Una de las características del proceso de liberalización en el que se ha embarcado a la economía mexicana en la última década es su instrumentación por parte del gobierno. Los mecanismos de liberalización se han topado con fuertes resistencias de tipo estructural e institucional. En el primer caso, la estructura productiva del país no ha respondido al tipo de estímulos que supuestamente se han generado. Sólo los grandes negocios con capacidad monopólica o cuasi-monopólica han logrado crecer y afianzarse (la excepción son los bancos, que han contado con todo el apoyo directo del Estado para sobrevivir). Ello ha llevado a una fuerte concentración de los capitales, mientras que prácticamente el resto de las empresas en todas las actividades productivas ha visto reducida su capacidad de reacción, sus posibilidades de crecimiento y su rentabilidad. En términos institucionales, la conformación de los mercados no ha llegado a crear un régimen de expansión y de eficiente asignación de los recursos; así, ha disminuido la capacidad de generar empleos e ingresos y no se pueden reconstruir las condiciones del aumento de la producción.

En el terreno institucional, el mismo gobierno ha sido incapaz de infundir el credo político y económico liberal que confiesa públicamente. La política económica, enfrentada primero al entusiasmo reformador, condujo por el camino de la crónica debilidad del sector externo. La devaluación de fines de 1994 enfrentó al gobierno actual al rigor de administrar el resurgimiento de la crisis económica. La inflación y la brutal caída del producto durante 1995 crearon, efectivamente, condiciones poco propicias para un régimen liberal. Este régimen es incompatible con las restricciones que existen para consumir, invertir, ahorrar, y con la incapacidad de los agentes económicos para tomar decisiones más allá de un plazo que cada vez es más corto. En la economía mexicana se han ido achatando continuamente los horizontes de las decisiones económicas, las acciones en los mercados están sujetas, primordialmente, a las fluctuaciones diarias de las variables financieras y las expectativas son inciertas y muy volátiles. Esta fue la situación prevaleciente en 1996 y seguirá siendo en 1997.

La creación de un régimen liberal en una sociedad no se desprende de diseños preconcebidos, no existe el mapa para encontrar el tesoro escondido, no hay recetas generales. En efecto, es necesaria la adaptación a las condiciones particulares de esta sociedad. Vaya, lo que se requiere es el arte de hacer política y política económica. Todos los gobiernos intervienen en la gestión de un régimen económico por más liberal que éste sea, o se proyecte como tal. Hay que reconocer que la promoción de las pautas de una economía liberal en México no han tenido éxito. Y ello no se debe a los excesos cometidos por el Estado, como pretenden los críticos de derecha. No hay capitalismo sin Estado. El fracaso está en la forma de intervención del gobierno, en el tipo de alianzas que ha forjado, en las opciones que toma, en la falta de una estrategia bien definida e instrumentada, en la falta de continuidad, en la improvisación y la corrupción.

Situados en el mismo plano de las doctrinas oficiales con respecto a la constitución de un régimen liberal, es visible que la política económica que se está aplicando no logra reducir las restricciones que enfrenta la producción. Ello es en sí mismo un asunto grave y abierto al debate nacional en todos los frentes, pero se agrava con acciones contradictorias por parte de las autoridades. Un caso ejemplar es el de la nueva Ley de Cámaras que vuelve a imponer condiciones a las empresas, ahora mediante un registro obligatorio en la Secofi y una especie de concesión que esta dependencia hace a las cámaras ya establecidas para seguir ejerciendo un control de tipo corporativo. La medida tiene problemas legales que la hacen muy cuestionable y que ponen en evidencia la forma de operación de esa dependencia, pero mantiene además las restricciones a la acción libre de quienes requieren de espacios efectivos para actuar en los mercados. La libertad económica en México no se está forjando en el marco de los amplios acuerdos sociales que se requieren, y ello hace al país más vulnerable y pospone efectivamente el mejoramiento de las condiciones de vida y el aumento de las oportunidades.