LIBERAR A JOSE FRANCISCO GALLARDO, EXIGE LA OEA

Jesús Aranda Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno mexicano a que libere ``inmediatamente'' al general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez --quien propuso en 1993 la creación de un ombudsman militar--, antes de que finalice el presente mes.

Asimismo, el organismo internacional recomendó al gobierno del presidente Ernesto Zedillo que pague una ``justa indemnización'' al general Gallardo, como recuperación por los agravios de que ha sido y es víctima, luego de que fue privado de su libertad el 9 de noviembre de 1993, fecha en que fue recluido en el Campo Militar Número Uno acusado de ``difamación, calumnias e injurias en contra del Ejército Mexicano''.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, la recomendación de la Comisión Interamericana --que consta de cinco puntos resolutivos-- fue entregada al gobierno mexicano en octubre pasado, y puso como fecha límite para ser cumplida este mes de enero.

De lo contrario, se explicó, la CIDH difundirá públicamente la recomendación emitida y la integraría al informe anual que se presenta ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los informantes aseguraron que es la primera vez que la comisión dictamina un caso de violación a los derechos humanos de un individuo en México --la mayor parte de las demandas que ha recibido tienen que ver con problemas político-electorales y violaciones a los derechos de comunidades o grupos de personas--, lo cual es histórico.

El general Gallardo, quien ha sido encarcelado dos veces ``sin razón y sin justificación legal'', ha recibido en su favor diez amparos en materia penal y siete en materia administrativa, otorgados por el Poder Judicial en contra de los procesos entablados por la justicia militar. Además, tiene ocho amparos pendientes: cinco penales y tres administrativos, en contra del auto de formal prisión dictado por el juez segundo militar.

La defensa de Gallardo asegura que la persecución contra el militar obedece a la publicación de su tesis Las necesidades de un ombudsman militar, en la que aseguró que esta figura beneficiaría al propio Ejército, toda vez que la institución castrense necesita una modernización que garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos de sus elementos, ante la sistemática violación de las garantías individuales de los integrantes de las fuerzas armadas.

En la denuncia que obra en poder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señala que José Francisco Gallardo Rodríguez ha sido objeto, desde 1988 hasta la fecha, de una campaña de persecución, difamación y hostigamiento, por lo que se solicita investigar y sancionar a los culpables.

Al respecto, se argumenta que esas actitudes violan los derechos a la integridad personal, la protección judicial y las garantías individuales del militar, todos ellos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos.

La resolución de la Comisión Interamericana no tiene efectos vinculatorios para el gobierno mexicano; sin embargo, de no aceptarse afectaría sensiblemente la imagen de la administración del presidente Ernesto Zedillo.