``Para Adelfo Regino, en estos sus días de dolor y pesar''.

Más allá de la espectacular fuga de los dirigentes del FPMR chileno y de las novedades mexicanas, tres hechos resaltan en la actividad reciente de las guerrillas latinoamericanas: la firma de los Acuerdos de Paz entre la URNG y el gobierno guatemaltecos, la ofensiva militar de las FARC colombianas y la toma de la embajada japonesa en Perú por parte del MRTA. Todas ellas proporcionan lecciones importantes al proceso de pacificación en México.

En Guatemala, después de 36 años de guerra la URNG y el gobierno firmaron la paz. Una guerrilla persistente e implantada pero reducida a la ``insignificancia estratégica desde el punto de vista militar'', y sin la representación del conjunto de la sociedad civil, negoció los grandes problemas del país: desde la reforma agraria hasta derechos indígenas. Ello fue posible, entre otras, por cuatro razones básicas.

Primero, porque una parte sustancial de las demandas rebeldes consistían en reformas necesarias para la estabilidad política y el desarrollo del país, con guerrilla o sin ella. Segundo, porque la solución del conflicto armado era percibida, por amplios sectores sociales, como una condición para construir la necesaria transición hacia la democracia. Tercero, porque los Acuerdos de Esquipulas I y II propiciaron y resumieron cambios políticos sustanciales en la región. Y, finalmente, porque la URNG construyó una amplia red de alianzas internacionales a favor de la pacificación.

La gran lección del proceso guatemalteco consiste en reconocer que la capacidad de negociación entre una guerrilla como la URNG y el gobierno no está atada a la fuerza militar ni a la representatividad formal de las partes, sino a la legitimidad y necesidad de los acuerdos. El país gana cuando se involucra a la guerrilla en la solución a los problemas en los que sustenta su legitimidad, cuando se hace de ella sujeto de negociación y no objeto de derrota.

A finales de agosto de 1996 las FARC colombianas impulsaron una significativa ofensiva militar, en contra del debilitado gobierno de Samper. Ello era resultado de una nueva correlación de fuerzas. En los últimos tres años, las guerrillas colombianas han duplicado el número de combatientes, los frentes de guerra y la presencia territorial, al tiempo que la legitimidad del gobierno se ha erosionado aceleradamente.

Las guerrillas y los procesos de pacificación en Colombia son los más antiguos del continente. Entre 1982 (cuando se dieron las primeras amnistías a rebeldes) y 1996 se firmaron ocho acuerdos de paz con las ocho organizaciones político-militares más débiles. Sin embargo, y a pesar de varios intentos por avanzar en la negociación con, las guerrillas más fuertes, (las FARC y el ELN) los resultados han sido pobres.

Las razones por las que las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano se estancaron son diversas. Entre ellas se encuentran: la resistencia gubernamental a negociar reformas de fondo, la intención de minimizar y dividir a los rebeldes, y la violación gubernamental de compromisos pactados (así sucedió con los acuerdos de La Uribe y la masacre de integrantes de la Unión Patriótica). Según Carlos Ossa, primer Consejero de Paz durante el gobierno de Barco. ``El país pagó un precio muy alto por la suspensión de estas conversaciones''.

La toma de la embajada japonesa en Perú por parte del MRTA propinó al gobierno de Fujimori un serio descalabro político, oficialmente derrotada, y que, en el pasado había intentado, cuando menos en dos ocasiones, acercamientos para buscar salidas políticas al conflicto. La crisis de los rehenes ha puesto en tela de juicio la estrategia gubernamental de tratar de aniquilar militarmente a las guerrillas, y ha mostrado las potenciales que éstas tienen para golpear políticamente al régimen en puntos tan frágiles como el de su política económica.

En sus relaciones con el EZLN el Jefe del Ejecutivo se encuentra ante la disyuntiva de seguir la vía Guatemalteca o apostar al camino colombiano. No hay salidas intermedias. O cumple lo que pactó el pasado 16 de febrero en San Andrés sobre derechos y cultura indígena (que son, a final de cuentas, reformas necesarias con o sin zapatistas) sumándose a la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa o rompe con sus compromisos y mete al proceso de diálogo en un callejón sin salidas visibles. ¿Aguila o sol? No hay más.