La Jornada 12 de enero de 1997

SG: rechazo categórico a afirmaciones zapatistas

José Gil Olmos y Georgina Saldierna Ť La Secretaría de Gobernación rechazó ayer por la noche las afirmaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ``de que pretende desconocer los acuerdos de San Andrés y renegociar lo tratado en la Mesa de Cultura y Derechos Indígenas''. Asegura que ha actuado con ``mesura y tolerancia'' y que realizará nuevos esfuerzos ``para que prevalezcan la justicia y la paz digna en Chiapas''.

Por su parte, miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) anunciaron que se reunirán en breve para analizar la negativa del EZLN al documento del gobierno federal y dar una respuesta. El diputado Juan Guerra, integrante de la instancia legislativa, aseguró que el texto del presidente Ernesto Zedillo ``desechó'' párrafos completos del anteproyecto de iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas que elaboró la Cocopa, ``lo que representa una falta de respeto a los acuerdos de San Andrés'' firmados en febrero de 1996 por las delegaciones zapatista y del gobierno federal.


El buen humor de los integrantes de la Cocopa y
la Conai cambió al recibir la respuesta zapatista
a la contrapropuesta del gobierno en materia
indígena.
Foto: Ana Isabel Patiño

En un comunicado de ocho puntos, Gobernación afirma que su propuesta contiene los acuerdos del diálogo de San Andrés y las demandas surgidas de la consulta nacional sobre derechos indígenas, efectuada el año pasado a las 56 etnias del país y en la que participaron también connotados especialistas.

Después de rechazar categóricamente las afirmaciones del EZLN de que se desconocieron los acuerdos de San Andrés y de que se pretende renegociar lo tratado en la Mesa de Cultura y Derechos Indígenas, Gobernación sostiene que el gobierno federal ``se ha conducido en todo momento con la mayor seriedad y responsabilidad, teniendo siempre presentes los derechos e intereses de todos los mexicanos, así como la soberanía y unidad nacionales''.

Señala que ha sido y sigue siendo preocupación gubernamental emprender reformas jurídicas necesarias para lograr una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas del país y que, por ello, convocó a una consulta nacional e incorporó las demandas y propuestas formuladas por las 56 etnias.

Afirma que en el diálogo de San Andrés Larráinzar el gobierno, a través de su representación, ``signó acuerdos con el EZLN, siendo su compromiso que los pronunciamientos y las propuestas derivadas fueran remitidos a las instancias de debate y decisión nacional''.

En ese marco indica que con ánimo de acelerar el proceso de diálogo en Chiapas, ``el gobierno envió al EZLN un proyecto de reformas constitucionales y estuvo dispuesto a discutirlo, sobre la base de que es obligación de todos lograr equilibrio entre las demandas expresadas en San Andrés Larráinzar y la consulta nacional indígena, siempre en congruencia con el marco constitucional mexicano''.

Reconoce el trabajo de la Cocopa al avanzar en la estructuración de un texto que cumpla con los objetivos de equilibrar el diálogo de San Andrés y la consulta nacional sobre derechos indígenas.

Al insistir que el gobierno federal ha cumplido con los compromisos de San Andrés, puntualiza que en sus observaciones al anteproyecto de iniciativa de ley elaborado por la Cocopa, ofrece al EZLN los siguientes derechos para las comunidades indígenas:

-Libre determinación y un marco constitucional de autonomía, como postulan los acuerdos de San Andrés y se planteó en la consulta nacional. Es decir, que se preserve la soberanía nacional, garantice nuestro pacto federal y guarde afinidad con el principio del municipio libre, como unidad básica de la nación.

-Derecho de hacer valer sus sistemas normativos, que derivan de sus usos y costumbres, para resolver controversias internas, sin atentar contra las garantías individuales y los derechos humanos, tal como se acordó también en San Andrés y la consulta nacional. Es obligación del Estado asegurar la igualdad jurídica ante la ley; garantizar la jurisdicción imparcial para todos los mexicanos, así como evitar el retroceso a fueros especiales, privilegios y excepciones.

-El acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos reservados al dominio de la nación y siempre y cuando no se atente contra derechos de terceros. En San Andrés nunca se comprometió a incorporar este punto a la Constitución; el acuerdo fue únicamente sostener un criterio de sustentabilidad para el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas.

-El derecho de los pueblos y comunidades indígenas de elegir, conforme a sus usos y costumbres, a sus autoridades internas y, en los municipios mayoritariamente indígenas, a que ellos mismos determinen las formas de elección. También la posibilidad de que los municipios mayoritariamente indígenas se asocien entre sí para fines de desarrollo.

Gobernación sostiene que continuará apoyando los esfuerzos que ha realizado la Cocopa para hacer avanzar el proceso de diálogo y negociación en Chiapas, ``con la convicción de que sólo mediante la construcción de acuerdos podrán resolverse los problemas''.

Precisa que las suspensiones del diálogo de San Andrés ``han sido decisiones unilaterales del EZLN''. Ante esto, la instancia que dirige la política nacional señala que el gobierno ``ha actuado con mesura y tolerancia, buscando formas y procedimientos para que las negociaciones continúen''.

Reitera que ahora, como en etapas anteriores del proceso de negociación, ``el gobierno federal realizará nuevos esfuerzos para que prevalezcan la justicia y la paz digna en Chiapas''.

Por otra parte, a su regreso del encuentro con la dirigencia del EZLN en la selva Lacandona, los miembros de la Cocopa decidieron reunirse en estos próximos días para analizar tanto el documento presiden- cial como la respuesta del EZLN y dar una posición al respecto.

El diputado Juan Guerra, en breve entrevista, manifestó que la propuesta que presentó el gobierno federal al EZLN es totalmente diferente a la que había propuesto la Cocopa, con base en los acuerdos signados por ambos en el dialogo de San Andrés en febrero de 1996.

Como miembro de esa instancia legislativa, aseguró que el anteproyecto de iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas del presidente Zedillo desechó párrafos completos del texto que habían elaborado, lo que representa una falta de respeto a los acuerdos de San Andrés.

El legislador dijo que eran ``totalmente inadmisibles'' las modificaciones sin respetar los mencionados acuerdos.

Guerra afirmó que el gobierno federal firmó los acuerdos para no cumplirlos; ``los suscribió con la intención de burlarse de ellos'', subrayó.

Incluso aseveró que con esta actitud del gobierno federal se pone en crisis el funcionamiento de la Cocopa. Aseveración en la que coincidió en entrevista por separado Pablo Gómez, al señalar ``que el gobierno carece de seriedad''.

Por su parte, Héctor Sánchez, senador perredista, pidió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional que actúe con responsabilidad, y culpó al gobierno de cualquier situación violenta que se pueda generar.

A su vez, el legislador y miembro de la Cocopa, César Chávez, estimó que la instancia legislativa habrá de reunirse hasta el próximo lunes para ``analizar con cuidado'' los documentos en debate.