La Jornada 7 de enero de 1997

Implican al ex comandante García Gaxiola en el caso de Hodín Gutiérrez

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 6 de enero Ť El procurador general de justicia de Baja California, José Luis Anaya Bautista, reveló que son varias las líneas de investigación que sigue la Policía Judicial del Estado (PJE) en el caso del asesinato del ex fiscal especial Hodín Armado Gutiérrez Rico, acribillado el fin de semana pasado.

El funcionario reconoció, en conferencia de prensa, que la dependencia investiga una versión, la cual señala que el ex comandante de la Policía Judicial Federal (PJF) Rodolfo García Gaxiola y otros sujetos merodeaban el domicilio del ex fiscal horas antes del homicidio.

Anaya Bautista indicó que el ex agente federal no está considerado como sospechoso aún; sin embargo, recordó que las investigaciones que encabezó el fiscal Gutiérrez Rico concluyeron que fue precisamente el ex comandante de la PGR en esta ciudad quien en abril de 1994 ordenó la muerte del entonces titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Por otra parte, el gobierno estadunidense refrendó hoy su compromiso en la colaboración bilateral con México contra el narcotráfico y condenó el asesinato de Odín Gutiérrez, según la agencia informativa Notimex.

García Gaxiola actualmente goza del amparo de la justicia federal, al igual que el presunto narcotraficante Ismael Higuera Guerrero, alias El Mayel, también mencionado por Gutiérrez Rico como copartícipe en la conspiración para ultimar al ex jefe de la policía local.

Anaya Bautista explicó que según resultados de las investigaciones encabezadas por Hodín Gutiérrez se giraron también órdenes de aprehensión en contra de Salvador Rubalcava Castillo, ex madrina de la PJF y del ex comandante de esa corporación Antonio Jácome Saldaña. Sólo la primera de ellas se cumplimentó y la segunda continúa pendiente.

Anaya Bautista desmintió que la muerte del ex fiscal Gutiérrez Rico fuera a ser investigada por la Procuraduría General de la República o por una fiscalía especial del gobierno del estado. El caso fue asignado a ocho agentes del grupo de Homicidios de la PJE que reportarán las novedades directamente al comandante de esa corporación Antonio Torres Miranda.

Por otra parte, el asesinato del fiscal de 29 años de edad ha generado reacciones de repudio de varios sectores de la sociedad bajacaliforniana.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, calificó la muerte como una irresponsabilidad del gobierno del estado, porque sabía de las amenazas de muerte en contra de Gutiérrez Rico y no obstante las pasaron por alto.

Por su parte, el diputado federal priísta Francisco Domínguez exigió que el gobernador Héctor Terán Terán destituya al procurador Anaya Bautista --también de filiación priísta--, tras considerarlo como responsable del delito de omisión, porque sabía de las amenazas contra el fiscal y no detuvo a quienes las hicieron llegar