Durante las últimas dos décadas, la ciencia en México ha sufrido un proceso de distorsión que obliga a redefinir los sustantivos que contiene el título de este artículo. Aquí trataré de adelantar las que, a mi juicio, serían puntos de partida para estas redefiniciones. En beneficio del futuro quehacer científico en México, creo que debemos arribar, científicamente, a estas definiciones lo antes posible.

Una definición de diccionario para ``ciencia'' dice: ``conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas''. En un intento menos envarado podríamos entender como ``ciencia'' a todo esfuerzo sistemático de mejorar nuestra comprensión del universo. Incluiría, de ese modo, desde las ciencias sociales hasta las matemáticas teóricas; excluiría, por otra parte, a las religiones, no por falta de sistema sino porque no mejoran nuestra comprensión de nada. Un llamado ``método científico'', que incluye la evaluación de controles y el cuidadoso registro de los efectos de diversas variables es, hasta ahora, el mejo método conocido de hacer ciencia, y una limitación, por cierto, de las ciencias sociales. Este tema ha sido objeto de profundo análisis e interminable discusión, a la que no pretendo arribar ni aportar nada. Quisiera, en cambio, destacar que cuando hablo de mejorar nuestra comprensión del universo, ``nuestra'' se refiere a la especie humana, y no exclusivamente a los científicos; los benficios de la ciencia debieran ser comunitarios. Los ``motores'' de la ciencia pueden ir, desde la solución a problemas específicos e inmediatos, hasta la mera curiosidad.

El gobierno mexicano, a través de un riguroso control sobre la actividad científica, ha redefinido la ciencia. Este control lo puede ejercer porque, a diferencia de otras actividades, la ciencia en México se realiza casi exclusivamente en instituciones dependientes del gobierno. Ninguna otra actividad intelectual, ni mucho menos de otra índole, sufre de un monopolio tan severo. La definición oficial de ``ciencia'' pareciera ser: ``actividad que resulta en la publicación de observaciones o resultados experimentales, en inglés, en revistas extranjeras, que son leídos, reproducidos y/o que se utilizan en el extranjero''. Esta definición es impuesta a través de los aparatos de financiamiento estatal de la actividad científica: a) al científico se le mentiene con salarios insignificantes, y ha de realizar ``ciencia'' como la arriba definida, si desea alcanzar los sobresueldos, también llamados pilones, que pueden llevar su ingreso a niveles casi decorosos; b) la subvención a la labor científica, que proviene directa o indirectamente del gobierno, ha de seguir esos lineamientos y ser realizada por científicos reconocidos como tales por su adhesión a los mismos indicadores; c) todo esfuerzo científico que se aparte de la definición oficial, realizado en una institución gubernamental o descentralizada, se ahoga por falta de dinero; a los esfuerzos científicos independientes se les margina y son víctimas de otros mecanismos de coerción, ejecutados por todo el aparato estatal, desde las aduanas hasta las bibliotecas de las universidades públicas.

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que surgió como un paliativo a la ``fuga de cerebros'' desatada por la recesión delamadridista, es ahora la ``regla de oro'' de la ciencia. Además de que el pilón del SNI representa más de la mitad del ingreso del científico que alcanza la distinción de esta propina, la membresía es requisito para un creciente número de trámites y solicitudes que debe realizar todo aquel que haga o pretenda hacer ciencia.

El SNI establece una paralegalidad extraña, dada la naturaleza peculiar de la ciencia mexicana: por el monopolio del Estado sobre la ciencia, los ínfimos salarios del investigador y la necesidad de obtener recursos estatales, el SNI coarta la libertad de profesión y la de publicación, y se erige en un tribunal especial (que ni siquiera contempla en su regulación la posibilidad de apelar). Al determinar el camino de la investigación que se realiza en toda institución paraestatal, viola directamente la presunta autonomía de las universidades públicas.

La dictaminación recae mayoritariamente sobre administradores de la ciencia más que sobre investigadores, y los nombramientos incluyen a personas que evidentemente no realizan actividades de investigación.