La invitación abierta que ha formulado el PRD para la concertación de una alianza política de todos los partidos destinada a operar en las elecciones de 1997, se basa en el supuesto de que todos ellos coinciden en un objetivo estratégico único: impedir que, en la composición de la próxima Legislatura federal, el PRI conserve la mayoría. Por un afán simplificador (o por otras motivaciones) se oculta que los efectos pretendidos serían limitados, aun en el supuesto de que se obtuviese éxito en el ámbito estrictamente electoral.

La bandera enarbolada por los dirigentes perredistas es, a primera vista, atractiva para los sectores de opinión que pugnan por frenar las políticas del gobierno federal, particularmente en el campo de la economía. Es obvio que si el PRI pierde el control mayoritario del Congreso de la Unión, el presidente Zedillo tropezaría con dificultades para continuar aplicando las estrategias económicas que son el eje fundamental de su programa de gobierno, toda vez que los instrumentos legislativos que requiriese a partir de septiembre del presente año, muy probablemente serían rechazados por una nueva mayoría compuesta por los diputados y senadores de la alianza interpartidista que el PRD propone desde ahora. Esta situación podría ser particularmente conflictiva en lo concerniente a la aprobación del Presupuesto de Egresos, cuya obstrucción pondría en un grave predicamento la funcionalidad del conjunto de la Administración Pública.

Este es, presumiblemente, el escenario en que están basados los cálculos de la dirigencia del PRD y el principal argumento para vender la idea de una alianza de ``todos contra el PRI''. ¿Sería el escenario real? ¿Operaría la alianza más allá de la etapa electoral?

Aunque el PRD no ha sido suficientemente explícito acerca de los mecanismos de la alianza interpartidista, las opciones se reducen a una coalición total, en los términos previstos por el Cofipe, o un acuerdo político suscrito sin sujetarse a prescripciones legales y cuyo contenido y alcances sería determinado libremente por los partidos signatarios.

La coalición total estaría limitada al proceso electoral, pues una vez concluido éste, los senadores o diputados que resultaren electos deberán integrarse al grupo parlamentario de su partido de origen. Las previsiones legales permiten que el convenio de coalición determine los grupos a que deberán integrarse los candidatos triunfantes, pero es irrazonable suponer que se convenga formar uno solo, pues ningún partido estaría dispuesto a quedar excluido. Por tanto, es absolutamente improbable la prolongación de la coalición electoral al interior del Congreso de la Unión, ni siquiera para los efectos de votar sistemáticamente como un bloque unitario, toda vez que las innegables diferencias ideológicas y los intereses políticos divergentes, emergerían inevitablemente, según la naturaleza particular de cada uno de los asuntos sometidos a su aprobación.

Un acuerdo político fuera del marco legal y, por consiguiente, de naturaleza más flexible, se enfrentaría a dificultades insalvables desde el desarrollo mismo del proceso electoral. Las candidaturas comunes no están permitidas por el Cofipe y la posibilidad de abstenerse de presentar candidatos propios para ``apoyar'' a los que hubieren sido postulados por otro de los partidos aliados, según las respectivas zonas de influencia, equivale a un acto suicida. Se benefician los partidos que, por sí solos, obtienen diputaciones de mayoría, pero los otros sufrirían una drástica reducción en sus porcentajes globales de votación, lo que a su vez se reflejaría en la disminución del número de curules o escaños de representación proporcional a que tendrían derecho.

He dejado para el final la objeción principal. Ni en el caso de cumplirse las previsiones más optimistas de los promotores de la alianza, la oposición lograría el control absoluto del Congreso de la Unión, por el simple hecho de que el PRI conservará su mayoría en la Cámara de Senadores, aunque perdiera los 32 escaños que estarán en disputa en 1997. A mayor abundamiento, para los efectos de reformas constitucionales, es también el PRI el partido que controla la casi totalidad de las legislaturas locales.

En conclusión: Toda vez que los partidos de oposición, aun formando mayoría en la Cámara de Diputados, estarían impedidos para sacar adelante sus programas, el objetivo de la alianza no puede ser otro que obstruir los actos de gobierno del presidente Zedillo. Es decir, quebrantar la gobernabilidad en el país.