Las declaraciones del primer ministro peruano, Alberto Pandolfi, brazo derecho político del presidente Alberto Fujimori, en el sentido de que el gobierno de Lima está discutiendo con diversos países la eventual concesión de asilo a los guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que mantienen ocupada la embajada japonesa, es una señal positiva aunque, al mismo tiempo, da a entender que la solución del caso está aún lejana.
En efecto, el hecho de reconocer oficialmente que se mantienen negociaciones sobre el caso de los rehenes y que se busca una solución política pacífica, marca un progreso porque, hasta ahora, el gobierno se negaba incluso a hablar de tratativas con los guerrilleros --las calificaba de meras ``conversaciones''-- y en su seno se enfrentaban una tendencia dura, que no excluía un ataque armado a la embajada, aun a costa de la vida de muchos rehenes, y otra negociadora, política, sensible a la opinión pública japonesa e internacional, e incluso a los deseos de paz de la mayoría de los peruanos. El propio presidente Fujimori, cuyo hermano está entre los rehenes, había declarado recientemente que entre las posibilidades figuraba la solución violenta a esta crisis, y las mismas declaraciones oficiales que privilegian la opción pacífica tienen, sin embargo, una frase sibilina según la cual la violencia se empleará en el caso de que algún rehén sufra daños (cosa que podría alegarse para justificar un asalto militar pero que, por otra parte, es difícil de comprobar pues no se sabe qué sucede en el interior de la embajada, aunque se conoce, por declaraciones de los propios rehenes, que se les trata bien y con consideración).
Todo parece indicar que la balanza se está inclinando del lado de quienes rechazan un baño de sangre, sea por sus efectos sobre las inversiones extranjeras, sea por el costo político que pagaría la imagen internacional del presidente, sea por la presión japonesa (que defiende a sus ciudadanos eminentes, retenidos como rehenes, y al mismo tiempo la posición privilegiada de sus empresas y capitales en el país andino). El argumento mismo de que los presos del MRTA no pueden ser liberados y no es posible negociar la paz con ese movimiento, como se hizo en Colombia, en Guatemala o en El Salvador, porque los guerrilleros peruanos no tienen respaldo popular, revela, por un lado, que esa posibilidad está siendo sopesada y, por otro, la posición débil del gobierno de Fujimori ante la oferta del MRTA, pues no se trata de meter en un mismo saco, en el rubro ``guerrilleros'', a quienes se odian y combaten, como Sendero Luminoso y los tupac amarus.
Mientras el capitán Montesinos y los duros que le secundan parecen perder posiciones en el entorno del primer mandatario y en las propias fuerzas armadas, no se puede excluir la posibilidad de que un ala de éstas haya optado por evitar que se prolongue mucho la existencia de un foco de inestabilidad y, al mismo tiempo, sacarse de encima por medios políticos el problema que le plantea la guerrilla del MRTA para concentrar su acción contra los senderistas, mucho más aislados, vulnerables e indefendibles.
Por el momento, sin embargo, sólo hay que registrar que la situación podría salir de su estancamiento y saludar todo paso que permita una solución incruenta y preserve la vida de los rehenes.