Jaime Martínez Veloz
1997: cuando el destino nos alcance

¿Qué debemos preservar en 1997? ¿Qué es lo que debemos cuidar para que no se entorpezca con la contienda electoral, que se avizora como la más disputada de las últimas décadas? Es importante reflexionar sobre esto para definir aquellas áreas de la vida nacional que no deben paralizarse. De no haber una especie de convenio de civilidad entre las fuerzas políticas contendientes, se corre el riesgo de que los ciudadanos perciban que, en nombre de los intereses particulares de cada partido, legítimos y válidos, se sacrifican programas y proyectos prioritarios, se afectan trabajos esenciales.

Esto podría dar lugar a que se vaya formando la opinión de que las elecciones, más que un medio democrático de resolver las diferencias, se convierten en un mecanismo para ajustar cuentas entre grupos políticos.

Toda elección en un país que aspira a consolidar la democracia tiene de suyo importancia fundamental. Los comicios de 1997, además, tienen un doble valor. Hay una gran cantidad de puestos de representación popular que se renovarán. A nivel federal se elegirán la totalidad de los diputados y la cuarta parte del Senado de la República. En el ámbito local, las elecciones involucrarán a once entidades, entre las que destacan el Distrito Federal y Nuevo León. Por otro lado, se ha concebido a los resultados de los comicios de 1997 como una de las mejores formas de medir los verdaderos espacios que ocupan los partidos políticos, con miras a la elección del año 2000.

Nadie debe ver la contienda electoral de este año con temor. Más aún, nadie debe jugar al amedrentamiento por sus posibles resultados. A lo largo de estos últimos años, los mexicanos nos hemos dado instituciones electorales cada vez más sólidas, lo que permite prever que, sean cuales sean los resultados, si éstos son claros y apegados a la ley, no está en riesgo la gobernabilidad. Si a esto se le suma un convenio de normas que permitan preservar ese conjunto de áreas y trabajos prioritarios, los comicios no sólo no serán motivo de zozobra sino factor de estabilidad.

Parece prematuro, ahora que apenas se está empezando a calentar el ambiente político, echar las campanas al vuelo por triunfos que ya se anuncian, pero que en la realidad están distantes. En esta suerte de acomodamiento tempranero se ha dado de todo, desde expulsiones fast track, diferencias profundas entre miembros de una misma organización, hasta salidas espectaculares, y algunas de ellas lamentables, de miembros de los partidos. Las causas de esto son múltiples y abarcan problemas que aquejan a todo el espectro político.

Como es lógico entre organizaciones que tienen distintas concepciones y programas, la lucha electoral deberá ser reñida, pero no sin reglas. Además de aquéllas que marca la ley, deberán existir mecanismos que permitan que la vida de la República y las acciones gubernamentales no se paralicen.

En este espacio se apuntan algunas, pero puede haber otras tareas que requieren se avance en ellas, independientemente de la algidez de la lucha electoral: los programas de corte social y el diálogo por la paz en Chiapas. Los trabajos de pacificación deberán continuar, sin contaminarse de las pugnas electorales, hasta lograr la solución digna del conflicto, lo que se traducirá en cambios que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas y la transformación del EZLN en una fuerza política.

En el caso de los programas de corte social, la oposición ha acusado, algunas veces con razón, pero otras apelando a un expediente facilón, el que en épocas de contienda electoral se canalicen apoyos a comunidades con el objeto de ganarse votos. En este sentido, deben buscarse mecanismos de inversión que permitan dos cosas: por un lado, plena transparencia en la utilización de los recursos canalizados a los sectores sociales necesitados y la no interrupción, por causas electorales, de proyectos previamente planificados y por los que en la mayoría de los casos las comunidades han luchado, a veces por largo tiempo.

Los partidos y los políticos nos encaramos con una ciudadanía madura, que no se deja engañar por acusaciones grandilocuentes ni amedrentar por temores infundados. En el PRI no necesitamos apelar a ningún expediente ilegal o dudoso para ganar, sino al trabajo serio y de base. Aquellos políticos que, en lugar de trabajar, finquen su campaña en el anuncio de una debacle electoral para el PRI, podrían despertarse, como en 1994, con resultados electorales transparentes y legítimos, que nos confirmaran como la fuerza mayoritaria del país.