Iván Restrepo
Regalo de Día de Reyes
Cuando en julio de 1990, varios ciudadanos recibieron un muy bien redactado oficio del director general de Promoción Ambiental y Participación Ciudadana de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) pensaron que, finalmente, las autoridades iban a resolver el problema que por años los venía afectando en su salud y en el entorno donde residen. Luego de invocar diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico, el arquitecto Alejandro Díaz Camacho les decía que la ``denuncia popular'' que un año antes habían formulado por los daños que causara al ambiente la empresa Textiles Rovilán-Rovitex, estaba siendo atendida debidamente por corresponder a la Sedue ``prevenir y controlar la contaminación de la atmófera generada en el Distrito Federal por fuentes fijas que no funcionen como establecimientos mercantiles y espectáculos públicos''.
Mas pasaron los meses sin que los quejosos tuvieran noticia alguna de los funcionarios de la Sedue, mientras seguían soportando la exagerada descarga de emanaciones, hollines, olores, derrames y vibraciones provenientes de la empresa textil denominada indistintamente Rovilán, Rovitex o Sabatex, y ubicada en avenida Guadalupe I. Ramírez número 5600, colonia San Juan Tepepan, delegación Xochimilco. Esa situación la padecen tres veces al día, cada que se registra cambio de turno del personal que allí trabaja, pues dicha negociación realiza sus actividades en una zona residencial. Por ejemplo, colinda muro a muro con un inmueble donde residen 35 familias, además de albergar varios locales comerciales en su planta baja.
Los vecinos han tenido que soportar esas molestias durante los últimos 26 años y cada vez con mayor intensidad. En efecto, hasta 1979, la empresa textil trabajó con métodos casi artesanales, aunque no menos contaminantes. Pero desde 1980 elevó notablemente su capacidad de producción con lo cual también aumentaron sus efectos nocivos al ambiente por no contar con los equipos necesarios para evitar el deterioro del aire, controlar ruidos y malos olores. Todo ello incide en la salud y calidad de vida de los cientos de personas que viven en la zona. Agréguese a lo anterior el peligro constante que representan las instalaciones de la empresa por el mal estado de conservación de, por ejemplo, tres calderas.
Como la respuesta oficial no llegaba, entre 1990 y 1994 los denunciantes realizaron un largo y paciente peregrinar por diversas oficinas de Sedue y la posterior Sedesol: desde las ubicadas en Río Elba, en Tecamachalco e Insurgentes Sur, hasta las de Belén de las Flores, y una que otra dependencia del Departamento del Distrito Federal. Lo más que lograron saber verbalmente fue que la empresa había sido multada y hasta clausurada parcialmente. Pero el problema continuó, por lo que un mes antes de concluir el anterior sexenio, en octubre de 1994, solicitaron la intervención del entonces procurador federal de Protección al Ambiente, Miguel Limón Rojas. Le narraron en un emotivo escrito el problema y su viacrucis por oficinas públicas en busca de que se aplique la ley y cese la contaminación que tanto han soportado.
Como a veces los expedientes se olvidan con el cambio sexenal, en junio de 1995 le reiteraron al nuevo procurador, Antonio Azuela, la denuncia elevada seis años antes. Y de paso, le pidieron la clausura de la empresa y su reubicación en una área donde no cause daño. Le dicen igualmente que alarma saber lo que logra la influencia y el poder económico de los dueños de la negociación, perteneciente al grupo SABA, a los que poco afecta pagar una multa o promover un amparo que les permite seguir funcionando con un cúmulo de irregularidades. En paralelo pidieron en otro escrito la intervención de la maestra Julia Carabias, a la que le adjuntaron fotos que muestran claramente la contaminación por hollín y partículas ocasionada por la empresa. Luego, en agosto del mismo año, le reiteraron la denuncia y le solicitaron una entrevista para exponerle de viva voz el problema que los agobia.
No habiendo tenido respuesta alguna de los anteriores y los actuales funcionarios responsables de garantizar la calidad del ambiente y el cumplimiento de la ley, cansados de tantas burlas por parte de los dueños de la empresa textil, los vecinos exponen por este medio a la opinión pública su larga lucha contra una negociación que deteriora el medio y la salud de quienes viven a su alrededor. Como todavía le restan cuatro años a la presente administración, confían en los santos reyes y tienen la esperanza de ser atendidos efectivamente antes de que concluya. A la vez, dejan en este periódico a disposición de los funcionarios que deben resolver su denuncia, muestras del hollín que a diario arrojan las chimeneas de la fábrica textil y que recogieron de las azoteas de las viviendas aledañas. Por si alguna duda tienen del daño que ocasiona.