Mientras el clima electoral de 1997 empieza a tomar altura y los partidos se preparan para la batalla del próximo 6 de julio, un problema necesita discutirse: la posibilidad de tener una división de poderes real y efectiva en 1997. Sin embargo, hoy no vamos a especular sobre el futuro, sino a ejemplificar qué pasa cuando existe un gobierno dividido y hay separación de poderes, como acaba de suceder con el presupuesto en Chihuahua. La fracción priísta, acompañada del solitario voto del PRD, modificó el presupuesto del Ejecutivo y éste recurrió al recurso deveto.
Este episodio tiene diversas explicaciones, desde la que señala un endurecimiento general del PRI debido a sus derrotas electorales en 1996, y las que puede sufrir este año, hasta las versiones de que en cualquier sistema democrático son normales los desacuerdos entre poderes. El caso tiene dos partes para su análisis: la que se refiere a las ventajas de una división de poderes, sobre lo que no hay discusión, y los términos concretos --contenido sustantivo de los cambios-- de una división de poderes en el actual momento del país y de Chihuahua.
Estos son los datos: el 23 de diciembre de 1996 fracciones del PRI y un diputado del PRD aprobaron el presupuesto para 1997 con una serie de modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo; el PAN votó en contra y un diputado del Partido del Trabajo se abstuvo; días después el gobernador vetó el prespuesto. Se trata de un presupuesto de 4 mil 915 millones de pesos, de los cuales se modificaron un poco más de 35 millones de pesos, es decir, el 0.7 por ciento.
Los cambios de un presupuesto caben perfectamente dentro de un esquema donde existe división de poderes. En términos generales estos principios se cumplen al pie de la letra en el laboratorio chihuahuense. Ambos Poderes actuaron conforme a derecho. Lo más interesante es que tiene que ver con la sustancia del problema: reorganización del presupuesto. Estos movimientos muestran los proyectos e intereses que defiende cada parte del litigio.
El PRI redujo básicamente recursos destinados a obra pública, gasto social y administración del gobierno del estado, es decir, dinero con el que el gobierno hace política. Los montos afectados fueron, en cifras redondas: 6 millones para procuración de justicia; 4 millones de desarrollo económico; 3 millones de desarrollo regional; 3 millones de administración fiscal; 3 millones de educación; y 3 millones de ``otros''.
Los recursos se transfirieron a los municipios y al Poder Legislativo, áreas que controla el PRI. Sobre la transferencia a los ayuntamientos, este partido decidió tomar de recursos estatales, que no son participables, para destinar a los municipios 16 millones más; por su parte, el Legislativo decidió subirse el presupuesto 9 millones más, lo cual significa un incremento de un 62 por ciento con respecto al de 1996, porcentaje que triplica el aumento de los gastos del gobierno que sólo fue de un 28 por ciento. Además, reasignaron 5 millones al Supremo Tribunal de Justicia; 4, millones a educación; 2 millones a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 250 mil pesos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y 300 mil pesos al Archivo Histórico de la ciudad de Parral.
Los ajustes del Congreso no dejaron de tener tonos de restauración corporativa; por ejemplo, se destinó un monto de becas sólo a hijos de trabajadores de la educación y no para la población en general, o se quitan obligaciones de pago fiscal a ciertos gremios vinculados al partido tricolor.
Después de días de incertidumbre, el gobernador aceptó los cambios para la Universidad, el Tribunal, la CEDH y el archivo parralense y el veto se concretó las asignaciones extras al Congreso y a los ayuntamientos. Los argumentos del Ejecutivo para no aceptar los aumentos del Congreso son que el crecimiento de recursos del Legislativo en el periodo 1992-1996 ha sido de un 236 por ciento, en cambio, el Ejecutivo sólo ha crecido 87 por ciento, y los montos para los municipios se hacen mediante transferencias de fondos estatales no participables.
Después del veto del gobernador, el Congreso tiene que revisar las observaciones y si decide levantar el veto necesita mayoría calificada, lo cual significa que el PRI requiere de nuevo un voto de otro partido, que puede ser de nuevo del PRD. Si el veto no se levanta, sigue en vigor el presupuesto ejercido durante 1996.
Lo importante del episodio no es el resultado, sino la misma experiencia que puede servir de laboratorio de lo que sucederá el día que exista una nueva mayoría de oposición o en el momento en el que México conozca la experiencia de un gobierno dividido a nivel nacional. En suma, imaginemos todos los cambios que pueden venir con un Congreso sin mayoría tricolor y entonces comprenderemos la importancia del próximo 6 de julio y las enormes resistencias del PRI y del Presidente para que lleguemos a esa situación.