A revisión, 10% de contribuyentes; eliminar partidas secretas, exige la IP

Antonio Castellanos y Juan Antonio Zúñiga Ť En busca de la recaudación perdida, uno de cada 10 contribuyentes será sometido este año a actos de fiscalización por parte de las autoridades hacendarias del país, entre los que se incluyen ``revisiones de gabinete'', requerimientos informativos o de explicación, y por lo menos 100 mil auditorías, señalan informes oficiales del gobierno federal.

Se trata de resarcir una pérdida superior al 10 por ciento de lo que originalmente la Secretaría de Hacienda estimó obtener por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que, en términos reales, representó recursos que por más de 7 mil millones de pesos dejaron de ingresar en 1996 al erario público por las prácticas de evasión, elusión o defraudación fiscal.

En términos teóricos la evasión se calcula en 22 mil millones de pesos, que habrían ingresado al fisco federal en caso de que hubiera cumplido con el total del pago del IVA por parte de los contribuyentes, pero en particular de las empresas.

En el centro de la polémica, las políticas fiscal en general y tributaria, en particular para 1997, no presentan cambios sustanciales y se apoyan sobre la misma estructura que desde 1993 implicó descensos relativos importantes en la relación entre el monto de los ingresos obtenidos por la federación a través del fisco, y el valor total de la producción generada por la actividad económica cada año.

De acuerdo con la información oficial, aun cuando en 1997 se alcance la meta de recaudar a través del cobro de impuestos 282 mil 619.4 millones de pesos --10 por ciento más en términos reales que en 1996-- esos ingresos serán 3.9 por ciento inferiores a los de 1995 como proporción del producto interno bruto (PIB), a pesar de que ese año se registró la más aguda caída económica de las últimas seis décadas.

Durante 1995 los ingresos tributarios del gobierno federal fueron equivalentes al 9.50 por ciento del PIB; para 1996 se estiman en 8.61 por ciento y para 1997 se calculan en un monto que representará --en condiciones normales-- algo así como el 9.13 por ciento del valor total de la producción de este año, según las previsiones gubernamentales. Una estructura tributaria que revela el alto grado de concentración del ingreso en México.

Según la información de la Secretaría de Hacienda, el 3 por ciento de los 13 millones de asalariados --que constituyen el universo de los causantes cautivos-- aporta el 74 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre la Rrenta (ISR) de este gran segmento tributario, debido a que sus ingresos son superiores a 15 veces la mínima remuneración legal. Son unas 390 mil personas, que representan el 1.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país.

En el lado opuesto se ubica el 70 por ciento de los 13 millones de asalariados contemplados en el padrón tributario, quienes no están obligados a pagar impuestos, no porque lo evadan, sino porque cada uno percibe menos de tres salarios mínimos e incluso cuentan con el crédito al salario, por el cual el patrón puede hacer deducibilidades con cargo al fisco. Se trata de 9.1 millones de individuos, que representan el 26.8 por ciento de la PEA.

En cuanto a las personas morales, el universo de contribuyentes está constituido por 5.9 millones de empresas y personas físicas que realizan actividades que les generan rentas.

Aquí, unas 300 mil empresas, que representan el 5.1 por ciento de ese total, aportan más del 70 por ciento de la recaudación del ISR de este segmento e integran el 13 por ciento de los casi 2 millones 300 mil establecimientos --industriales, comerciales y de servicios-- que configuran la planta productiva formal de la economía, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

De acuerdo con resultados muy preliminares, pero oficiales de la Secretaría de Hacienda, se estima que la recaudación total del ISR en 1996 fue 7.8 por ciento inferior en términos reales a la obtenida en 1995, cuando ya había observado una contracción importante respecto a 1994.

La caída de los ingresos tributarios del año pasado fue compensada por el incremento en las aportaciones y pago de impuestos por parte de la industria petrolera nacional, la cual no sólo resarció el descenso de los ingresos tributarios imputable a causas relacionadas con la caída del consumo, sino que subsidió la evasión y elusión del pago de impuestos en 1996.

