La Jornada 5 de enero de 1997

Néstor de Buen
La única modernización posible

Leo en la sección agenda obrera de nuestra Jornada del pasado jueves que el secretario del Trabajo, Javier Bonilla García, a quien desde aquí envío mi más afectuoso saludo, anuncia la modernización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Noticia interesante.

El programa intentará modernizar la estructura y funcionamiento de la JFCA, fortalecer su autonomía, abatir los rezagos, simplificar los trámites y procedimientos internos, generalizar el uso de computadoras y mejorar el nivel profesional de su personal. La intención se complementa con el propósito de desconcentrar en el marco de la ley, las atribuciones necesarias de las juntas especiales que viven en la provincia a fin de acercar la justicia al lugar donde se reclama.

No pongo en duda la eficacia de los cambios materiales. Desde hace milenios, las audiencias se levantan con unas venerables máquinas Remington o algo parecido que hacen testamento al finalizar cada audiencia, a punto de lanzar su último suspiro. Cualquier error debe ser corregido con gomita, borrando hoja por hoja, con la consiguiente desesperación de partes, abogados, testigos, peritos y demás ejemplares visibles en el litigio. Y ¡ay del que se queje de lentitud!

Me parece plausible el mecanismo de pasar a la provincia más asuntos de los que ahora conocen. Eso estaría muy bien si se cumple una condición: que los asuntos colectivos (huelgas, principalmente) no sean monopolio del centro. Eso quiere decir que se resuelvan jurisdiccional y no políticamente. ¿Usted lo cree posible?

Se habla de mejorar el nivel profesional de su personal. ¡Estupendo! Pero también sería interesante que se mejorara su nivel moral. Y no me refiero solamente a que alguien pueda recibir unos centavillos de gratificación agradecida, sino al hecho de que, atendiendo a fuerzas superiores, los laudos se dicten en beneficio de las empresas del Estado o que al Estado interesan, con las firmas entusiastas de los presidentes de cada junta especial a pesar de que el asunto diste mucho de merecer ese resultado. Por ahí se dice que se procurará una mayor autonomía de la JFCA. ¿Es de verdad? Porque si los funcionarios son nombrados por la STPS, salvo el presidente que recibe el nombramiento del Presidente de la República y el presupuesto, la lanita deriva del presupuesto de la STPS y, a mayor abundamiento, el supuestamente autónomo presidente de la JFCA acuerda cotidianamente con el secretario del Trabajo, para que haya autonomía tendrían que cambiar muchas cosas.

Las cosas son tan serias, porque está provocado que lo sea por obra y gracia de la misma LFT, que aun con la mejor buena voluntad de los funcionarios --y en este momento tanto el secretario del Trabajo como el presidente de la Junta Federal merecen todo mi respeto y admiración-- la inercia las lleva a que la JFCA no sea otra cosa que el local en el que el gobierno obtiene siempre laudos favorables a los intereses de sus empresas o de sus cuates.

El viejo mito de la representación tripartita no sirve para nada, y que me perdonen los ilusos constituyentes de 1917, sin olvidar las advertencias en contra del viejo (que no lo era tanto) José Natividad Macías, que alertó desde entonces contra la profunda inmoralidad de unos tribunales de ese jaez.

La única alternativa para mejorar la imagen de las Juntas de Conciliación y Arbitraje es hacerles unas buenas fotografías, con adecuada iluminación que las haga ver bien, con una imagen realmente estética, y mandarlas al archivo con una bella reforma constitucional que atribuya a jueces de lo social, adscritos al Poder Judicial Federal, la competencia para resolver los conflictos laborales y, de paso, los derivados de la Ley del Seguro Social (si es que hay ley en el corto futuro y no una simple reforma de la Ley de Instituciones de Crédito).

No es que yo le tenga particular confianza a los señores jueces sino que le tengo una absoluta desconfianza a las señoras juntas.

Por ello, mi sugerencia al secretario Bonilla pasaría por la presentación de una Iniciativa presidencial que reformara la frac. XX del art. 123 constitucional con un modesto nuevo texto que encargue a los poderes judiciales, federal y locales, la solución de esos conflictos. Con eso la imagen de las JCA ya no sufriría más. Se los aseguro.