Paulina Fernández
Tabasco, ilegalidad e injusticia

Después de 80 días de no ingerir alimentos sólidos, la duración de la huelga de hambre de los trabajadores de limpia de Tabasco empezó a contarse por horas.

Más de 2 mil horas de ayuno --con los riesgos y daños que ello implica-- podían haberse evitado si las autoridades supuestamente competentes hubieran cumplido con justicia y honestidad lo acordado y firmado desde el 24 de marzo de 1996. Parece una norma de los gobernantes actuales firmar papeles y olvidarse de ellos, y si acaso la otra parte les reclama inclumplimiento entonces empiezan a regatear pretendiendo negociar de nuevo todo lo que, en principio, ya se había resuelto. Así se ha querido hacer en Chiapas; así se está queriendo hacer en Tabasco.

Con la participación de representantes de la Secretaría de Gobernación, del gobierno del estado de Tabasco, del ayuntamiento municipal del Centro, de los ex trabajadores de limpia del mismo municipio, del organismo no gubernamental. Mujeres en Lucha por la Democracia, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace casi diez meses se suscribió un convenio de doce puntos en el cual se sentaban las bases para resolver el conflicto originado por las autoridades municipales de Villahermosa al despedir a entre 400 y 600 trabajadores, en un lapso de siete meses del año 1995, problema que poco tiempo después se complicó más al girarse órdenes de aprehensión contra 45 de los mismos trabajadores.

Entre las causas inmediatas de este conflicto, que no es puramente laboral, se encuentran esas costumbres de los funcionarios que consideran a los servidores públicos como sirvientes privados. Por haberse negado a laborar en la casa del señor Jesús Taracena Martínez, presidente municipal del centro, comenzó el enfrentamiento con los trabajadores de limpia en los últimos días de enero de 1995.

Al poco tiempo de haber perdido el empleo, los trabajadores tabasqueños se dirigieron a diversas dependencias del gobierno federal en busca de la intervención de autoridades distintas a las municipales y las estatales, luego de que éstas se habían negado a atenderlos. La respuesta inicial en éste, como en muchos otros casos en los que no se quiere satisfacer a los demandantes, fue invocar el federalismo, el respeto a la división de poderes, a la soberanía de los estados, y a la autonomía de los municipios, y declarar que es voluntad del gobierno resolver las demandas que se le plantean, siempre ``con estricto apego a Derecho''.

Pero el Derecho y los derechos de los trabajadores --o su negación, para ser más precisos-- están también entre las causas originales del problema gestado en Tabasco. El asunto doméstico del presidente municipal del Centro fue el catalizador de una crisis cuyas raíces se encuentran en las ilegales e inhumanas condiciones de trabajo de los barrenderos y de quienes laboran en los carros de basura. Desde 1989 los trabajadores de limpia empezaron a protestar organizadamente por las jornadas laborales legales que los obligaban a trabajar 18 horas diarias sin pago de tiempo extra, sin proporcionarles el equipo de trabajo adecuado, sin asignarles instalaciones apropiadas, sin contar siquiera con agua y jabón para lavarse después de pasar el día entero entre basura. Hasta 1994 su ``centro de trabajo'' tenía como sede el panteón municipal de Sabinas, en cuyas oficinas se improvisaron las del servicio de limpia; ahí llegaban los trabajadores a checar tarjeta, a cambiarse de ropa, a guardar su equipo de trabajo, y entre las tumbas --o encima de ellas-- se estacionaban durante la noche los camiones de la basura.

La lucha por las condiciones de trabajo mínimas legales y el respeto a las labores para las que fueron contratados son las causas originales de las movilizaciones de los trabajadores tabasqueños y por las cuales, en última instancia, Venancio Jiménez Martínez, Jorge Luis Magaña Alamilla, y otros cinco trabajadores más, decidieron arriesgar su vida de una forma distinta. De la lucha, de la resistencia y de las diversas formas de represión que han sufrido estos trabajadores despedidos, se ha tenido conocimiento directo por documentos presentados desde 1995, en varias comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en la Procuraduría General de Justicia del DF, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Policía Federal de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Secretaría de Gobernación, en la Presidencia de la República, y --aunque no parezca, por su indiferencia-- en el gobierno del estado y en el gobierno municipal del centro, Tabasco.

El haber dejado llegar a más de 80 días de huelga de hambre a dos trabajadores, después de que tantos funcionarios, autoridades y legisladores tenían conocimiento del problema desde hace año y medio y, sobre todo, existiendo un acuerdo firmado diez meses antes con el fin de resolver el conflicto, y no haberlo hecho, son actitudes que denotan la violación de los derechos y la negación de la justicia como normas de gobierno, cuando del pueblo trabajador se trata.