Menos camisetas y más eficacia
Iván Restrepo
Menos camisetas y más eficacia
Una promesa repetida por Ernesto Zedillo durante su campaña, y en el tiempo que lleva en la presidencia, ha sido la de la correcta impartición de la justicia y la reforma del sistema responsable de procurarla, y la garantía en todo momento del Estado de derecho. A ello se agrega la de gobernar con los mejores hombres y al servicio de los más caros intereses del país; sancionar a los servidores públicos que no cumplan con su deber y obligar a las diversas instancias de la administración a un uso racional y eficiente de los recursos, tan escasos en estos tiempos de crisis, cuando millones de ciudadanos se debaten en condiciones de pobreza extrema. Respondía así a sentidas demandas de la sociedad, ofendida por el abuso de poder y la impunidad que distinguieron al anterior grupo gobernante.
Uno de los acuerdos que más expectativa y reconocimiento nacional e internacional despertó al inicio de su mandato, fue el de nombrar como procurador general de la República a un miembro de un partido distinto al que durante 70 años ha gobernado México. Se pensó que en sus manos tan importante dependencia cumpliría por primera vez su cometido en forma imparcial y acorde con los intereses de la nación, sin los errores, deficiencias y omisiones que le dieron mala fama en el pasado. Al nombramiento de un panista como abogado de la nación, se sumó la repetida promesa presidencial de que el licenciado Lozano Gracia actuaría con autonomía y sin que ninguna otra instancia gubernamental o privada interfiriera o influyera en sus tareas.
Ahora, el desencanto y algo más entierran dicha actuación. La declaración oficial (la osamenta encontrada en una de las propiedades del hermano incómodo del ex presidente Salinas, no es la del ex diputado Manuel Muñoz Rocha) reveló a la par la forma perversa como durante dos años se manejaron las investigaciones en torno al asesinato del ex secretrario general del PRI. Pero igualmente, evidencia la falta de profesionalismo con que el anterior procurador y sus más cercanos colaboradores llevaron otros casos no menos sonados, como el asesinato de Colosio, la extradición de Mario Ruíz Massieu, el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, la extradición del capo García Abrego y la consignación defectuosa del Güero Palma.
Hoy comienza a saberse que en el caso de la osamenta hallada en El Encanto, se utilizaron discrecionalmente recursos millonarios del erario para comprar testigos, conducir líneas de investigación a gusto de la fiscalía a cargo del señor Chapa Bezanilla. Que trabajos que debieron llevarse con el máximo profesionalismo, descansaran en la capacidad adivinatoria de una vidente, una ex amante acusada repetidamente de chantajista y otros personajes habilitados como testigos, pero más propios de la picaresca, da idea del verdadero nivel de esa administración de la PGR, encabezada por un miembro del partido que promete la transformación moral y moralista. No al table dance, sí a la siembra de cráneos incriminatorios.
El desenlace en torno a la identidad de la osamenta, ahora noticia mundial, pone en duda las promesas de renovación de la administración pública, la aplicación de la justicia y de gobernar con los mejores y los más capaces. Los comentarios que suscita sin duda causan mucho más daño al gobierno, que las notas críticas sobre la situación del país elaboradas por los corresponsales extranjeros que, según el presidente Zedillo, suelen ser invitados a pasar fines de semana en Cuernavaca por unos pocos mexicanos que todo lo ven negro.
Pero, además, pone de relieve la forma en que se usa discrecionalmente dinero público por parte de funcionarios de primer rango. Cuando durante más de dos años se ha prometido un estricto control del gasto gubernamental, es decir, del dinero de todos los mexicanos, las revelaciones en torno al desempeño de Chapa Bezanilla y de Lozano Gracia muestran que los recursos que brillan por su ausencia en otros campos, como en centros de salud que carecen hasta de gasas y aspirinas, sirvieron abundantemente para armar investigaciones amañadas, comprar testigos, pagar a decenas de agentes, auxiliares, peritos, que sólo sembraron más dudas en un caso delicado por sus implicaciones políticas. Y, como se sospecha, también fueron a engrosar el patrimonio de algunos funcionarios.
En tanto, el común de los mexicanos continúa sufriendo un sistema judicial obsoleto, incompetente, parcial, no exento de corrupción y carente de independencia. Los sistemas de control de los recursos públicos muestran una vez más sus limitaciones y lagunas, que ahora se repitieron con el ex procurador panista y su fiscal preferido. Así las cosas, defender el buen nombre de México en el mundo requerirá del servicio exterior no solamente tres camisetas, como afirma el secretario Gurría, sino mucho más de lo que se afirma en los boletines de las dependencias. Tal vez menos camisetas pero mucho más eficacia.