En dos años, la Secodam sancionó a más de 17 mil servidores públicos
Ciro Pérez Silva Ť Entre diciembre de 1994 y diciembre de 1996, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) sancionó a 17 mil 294 servidores públicos por violar leyes y normas presupuestales, deshonestidad y abuso de autoridad, entre otras irregularidades.
A dichas sanciones, informó la dependencia, correspondieron multas por 893 millones 885 mil pesos, con lo que se confirma ``que el proceder de la Secodam se encuentra ajustado estrictamente a derecho y que no existe impunidad para servidor público alguno, por alto que sea su cargo''.
Asimismo, en 1996 la Secodam recibió 111 mil quejas contra diversas dependencias gubernamentales, de las que fueron ``debidamente resueltas'' 106 mil.
El mayor número de inconformidades fue contra de Petróleos Mexicanos, el Departamento del Distrito Federal, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De acuerdo con la dependencia, los servidores públicos sancionados (pertenecen a los niveles superior, medio y operativo) recibieron apercibimientos, amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y sanciones económicas de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Entre los inhabilitados en este periodo destacan Raúl Salinas de Gortari, el ex subprocurador general de la República Mario Ruiz Massieu y el ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro.
La Secodam reconoció que la corrupción ``se ha convertido en uno de los principales males que afectan a nuestra sociedad'' y ha motivado a seguir una ``doble estrategia''.
En una primera etapa, contra la corrupción que afecta el patrimonio público, se pretende determinar ``las áreas sensibles y las acciones consecuentes''. La segunda, contra aquella que afecta al patrimonio de los particulares en el desahogo de trámites y servicios, así como en su interacción con inspectores y cuerpos de seguridad pública.