''