Endurecimiento fiscal o ingobernabilidad

Juan Antonio Zúñiga y Antonio Castellanos Ť El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Tomás José Ruiz González, defendió el endurecimiento de la política fiscal y advirtió que ningún partido, incluido el Revolucionario Institucional (PRI), podrá gobernar y garantizar la recuperación económica en ausencia de una estructura tributaria sólida, porque en 1996 hubo evasión por más de 7 mil millones de pesos.

Si no se cuenta con una recaudación adecuada, el desajuste de las finanzas públicas podría ser mayor al de 0.5 por ciento aprobado por el Congreso de la Unión, precisó el funcionario, y dijo que el gobierno federal se vería presionado a incurrir en desequilibrio de finanzas públicas, endeudarse más en el exterior, presionar al alza las tasas de interés en lo interno, y prolongar la recesión.

Manifestó que los grupos empresariales no deben apoyarse en el no pago de otros, como los que participan en la economía informal, para incumplir sus obligaciones. Dijo: ``No se debe ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio'', porque desde 1993 hay un fuerte deterioro de los ingresos tributarios. Sólo en 1995 se perdió el equivalente a 1.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Sobre un costo electoral por la actual política fiscal, expuso: ``Es muy fácil en una elección ofrecer una disminución generalizada de impuestos, pero hay que analizar si en estas condiciones es viable en México para contar con el instrumento más importante de política económica a fin de redistribuir el ingreso, que es el impuesto''.

Ruiz González, con una carrera meteórica iniciada en 1985, en el Banco de México, un año antes de que concluyera su licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, sostuvo que en México se ha desarrollado lo que se llama planeación o ingeniería fiscal, y que tiene como propósito aconsejar a los empresarios la forma en que se pueden pagar menos impuestos.

Esto, agregó, no es ilegítimo, pero si rebasa lo que establece la ley tendrá que castigarse. Lo que el gobierno pretende es ``cerrar agujeros, lagunas y avenidas que permitan una doble interpretación. Esto es muy importante y eso es lo que busca la ley, que ahora incluye los llamados paraísos fiscales''.

En esta materia, precisó, el objetivo principal es la fiscalización de recursos que se llevan a países donde hay mejores condiciones, pero también rastrear posibles actividades de lo que se llama ``blanqueo'' de dinero. Y aclara: ``No hay nada en la reforma que prohíba a empresas o contribuyentes invertir en donde desee''.

Lo único que busca la ley es darle ``consecuencias fiscales a ciertas conductas. Si se trata de accionistas con inversiones allá, se pretende que las utilidades que obtengan en empresas filiales sean gravables en México. Ahora se gravan aún cuando los dividendos no se distribuyan''.

Actualmente hay traslado de utilidades que se producen en México a un paraíso fiscal, y de esa forma evaden el pago de un gravamen que debería pagarse en México; por ello, explicó, la ley establece que si se demuestra que las transacciones son correctas, no son gravadas, pero de lo contrario se gravan aquí las utilidades obtenidas en el extranjero.

El funcionario de 33 años de edad, seguramente el responsable de la política tributaria más joven que ha tenido el gobierno federal en 50 años, reconoció que no hay cálculos de los capitales mexicanos depositados en el exterior. Se habla de miles de millones de dólares, en los que seguramente hay un componente importante de inversionistas mexicanos.

Hizo ver que no hay distinción de evasores. Lo mismo actuará la autoridad en caso de funcionarios públicos o militantes del PRI. Si hay evidencias de que la ley se ha quebrantado, entonces se actúa y se pide a la autoridad correspondiente que investigue y que libre la orden de aprehensión en caso de que haya elementos suficientes.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda defendió la política tributaria del gobierno, y expuso que no se puede ser complaciente. Nosotros ``estaríamos encantados de portarnos mejor con los contribuyentes, pero hay consecuencias de fondo que no analizan los críticos, los que hablan sólo de lo que llaman una política de intimidación. La alternativa es: ingresos suficientes por la vía fiscal, o fracaso de los programas de recuperación económica'', concluyó.