Miguel Concha
Presidencia dudosa
Ayer, 10 de enero, XIX aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, fundador y director del diario La Prensa, erigido por la revolución sandinista como Día de las Libertades Públicas, asumió la Presidencia de Nicaragua el neoliberal ex alcalde de la capital y admirador confeso de Francisco Franco, Arnoldo Alemán Lacayo, candidato triunfante de la Alianza Liberal en las discutidas elecciones del pasado 20 de octubre. No debemos olvidar que esta coalición política aglutinaba en sus filas a varios partidos liberales y facciones conservadoras, especialmente al Partido Liberal, de tradición somocista.
En concordancia con las prácticas habituales de este último partido, luego de las elecciones han podido conocerse las graves irregularidades que caracterizaron aquel proceso, a pesar de las declaraciones optimistas y apresuradas de muchos de los observadores internacionales que las presenciaron, entre ellas las del ex presidente James Carter, quien el mismo día salió corriendo del país para no perderse el partido de beisbol de las Grandes Ligas, afirmando que las elecciones habían sido ``justas, limpias y transparentes'', todo un éxito.
Aunque se acepten los resultados, tal y como los presentó el Consejo Supremo Electoral, hay que reconocer que hubo serias irregularidades, que en otros países de tradición democrática habrían ameritado su anulación. Todos pudieron ver por televisión el 21 de octubre la confusión que se dio en el Centro de Cómputo de Managua, donde finalmente desaparecieron 200 juntas receptoras con alrededor de 60 mil votos, y las graves anomalías en Matagalpa, Boaco y Jinotega. Boletas en los desagües; filas interminables de personas cargando las urnas, sin saber dónde entregarlas; gente cansada que no sabía qué hacer con el material electoral, luego de pasar casi dos días trabajando, algunos hasta dos noches sin dormir. Todo ello sin contar los grandes retrasos y fallas técnicas y administrativas que el mismo día se dieron, como el que algunas juntas no abrieran hasta las cinco de las tarde y terminaran al amanecer del día siguiente, y el que en muchas mesas los presidentes y fiscales llegaran tarde, y en otras faltaran boletas o llegaran cambiadas.
La nueva Ley Electoral estaba, además, viciada de origen y propiciaba la politización del proceso. En la Ley anterior el CSE era el encargado de elegir y capacitar a los presidentes y fiscales de las juntas receptoras, quienes eran sus funcionarios. En la nueva Ley son los partidos quienes los proponen y el CSE los elige de las listas presentadas por ellos. Casualmente donde se dieron las anomalías más graves fue en las juntas receptoras presididas por candidatos de la Alianza Liberal.
El gran reto que los nicaragüenses esperan sea enfrentado por el nuevo gobierno es el de la creación de empleo. Justamente en esa promesa y en la de atraer inversiones foráneas basó Alemán su campaña proselitista. El retroceso en el campo social es inaudito; la quiebra de los pequeños y medianos empresarios es el pan de cada día; la migración hacia el extranjero, indetenible. Obviamente al gobierno derechista de Arnoldo Alemán ya no le bastarán las homilías del cardenal Miguel Obando, quien fue su principal apoyo de campaña, para mantener unida a la coalición que lo cobijó, y para evitar el desbordamiento social. En efecto, la primera de las medidas que su administración deberá resolver es la de las propiedades que fueron confiscadas por los sandinistas en la década de los 80, y que ha sido uno de los principales focos de tensión entre los ex propietarios y sus actuales poseedores. Al respecto el hoy Presidente ofreció el pago del valor de las propiedades que quedaron en manos de los sandinistas y la entrega de títulos de propiedad a la gente humilde. Todo ello, claro, con fondos que deberá obtener de la cooperación internacional, pues las arcas nacionales están quebradas.
Otro asunto de capital importancia es de carácter político. Se trata del marco de pluralidad en el que va a ejercerse el gobierno de la República. En Nicaragua el poder está ampliamente repartido, tanto a nivel camaral como municipal, lo que deja escaso margen para una administración que pretenda tomar unilateralmente las decisiones fundamentales de la vida nacional.