Luis Hernández Navarro
La palabra incumplida

Como sucede en la lucha libre por equipos, la Secretaría de Gobernación (Segob) entró al relevo de un acorralado Presidente de la República, para tratar de evitar que pague el costo de incumplir los compromisos de su gobierno con el EZLN. Para ello emitió, el 11 de enero, el mismo día en el que los zapatistas dieron a conocer su rechazo al documento del Jefe del Ejecutivo sobre derechos y cultura indígena, un comunicado respondiendo a las afirmaciones de los rebeldes.

El texto oficial guarda silencio sobre el hecho de que el responsable de la iniciativa gubernamental es el presidente Zedillo. No dice que la iniciativa busca volver a negociar lo ya acordado. Olvida mencionar, además, que fue resultado del rechazo de la Segob al texto de la Cocopa, a pesar de que inicialmente se había comprometido a aceptarlo sin modificaciones. Mal comienzo para un escrito que trata de mostrar que el gobierno sí cumple lo que ofrece.

El comunicado rechaza que el gobierno pretenda desconocer los acuerdos de San Andrés, argumentando tres puntos básicos. Primero, el que su compromiso era remitir los Acuerdos de San Andrés a las instancias de decisión y debate nacionales. Segundo, el que en su iniciativa debe incorporar no sólo los Acuerdos de San Andrés sino, también, los resultados de la consulta nacional indígena. Para, finalmente, enumerar una serie de derechos para las comunidades indígenas presentes en su propuesta: libre determinación, sistemas normativos, usos y costumbres, etcétera. El análisis de cada uno de ellos muestra la fragilidad de los argumentos.

Ciertamente, el gobierno federal se comprometió a enviar a las instancias nacionales de debate y decisión los pronunciamientos y acuerdos firmados en San Andrés. No podía ser de otra manera; el Ejecutivo no tiene la facultad de aprobar reformas constitucionales; no puede asumir funciones que le corresponden al Poder Legislativo. Sin embargo, el gobierno federal no sólo acordó eso. Aceptó, también, que debe cumplir una serie de compromisos con los pueblos indios, aprobar un nuevo marco jurídico y una serie de principios para normar una nueva relación con ellos. Pactó emprender una serie de reformas legales. Cada uno de los acuerdos firmados fue resultado de muchas negociaciones. La responsabilidad gubernamental no se agota con el envío a las instancias nacionales de debate y decisión de lo acordado. Si no ¿por qué lo negoció? Si su compromiso sólo se circunscribe a esto ¿por qué negociar, tal y como lo hizo, punto por punto con el EZLN?, ¿por qué no aceptar, sin cambios, las propuestas de los zapatistas y del movimiento indígena y limitarse a llevarlas al Congreso?

Los Acuerdos de San Andrés tienen un carácter vinculatorio para las partes. Estas tienen una obligación con lo que firmaron. El que el Ejecutivo acepte impulsar una serie de reformas constitucionales y luego elabore una iniciativa de reformas diferentes a las que pactó incumple lo acordado.

El hecho es muy delicado. La lógica que la acción del gobierno federal sigue le permitiría, por ejemplo, que si en el futuro se llegara a firmar un acuerdo de reinserción de los rebeldes a la vida civil, posteriormente podría mandar a detenerlos argumentando que una cosa es lo acordado en San Andrés y otra su responsabilidad en mantener la ley y el orden. Lo que hoy está en juego es el futuro de una ley; mañana será la vida de los zapatistas.

El gobierno justifica su anteproyecto diciendo que los Acuerdos de San Andrés son sólo una parte de las demandas indígenas, y que, se requiere incorporar las propuestas surgidas en la consulta nacional organizada por la Segob. Pero esta afirmación difícilmente se sustenta. Primero, porque no existe necesariamente correspondencia entre el anteproyecto presidencial y las conclusiones de las consultas. Segundo, porque a pesar del acarreo y de la enorme presencia de las instituciones gubernamentales en los eventos regionales oficiales, muchos indígenas hablaron fuerte y claro y propusieron puntos similares a los acordados en San Andrés. Tercero, porque una parte de los resultados de las consultas fueron ``podados'' por los redactores de las conclusiones. Y, cuarto, porque la negociación de San Andrés no se circunscribió a actores ni temas chiapanecos sino nacionales. Participaron en ella las fuerzas más representativas y las voces más autorizadas del mundo indio nacional. Utilizar la consulta nacional gubernamental para tratar de ``diluir'' lo acordado en San Andrés es una reedición más del clásico ``charrazo'': se inventan interlocutores ``a modo'' en lugar de tratar con los realmente existentes.

Los derechos para las comunidades indígenas que el gobierno federal ofrece al EZLN no son los acordados en San Andrés. La iniciativa oficial utiliza términos como el de libre determinación, pero los despoja de su contenido. Acepta derechos y a continuación pone candados para acotarlos. Usa el gatopardismo lingüístico, como cuando, en lugar de reconocer a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, las considera como entidades de interés público.

El gobierno puede decir que su iniciativa de ley responde a lo acordado en San Andrés y hacer valer su ``mayoría'' en la Cámara. Pero no por ello resolverá el conflicto. Por el contrario, alejará aún más la posibilidad de una paz que se veía cercana, avivará el malestar indígena y verá cómo se esfuman sus ilusiones de firmar un tratado de libre comercio con Europa. Mostrará que San Andrés es una más de su ya de por sí larga cadena de promesas y palabras incumplidas.