La Jornada 12 de enero de 1997

Silencio, respuesta del Ejército al emplazamiento de la OEA: Gallardo

Jesús Aranda Ť Desde la prisión militar, el general José Francisco Gallardo Rodríguez negó haber recibido alguna señal o actitud del Ejército en respuesta al emplazamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para liberarlo. ``La reticencia, cerrazón y terquedad mostrada en mi caso -dijo- reafirma mi postura sobra la necesidad de un ombudsman militar.''

Preocupado por la militarización progresiva del país y la ``descomposición'' en el interior del Ejército Mexicano, el general Gallardo planteó la necesidad de que las fuerzas armadas asuman su papel de garantes de la Constitución y así coadyuven a la democratización del país.

Vía telefónica desde la prisión militar en la que permanece desde 1993, el general brigadier acusado de difamación, calumnias e injurias contra el Ejército Mexicano reconoce que difícilmente los altos mandos militares aceptarán el emplazamiento del organismo de la Organización de Estados Americanos para ser liberado. ``Seguramente no van a hacer ningún pronunciamiento hasta el último momento, cuando se resuelva el asunto en definitiva'', dijo.

Precisó que de mantener las autoridades mexicanas su postura de no aceptar el emplazamiento de la CIDH, esto tendría ``un costo político muy alto'' para el gobierno del presidente Ernesto Zedillo.

Preocupado por la situación que vive el Ejército actualmente, Gallardo Rodríguez señaló que los militares deben estar en los cuarteles y no cumpliendo labores de seguridad pública, que no le corresponden.

Aseveró que la decisión gubernamental de militarizar la sociedad como un medida desesperada para solucionar la situación que prevalece en el país, ha generado ``incredulidad'' entre la población hacia las acciones de gobierno, y a la larga ``será peor el remedio que la enfermedad''.

En México el gobierno trata de aplicar la táctica estadunidense de los ``grupos pensantes'', pero lamentablemente, indicó, está equivocado.

Advirtió además que la permanencia de los soldados en sus cuarteles representa el respeto mismo a la Constitución, y con ello la posibilidad de que se consolide el avance democrático en el país.

Gallardo indicó que los recientes nombramientos de militares en los mandos policiacos, tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional, revelan que ``se ha permeado la militarización de la sociedad'', lo que ha creado un ambiente de inseguridad e incertidumbre.

La figura del ombudsman militar tiene que ver no sólo con el respeto a los derechos humanos de los soldados, sino también con el establecimiento de límites a la ``impunidad y poder'' de que gozan algunos mandos en la actualidad.

Para tal efecto, propuso que sea el Congreso de la Unión el que mediante una comisión legislativa se dedique a crear la figura del ombudsman militar; de esta manera, subrayó, el Poder Legislativo supervisaría el respeto a los derechos humanos de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

Sarcástico, el general brigadier comentó: ``Ahora, con la militarización de los cuerpos policiacos, el ombudsman militar también vigilaría el respeto a las garantías individuales de los policías''.

Precisamente comentó que el reciente altercado en el que un coronel del Ejército golpeó a un policía ante la presencia del propio secretario de Seguridad Pública, Tomás Salgado, ``refleja la política de terror que están aplicando los militares''.

Criticó también el hecho de que, ``curiosamente'', los militares que están ocupando los principales mandos en la policía capitalina trabajaron estrechamente con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional del sexenio anterior, sin que se hayan caracterizado precisamente por su eficacia. ``Está Salgado, está el director de la Policía Judicial capitalina, Luis Roberto Gutiérez Flores, sólo falta (Antonio) Riviello (Bazán)''.

Respecto al emplazamiento de la CIDH al gobierno mexicano para que sea liberado ``inmediatamente'', el militar señaló que lo mejor sería que el asunto se resolviera ``con mucha cordura y mucha cabeza'' por parte de las autoridades, porque está en juego la imagen de México en el exterior como la de un país en el que se respetan los derechos humanos.

El militar expuso su caso ante el organismo de la OEA a inicios del presente año y después se convirtió en el primer asunto en el que la CIDH establece que hubo violaciones a los derechos humanos en lo individual contra un ciudadano mexicano. Gallardo aseguró que su problema en el ámbito castrense no es aislado.

``Esto que ve conmigo no es más que la punta del iceberg, en la prisión militar hay mucha gente procesada por inventos y testimonios falsos, pero la diferencia conmigo es que no permanecí ni permaneceré callado'', concluyó.