La inflación sigue siendo una de las cuestiones centrales de la dinámica de la economía mexicana. El registro oficial de incremento del nivel de los precios (medido por el índice de precios al consumidor, IPC) para 1997 es de 27.7 por ciento. Esto significa que todavía existe una alta inflación, después de dos años de severo ajuste tras el último episodio de la larga crisis económica que vive el país. En el mes de diciembre la inflación se disparó por encima de las previsiones más altas; sólo en la primera quincena el IPC creció 2.35 por ciento, y para todo el mes 3.20 por ciento. Con ello la inflación del año superó en 7.2 puntos porcentuales o 35 por ciento el aumento previsto por el gobierno.

Las proyecciones económicas, en este caso las que ofrece el gobierno para la inflación, sirven para establecer ciertos límites en el cambio de las principales variables financieras, y también para fijar las expectativas de los agentes económicos (nacionales y extranjeros), y con ello intentar dirigir sus acciones y decisiones en los mercados. Mientras más cerca estén los resultados finales de las proyecciones que se hacen como parte de la política económica, mayor certidumbre habrá en la evolución de la economía. En ese sentido es relevante el margen de error entre los objetivos y los registros finales de la inflación. En el sexenio anterior hubo casos en que la inflación registrada fue hasta el doble de la prevista por el gobierno, y entonces no hubo voces de reclamo efectivas en el Congreso frente a la gestión de los señores Aspe o Mancera. Las otras críticas ya sabemos que ni se veían ni se oían.

El Banco de México cumplió con las metas fijadas en su programa monetario de 1996 en cuanto al crecimiento de la base monetaria y del crédito interno neto, pero falló por mucho en su meta de inflación. Tal contradicción marca los límites que tiene la actual política económica. Esto se aprecia de manera más evidente con la inflación que se anunció para la canasta básica de consumo y que fue de 4.84 por ciento en diciembre y de 33.3 por ciento en todo el año. Con ello se anuló efectivamente el aumento de los salarios concedido a los trabajadores durante el año. Los ingresos reales de la población que tiene ingresos fijos y de los más afectados por la crisis siguen reduciéndose, y ahí está el verdadero hecho donde se concentra gran parte del esfuerzo para el ajuste de la economía. Se sigue posponiendo cualquier recuperación del bienestar de la mayoría de la población y de la capacidad de supervivencia de la mayor parte de las empresas. Para 1997 la SHCP estimó una inflación de 15 por ciento, pero a estas alturas ya nadie espera que eso se logre y las previsiones del sector privado se están haciendo con un nivel mínimo de inflación de 19 a 20 por ciento.

Algunos argumentan que mientras no se reduzca la inflación --¿hasta qué nivel?-- no habrá posibilidades de crecimiento económico. No sólo eso, sino que citan como ejemplo el de otros países de la región que han bajado la inflación y hecho crecer el producto, como Argentina, y añaden también que eso se ha hecho con un aumento del bienestar de la población. Pero no todas esas cuentas cuadran y el argumento de esa ortodoxia es débil y muy ideológico. Bajar la inflación por decreto mediante una junta monetaria como hicieron Menem y Cavallo es evidentemente posible, lo que no se logró es reducir el desempleo y repartir los frutos del crecimiento. El tema central de la inflación --tanto cuando sube como cuando baja-- está asociado con el asunto de la distribución del ingreso. Brasil y Chile están en circunstancias similares.

En México el tema de la inflación no tiene que ver solamente con la capacidad de las autoridades monetarias para controlar la cantidad de dinero o de crédito en la economía, y tampoco se reduce a la disciplina fiscal del gobierno. Esto ya quedó demostrado por la experiencia de 1996. La inflación está ligada a la desarticulada estructura económica que se expresa tanto en las actividades productivas como en las corrientes del comercio exterior y las inversiones foráneas. El crecimiento de la inflación, al tiempo que el tipo de cambio se mantiene estable, está provocando la sobrevaluación del peso. Esta sobrevaluación, junto con las presiones que el crecimiento de la producción (por reducido que éste sea todavía) impone sobre el aumento de las importaciones, está llevando por el tradicional camino de la restricción externa. Hoy todavía hay un excedente comercial, pero en el mes de noviembre de 1996 (último registro disponible) éste fue de 254 millones de dólares, la mitad del obtenido en el mismo mes de 1995.

En las condiciones actuales de la estructura económica, la inflación no podrá reducirse y al mismo tiempo crear las bases de un crecimiento que realmente pueda sostenerse, como exige la situación de grave deterioro de las condiciones de vida en el país. En este sentido, los mercados tienen poca capacidad de provocar un ajuste automático, como prevén el propio gobierno y los que proponen el estricto control de la inflación como receta básica del reordenamiento de la economía. Para llegar a un estado tal que permita mantener baja la inflación y al mismo tiempo crecer sin generar grandes desequilibrios externos, se requiere de otras políticas complementarias y compensatorias en el terreno productivo y financiero. Ahí el avance del modelo económico que sigue imponiendo el gobierno es muy limitado, y no hay signo de salirse de una ortodoxia gastada y sin capacidad de transformar la forma desigual y frágil en que funciona esta economía.