Los informes gubernamentales señalan que ``los ingresos tributarios petroleros en el 96 representaron el 6 por ciento del PIB''; esto es, aportaron 149 mil 556 millones de pesos, cantidad casi 105 por ciento superior a la estimada en los planes gubernamentales a principios de 1995. De esta manera, las aportaciones de Pemex se mantienen como la columna vertebral de los ingresos fiscales del gobierno federal.

Plantea una disyuntiva al régimen: ``O salva a la banca o salva a la planta productiva y el empleo''.

Los recursos que eroga el gobierno, afirman representantes de empresarios, patrones e industriales, deben ser canalizados hacia áreas cada vez más productivas y no al cuestionable desempeño de algunas de las actividades desarrolladas por diversas dependencias del Ejecutivo, cuando ni siquiera existe un programa que demuestre alguna corrección concreta de sus acciones.

Advierten que mientras no se efectúe una modificación de fondo al sistema tributario, seguirá siendo sólo una herramienta de corte esencialmente recaudatorio, que implica el riesgo de incrementar los niveles de incumplimiento y de exportación de capitales hacia latitudes en donde se premia el esfuerzo productivo aprovechando las ventajas de los tratados internacionales que México ha celebrado.

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Larios Santillán, un primer paso ineludible es modificar la actual campaña de ``fiscalización'' a través de los medios de comunicación, para convertirla en una estrategia que invite a los causantes a cubrir sus obligaciones informándoles dónde van dirigidas sus contribuciones, ya sea a escuelas, hospitales o carreteras.

De su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Víctor Manuel Díaz Romero, consideró que el gran temor del gobierno es que caiga la recaudación en 1997.

``Nosotros hemos hecho un planteamiento: o salvamos a la banca o salvamos a la industria. Creo que ya llegó el momento de ponerle atención a la planta productiva para que, como consecuencia de ese apoyo, haya una mayor recaudación'', estableció.

Sin industria fuerte, estimulada, no hay comercio, no hay empleo ni capacidad de pagar impuestos, recalcó.

Remarcó que la reforma fiscal de fondo no puede pasar de 1998, porque ``seguiríamos con un esquema poco atractivo para los inversionistas hacia la actividad productiva.

``Hay quienes saben que va a venir y le apuestan a ese futuro. Y ya vemos que en países de alto riesgo, como Cuba, van a invertir. O en China o Argentina. No hay de otra: tenemos que darle seguridad a sus capitales''.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Juan Carlos Izaza Arteaga, cuestiona de entrada la política económica vigente, porque a pesar de imponerse la obligación de mantener un equilibrio presupuestal para evitar el surgimiento de un déficit que tendría que financiarse con inflación o con una mayor carga de impuestos, ``no ha logrado reactivar plenamente la economía''.

Considera imperativo revisar la estructura de las finanzas públicas a la luz de su comportamiento por el lado del gasto, para definir las posibilidades de crear el espacio necesario de maniobra y, a la vez, imprimir al sistema fiscal una instrumentación jurídica estable que asegure la permanencia de los capitales nacionales y foráneos invertidos en el país, su reinversión, y el fomento del ahorro interno a largo plazo que tanto necesita la economía nacional.

Afirma que el sistema tributario mexicano está enfermo de reglamentación y desconfianza. Contiene excesivas tasas impositivas por altos costos de operación y administración, tanto para particulares como para las propias autoridades. Esto ha orillado a los agentes económicos a trasladarse a la economía subterránea.

Izaza también propone que la Ley del Impuesto Sobre la Renta grave a sus contribuyentes con tarifas progresivas que constituyan un aliciente a la productividad, y se elimine la existencia de una sola tasa aplicable a todos los sujetos, pues de lo contrario se inhibe la iniciativa de los particulares, independientemente de ``la probable violación constitucional que ello implique''.

Para terminar, calificó de nefastos a los impuestos al activo y a las nóminas, porque constituyen un castigo para la inversión y el empleo y están lejos de contribuir al desarrollo del país.